El caso de los ERE engulle a la antigua cúpula del PSOE en la Junta de Andalucía. El proceso se extiende hoy a raíz de una reminiscencia en forma de auto de Mercedes Alaya. La juez, apartada de la causa, imputó el 10 de diciembre a dos exaltos cargos del Consejo Rector de la agencia IDEA: el exsecretario general de Empleo, Francisco García Martínez, y el exsecretario general de Innovación, Ángel Garijo Gálvez. La Audiencia Provincial de Sevilla ha confirmado la resolución porque también detecta la existencia de indicios suficientes.
"No es una imputación formal sino el acuerdo de citación para ser oídos como imputados al efecto de aclarar su participación en los hechos", explica el tribunal. A su juicio, el auto de Alaya "se sustenta en hechos que pudieran ser constitutivos de un delito de prevaricación por aprobar resoluciones injustas y a sabiendas de ser manifiestamente contrarias a las Leyes de Subvenciones y de otro de malversación por permitir la sustracción de fondos públicos con la aprobación de dichas resoluciones".
Gastos falseados en IDEA
Francisco García Martínez ejerció como secretario general de Empleo entre mayo del 2000 y febrero de 2003, formando parte como vocal del Consejo Rector de IFA/IDEA, "donde se materializaban los pagos de las ayudas aprobadas por la Consejería de Empleo mediante las transferencias de financiación burlando las Leyes de Subvención". La Audiencia Provincial añade que "su llamada al proceso como imputado deriva de la apreciación de hechos de apariencia delictiva en los que de una u otra forma intervino y que exigen que sean judicialmente esclarecidos, sin perjuicio, es obvio, de lo que depare el resultado de la instrucción".
Colaboró en el falseo de gastos. El tribunal entiende que García Martínez jugó un papel en la aprobación del Anteproyecto de Presupuestos de IDEA en el que se falseaba el estado de gastos para cuadrar con lo presupuestado por la Consejería de Empleo. En este sentido, habría acudido a reuniones donde le informaron del pago de subvenciones mediante las transferencias de financiación sin hacer oposición. De este modo, y según el auto, participó en diez sesiones del Consejo Rector referidas a 21 convenios en su calidad de vocal.
El investigado sostuvo en su recurso que sus delitos habrían prescrito, puesto que acudió a la última de las reuniones en marzo de 2003. Teniendo en cuenta que el auto se formula en mayo de 2014, habrían transcurrido los 10 años de plazo. Sin embargo, la Audiencia replica que ·estamos hablando de una continuidad delictiva que exacerbaría la pena, pudiendo ampliarse los plazos de prescripción hasta los 15 años".
Ángel Garijo Galve ostentó la secretaría general de Innovación a partir de junio de 2004, acudiendo como vocal a diez sesiones del Consejo Rector de IDEA. En ellas "fue informado de la aprobación de 17 convenios" y "del déficit presupuestario de la Consejería de Empleo, 85 millones de euros, provocado por los convenios suscritos entre la Dirección General y la agencia".