Punto y final a la investigación de la pieza separada de las conocidas 'tarjetas black'. Existen indicios de criminalidad contra el expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa; su sucesor, Rodrigo Rato; y otros 64 directivos que utilizaron tarjetas opacas para gastos personales. Es la conclusión a la que ha llegado el juez de instrucción de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, que propone la apertura del juicio oral. Según el auto, los que ostentaron cargos en el Consejo de Administración se enfrentarían a un delito de administración desleal y, en todos los casos, a otro de apropiación indebida.
Ahora es el turno de la Fiscalía y las acusaciones, que deberán formular en un plazo de diez días el escrito para la apertura del juicio oral o sobreseimiento de la causa.
Retribuciones irregulares
Andreu advierte de que dichas tarjetas, emitidas fuera del circuito ordinario, "no tenían como finalidad los gastos de representación o profesionales". De esta forma, las cantidades gastadas "deberían ser tratadas como retribuciones irregulares" al no tener soporte contractual ni ser declaradas a la Hacienda pública. Desmiente también las versiones de los directivos investigados, que calificaban las tarjetas como "una parte de sus retribuciones fijas", entregadas por Ildefonso Sánchez, exdirector general de Caja Madrid y "mano derecha" de Miguel Blesa.
La Fiscalía Anticorrupción detecta en octubre de 2014 indicios de delito en el uso de tarjetas de crédito por parte de antiguos miembros de la cúpula de Caja Madrid y Bankia. Hasta 15,25 millones de euros salieron a través de ellas en 13 años. La auditoría interna de Bankia había advertido la presencia de esas tarjetas unos meses antes, comunicando tal aviso al fondo de rescate FROB, su principal accionista.
Blesa y Rato
Tanto Miguel Blesa como Rodrigo Rato coparon el centro de la diana a raíz de la investigación. El magistrado impuso una fianza de 16 millones al primero y otra de tres millones al exdirector gerente del FMI. En el caso de Blesa, el juez ordenó el embargo de sus bienes al no haber presentado la fianza, mientras que Rato aportó un aval bancario que evitó el bloqueo de parte de su patrimonio.
En su resolución, Fernando Andreu rechaza las peticiones de sobreseimiento de las actuaciones formuladas por Jorge Rábago Juan Aracil, Mariano Pérez Calver, Ramón Martínez Vilches, Enrique de la Torre Martínez, José María Buenaventura Zabala y Cándido Cerón Escudero. Del mismo modo, afirma que la "profunda y profusa" instrucción debe darse por conclusa. No considera necesaria la práctica de nuevas diligencias solicitadas por los abogados de Estanislao Rodríguez Ponga y Pedro Bedia Pérez.