En menos de una semana, Puigdemont y su gobierno han cumplido una de las concesiones acordadas con la CUP. La Generalidad estaba personada como acusación particular en expedientes como los altercados de la huelga del 29 de marzo de 2012, una ataque contra la línea de muy alta tensión en el 2014 o las protestas por la visita de Artur Mas a la Universidad de Gerona en 2011. Ya se ha retirado con el argumento de que es la fiscalía quien debe ejercer la acusación.
Una de las exigencias de la CUP era que la Generalidad desistiera como acusación en procesos por "temas de persecución política, disidencia o desobediencia de leyes injustas", tal como consta en el documento "Poniendo hilo a la aguja", la "lista de la compra" de la CUP ante Junts pel Sí, la explataforma del expresidente Mas. Pedido y concedido. La Generalidad no persigue "activistas" y las defensas de unos cuarenta afines a los movimientos radicales separatistas, antisistema, anticapitalistas, etc, etc, podrán argumentar ante los tribunales que el abandono de la acusación particular es una prueba más a favor de la inocencia de sus representados.
Las críticas de Ciudadanos y el PP ante las concesiones de la Generalidad con la "kale borroka" a la catalana han llevado a la portavoz del gobierno autonómico, Neus Munté, a "matizar" que la Generalidad desiste en los casos en los que no se registraron daños a funcionarios o bienes públicos. Una excusa acompañada del ejemplo de que la administración regional continúa como acusación en el asunto de los disturbios de Can Vies, en Barcelona, registrados tras un frustrado desalojo al que sucedieron cuatro noches de violencia por las calles de la capital catalana, en el verano de 2014.
En ese asunto, lo primero que hizo el Ayuntamiento de Ada Colau fue retirar la acusación municipal y conceder a Can Vies los honores de "monumento" okupa. Aún se celebran fiestas allí a pesar de las numerosas quejas vecinales. Colau adujo que ahorraba a la ciudad ochenta mil euros al año en abogados. No es descartable que la Generalidad también dé marcha atrás en Can Vies ante la presión de la CUP y cuando se haya rebajado la escandalera.
Los sindicatos de los Mossos d'Esquadra han mostrado su malestar ante el mensaje de impunidad que la decisión del gobierno de Puigdemont emite a los violentos. Munté, en la rueda de prensa posterior al primer consejo ejecutivo del nuevo gobierno catalán, ha asegurado que el departamento de Interior ya estudiaba retirarse de algunos casos antes del acuerdo con la CUP y negó que la medida se debiera a ningún pacto.