El director de Acuamed, Arcadio Mateo del Puerto, "ha urdido en convivencia" con su número dos, Gabriela Mañueco, desde mediados de 2014, "un conjunto de actuaciones dolosas, imperativas y conscientes para imponer en el seno de la empresa adscrita al Ministerio de Agricultura numerosas irregularidades con el beneficio injusto a favor de diversos contratistas de obra pública". Estos contratistas "ayudaban y cooperaban a la perpetuación y presionaban a los directivos de Acuamed" para que forzaran a sus empleados a participar en las falsedades bajo amenaza de despido.
Pero hay más. Según el auto elaborado por el juez Eloy Velasco tras las declaraciones de los trece detenidos, el fraude a la Administración sumaría en seis contratos diferentes más de 50 millones de euros. Adjudicaciones presuntamente "arbitrarias e irregulares" de las que se habrían beneficiado Abengoa, Sogeosa, Torrescámara, Acciona, Altec-Altyum y, sobre todo, FCC, en un episodio que salpica de lleno al Ministerio de Agricultura.
Compensaciones en los Presupuestos Generales
El relato comienza con una inundación en la desaladora de bajo Almanzora de Almería. Tal y como establecía el acuerdo, los contratistas, FCC y Abengoa, deberían afrontar los gastos del seguro para la reparación de desperfectos. Acuamed no exige el pago, sino que su director ofrece dinero público para hacerse cargo del 40% del coste; el 60% restante lo afrontarían FCC y Abengoa. A cambio, la compañía pública compensaría a FCC mediante otras obras, "al parecer pactadas desde muy alto nivel en el Ministerio de Agricultura" especialmente en el proyecto de descontaminación del pantano de Flix, donde Acuamed quería fijar ficticios irreales para al final conseguir compensar con 40 millones de euros.
"Los presupuestos generales del Estado en 2015 preveían cubrir esa compensación indebida pactada entre FCC y Ministerio fijando un monto de 10 millones, más 20 millones para hacerlo" (reparar la inundación). No llegaron a ejecutarlo inicialmente al conocer la denuncia que da lugar a la investigación, "lo que no obstó en la persistencia de la idea", pues se consignaron cerca de 36 millones de euros en esos presupuestos de 2015, "manteniéndolos solo que reducidos en los de 2016 a una compensación de ocho y catorce millones", sostiene Eloy Velasco.
El juez ha decretado prisión para los trece arrestados en la operación. Brinda a ocho de ellos la posibilidad de eludir la cárcel con el pago de fianzas de entre 12.000 y 50.000 euros. Ingresarán de forma incondicional los máximos mandatarios de Acuamed, Arcadio Mateo del Puerto y María Gabriela Mañueco, junto con dos empleados de la empresa pública que se plegaron "sin discusión a las órdenes irregulares de los anteriores" y ante el riesgo de fuga y el presidente de la constructora Altec Infraestructuras, Nicolás Steegman.
Apuntan a una extensa lista de delitos: pertenencia a organización criminal (vigilancia, conversaciones telefónicas y declaraciones testificales entre otros) fraude, falsedad en documento oficial, prevaricación administrativa (por cuanto se toman resoluciones injustas para vestir y casar los desarreglos en la contratación y en la ejecución de la misma), malversación de caudales públicos, cohecho (si lo hace un funcionario o autoridad que consiguen dádivas o las ofrecen para urdir la trama entre la que se ve colocación de familiares en empresas privadas a cambio del pago de viajes a Turquía, implantes de pelo, coches, hoteles, etc.), tráfico de influencias (alteración en la concurrencia de concursos públicos) y maquinación para alterar el precio de los contratos.
La presunta trama se vertebra alrededor de Acuamed. La empresa pública Aguas de las Cuencas Mediterráneas, S.A es "el principal instrumento del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para el desarrollo del Programa de Actuaciones en las cuencas mediterráneas", como se define en su página web. Se dedica a "la contratación, construcción, adquisición y explotación de toda clase de obras hidráulicas".
Seis contratos se sitúan bajo el punto de mira de la investigación. Regulan concretamente el acondicionamiento del río Serpis, las obras de laminación y mejora del drenaje de la cuenca de la Rambla Gallinera, el refuerzo de la red de abastecimiento de agua potable para los municipios de Campello y Muchamiel, obras relacionadas con la desalinización en el frente marítimo de Torrevieja, otro proyecto de la desaladora del bajo Almanzora y la limpieza y descontaminación del embalse de Flix.
Trece detenidos
Entre los arrestados figuran el ya exdirector general de Acuamed, Arcadio Mateo del Puerto; la exdirectora de Ingeniería y Construcción, María Gabriela Mañueco; el exjefe de proyectos de la misma empresa, Pablo Martín Mira; el delegado en Alicante, Javier Delgado López; el responsable de contratación, Javier Pastor; y el ingeniero David José Blanca Montero. Hay tres cargos de FCC: el presidente de la división de Construcción, Miguel Jurado; el directivo Santiago Farré; y el ingeniero Miguel Roset.
Completan la relación el director de Infraestructuras en España de Acciona Infraestructuras, Justo Vicente Pelegrini; el presidente de Altec Infraestructuras, Nicolás Steegmann; su director de proyectos, José Ramón González; y el presidente de Pipeline, Manuel Moreno Maestre. La Guardia Civil detuvo el pasado 18 de enero a todos ellos en diversos registros de las sedes empresariales en Madrid, Valencia, Alicante y Murcia.
La Guardia Civil encontró una cantidad cercana a los 100.000 euros en metálico en el marco de los registros realizados en la operación Frontino, según fuentes consultadas. El hallazgo se habría producido en el domicilio del director general de Acuamed. Una hipótesis de la investigación es que este dinero se repartía entre los directivos de la compañía pública, que también habrían recibido viajes y regalos.