Gotean más nombres relacionados con el escándalo de Acuamed. El juez que instruye la bautizada como Operación Frontino, Eloy Velasco, dibujó este miércoles un primer esquema por el que se habrían defraudado más de 50 millones de euros con el beneplácito de "altos cargos del Ministerio de Agricultura". Fuentes de la investigación señalan a Federico Ramos de Armas, actual subsecretario y número tres de Presidencia. En la fecha en la que se cometió el supuesto ilícito, ostentaba el cargo de Secretario de Estado de Medio Ambiente y presidente de la empresa pública Acuamed, el epicentro de la presunta trama de corrupción.
Federico Ramos participó en la reunión en la que FCC pactó con Acuamed "compensación indebida de 40 millones" a la constructora consignada posteriormente en los presupuestos de 2015. Según sostienen las mismas fuentes, algunos de los detenidos en la compañía de aguas han reconocido al magistrado su presencia en el encuentro que se celebró en el Ministerio de Agricultura. Allí se acordó, plantea Velasco, un desvío de 40 millones de euros a favor de la sociedad presidida por Esther Alcocer Koplowitz a través de un contrato para la descontaminación del pantano de Flix (Tarragona). El monto incluido en los Presupuestos Generales del Estado de 2015 se inflaría mediante ficticios irreales.
Ese presupuesto no fructificó inicialmente al conocer las partes la denuncia que impulsó la instrucción. Lo que, afirma el juez de la Audiencia Nacional, "no obstó en la persistencia de la idea", pues se consignaron definitivamente cerca de 36 millones de euros "manteniéndolos solo que reducidos en los de 2016 a una compensación de ocho y catorce millones", explica Eloy Velasco. Quien fuera durante el mismo periodo director de Ingeniería y Obras, Francisco Valiente, alertó de los hechos cuya investigación interna habrían frenado el propio Federico Ramos y el presunto cabecilla de la Operación Frontino, Arcadio Mateo del Puerto. Valiente acabó por ello despedido de Acuamed.
Compensación indebida
Esta supuesta compensación se pactó sobre un contrato concedido a la Unión Temporal de Empresas (UTE) constituida por FCC y Abengoa para la construcción de la desaladora de Bajo Almanzora (Almería). Detalla el magistrado que ambas constructoras debían pagar en virtud del contrato el 100% de los desperfectos causados por una inundación en la obra. Pero el director general de Acuamed, Arcadio Mateo del Puerto, accedió a abonar un 40 % de su valor con dinero público y que FCC pagara el 60% (40 millones), cuando, insiste Velasco, esas reparaciones no eran "responsabilidad de la Administración".
La finalidad era que FCC acabara no teniendo que pagar nada por las inundaciones. Por eso, dice la versión del juez de instrucción, Acuamed y la constructora pactaron las restitución de ese gasto "mediante compensaciones en otras obras, al parecer pactadas desde muy alto nivel en el Ministerio" de Agricultura, del que depende la empresa pública. Especialmente, esa compensación se plasmaría en el mencionado proyecto para la descontaminación del pantano de Flix, adjudicado luego a FCC por unos 180 millones de inflados con partidas "irreales".
La cúpula en prisión
Eloy Velasco decretó este miércoles prisión para los trece arrestados en la operación. Ocho eludieron la cárcel con el pago en el momento de fianzas de entre 12.000 y 50.000 euros. Sí ingresaron de forma incondicional los máximos mandatarios de Acuamed, Arcadio Mateo del Puerto y María Gabriela Mañueco, junto con dos empleados de la empresa pública que se plegaron "sin discusión a las órdenes irregulares de los anteriores" y ante el riesgo de fuga y el presidente de la constructora Altec Infraestructuras, Nicolás Steegman.
La Audiencia Nacional apunta a una extensa lista de delitos: pertenencia a organización criminal (vigilancia, conversaciones telefónicas y declaraciones testificales entre otros) fraude, falsedad en documento oficial, prevaricación administrativa (por cuanto se toman resoluciones injustas para vestir y casar los desarreglos en la contratación y en la ejecución de la misma), malversación de caudales públicos, cohecho (si lo hace un funcionario o autoridad que consiguen dádivas o las ofrecen para urdir la trama entre la que se ve colocación de familiares en empresas privadas a cambio del pago de viajes a Turquía, implantes de pelo, coches, hoteles, etc.), tráfico de influencias (alteración en la concurrencia de concursos públicos) y maquinación para alterar el precio de los contratos.
La presunta trama se vertebra alrededor de Acuamed. La empresa pública Aguas de las Cuencas Mediterráneas, S.A es "el principal instrumento del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para el desarrollo del Programa de Actuaciones en las cuencas mediterráneas", como se define en su página web. Se dedica a "la contratación, construcción, adquisición y explotación de toda clase de obras hidráulicas".