Los 66 exdirectivos y consejeros de Bankia y Caja Madrid inmersos en el escándalo de las tarjetas black responderán ante la Justicia en la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. El juez de instrucción del caso, Fernando Andreu, ha dictado el auto de apertura de juicio oral que incluye las acusaciones a Miguel Blesa y Rodrigo Rato y el resto de beneficiarios que utilizaron las 'tarjetas black' opacas al fisco para cubrir "gastos personales". Propuestos por PP, PSOE, IU, el empresariado y los sindicatos, los querellados habrían incurrido en ilícitos suficientes para exigir responsabilidad criminal por delitos de administración desleal y apropiación indebida.
La Audiencia Nacional cerró el pasado diciembre la instrucción. El magistrado Fernando Andreu afirmó entonces que las tarjetas fueron emitidas "sin respaldo contractual alguno" y usadas para "gastos personales y propios", que ascendieron entre 1999 y 2012 a un total de 15,5 millones de euros, aunque la responsabilidad por los gastos comprendidos desde 1999 hasta 2003 ha prescrito. En el auto, dictado este lunes, el juez recoge los escritos de acusación presentados por la Fiscalía Anticorrupción, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), Bankia, BFA y Unión Progreso y Democracia (UPyD), que solicitan penas que oscilan entre los dos y los diez años de cárcel.
¿Quién habría hecho qué?
La acusación pública dibuja un relato de los hechos en su informe. Miguel Blesa, que en su día trabajó como inspector de Hacienda, habría autorizado la entrega a a los directivos de las tarjetas de crédito. Al parecer, fijó un límite de dinero que podían destinar a su gusto, incluyendo gastos personales, al margen de la representación de Caja Madrid. "Consagró así un sistema retributivo que carecía de todo amparo legal", sin soporte de los órganos de administración.
Blesa encargó la gestión a Ildefonso José Sánchez Barcoj, según Anticorrupción. Este ultimo ostentó entre 1997 y 2010 distintos puestos en la entidad, entre ellos, director general financiero y de medios. Habría supervisado la emisión y cancelación de las tarjetas; y de las eventuales modificaciones de sus límites monetarios. Habría realizado irregularmente la contabilidad de las black, incluyendo los gastos en las cuentas relativas a "Gastos de órganos de Gobierno" y "Tratamiento administrativo" (prevista para fraudes y negligencias).
Cuando en enero de 2010 Rodrigo Rato aterrizó en el Consejo de Administración, habría recibido una tarjeta de manos de Barcoj, que le explicó el uso tal y como defiende la Fiscalía. Al constituirse Bankia en junio de 2011 y asumir el cargo de presidente, el exministro de Economía acordó que los altos cargos procedentes de Caja Madrid, Manuel Fernández Norniella, Matías Amat Roca, Ildefonso José Sánchez Barcoj y él mismo conservaran las black.
Lista de penas de Anticorrupción
En concreto, la Fiscalía Anticorrupción pide las mayores penas para Miguel Blesa, que gastó 436.688 euros con su tarjeta opaca y se enfrenta a seis años de cárcel; y Rodrigo Rato, que podría ser condenado a cuatro años y medio por el desembolso de 99.054 euros.
También pide penas de cuatro años de cárcel para el exjefe de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán (93.984), Ignacio Navasqües (194.886); los representantes del PP Estanislao Rodríguez-Ponga (255.372 euros), Ricardo Romero de Tejada y Picatoste (212.216), Alberto Recarte (139.878), Jesús Pedroche (132.193), Mercedes Rojo (119.292), Francisco José Moure (127.366), Darío Fernández Yruegas (69.802); los propuestos por el PSOE Antonio Romero (252.009), José María de la Riva (208.979), Ramón Espinar (178.399), José María Arteta (138.903), Jorge Gómez Moreno (98.182); el representante de IU José Antonio Moral Santín (456.522); los de CC.OO. Francisco Baquero (266.433), Rodolfo Benito (140.521), Juan José Azcona (99.270), Pedro Bedia (78.151); y el de UGT Gonzalo Martín Pascual (129.750).
Anticorrupción también reclama tres años de prisión para el ex secretario de Estado José Manuel Fernández Norniella (185.226) y dos años y medio para Luis Blasco (51.580), los consejeros propuestos por el PP Pablo Abejas (246.715), Miguel Ángel Araujo (212.896), Antonio Cámara (177.891), María Carmen Cafranga (175.091), Javier de Miguel (172.752), Cándido Cerón (79.248), Fernando Serrano (78.592), José María Buenaventura (62.932) y Beltrán Gutiérrez (58.022); los del PSOE Ángel Eugenio Gómez del Pulgar (149.490), Francisco José Pérez Fernández (122.615), José Acosta (62.460); los de IU Rubén Cruz (233.763), Juan Gómez Castañeda (128.000); el nombrado a propuesta de CC.OO. Antonio Rey de Viñas (191.495); los representantes de UGT Miguel Ángel Abejón (109.182), Rafael Eduardo Torres Posada (82.381), así como el representante de la patronal CEIM Alejandro Couceiro (70.160).
Asimismo, la petición de penas de dos años de cárcel corresponde al ex director general financiero Ildefonso Sánchez Barcoj, (575.071 euros); el que fuera director general de Negocio Matías Amat (431.067); el ex director de Organización Ricardo Morado (450.818); Ramón Ferraz Ricarte; Mariano Pérez Claver (379.513); el ex secretario general Enrique de la Torre (320.742); el ex director de Comunicación Juan Manuel Astorqui (292.992); Carlos María Martínez (279.396); la exdirectora de Obra Social Carmen Contreras Gómez (281.737); el exresponsable de Crédito a Empresas Carlos Vela García (249.202); el ex jefe de la Casa del Rey Rafael Spottorno (235.817); y Ramón Martínez Vilches, de la Dirección de Riesgos (102.326).
También pide dos años para la consejera del PSOE María Enedina Álvarez Gayol (47.012) y el exsecretario general de UGT-Madrid José Ricardo Martínez (44.154); mientras que solicita un año y medio para el exconsejero socialista Virgilio Zapatero (35.988) y los integrantes de la patronal Arturo Fernández (37.326) y Francisco Javier López Madrid, de CEIM (34.807).
Por su parte, solicita un año y medio de cárcel para el representante del PP Manuel José Rodríguez González (37.134); el representante del PSOE Santiago Javier Sánchez Carlos (46.399); y el consejero propuesto por IU Gabriel Moreno (20.472).
Las menores penas, de un año de cárcel, Anticorrupción solicita que sean impuestas sobre Luis Gabarda (139.707) y los representantes del PP Juan Emilio Iranzo (46.848), Miguel Corsini (46.648) y y Jorge Rábago (8.041).