La juez de instrucción número 8 de Sevilla ha citado como imputados (ahora, investigados) , término que sustituye al de imputado, al director del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), Julio Samuel Coca Branes, y a su antecesor, Antonio González Marín, que ocupó el cargo entre junio de 2012 y julio de 2015, por presunta prevaricación.
La juez María de los Reyes Flores Canales los ha citado el próximo 25 de febrero para que presten declaración dentro de la investigación judicial llevada a cabo por un delito de prevaricación, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
La investigación judicial se remonta a octubre del año pasado tras una denuncia presentada por una decena de asesores de empleo del programa Memta que fueron despedidos el 31 de diciembre de 2013. Antes de citar a los investigados, la juez solicitó al SAE el expediente completo que tuviera la Consejería de Empleo con relación a la ejecución de las sentencias de orientadores laborales que formularon reclamación contra sus ceses.
Los denunciantes aseguraron que fueron seleccionados por concurso de méritos para prestar servicios en el SAE en la categoría de asesores de empleo del programa Memta.
El SAE contrató a 413 personas el 6 de octubre de 2008, que ejercieron su labor mediante contratos de obra o servicios determinados hasta que el 31 de diciembre de 2013 se les comunicó la extinción de la relación laboral.
Tras el despido, numerosos asesores presentaron una demanda judicial, que en algunos casos fue resuelta por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía como despidos improcedentes y en otros nulos. El TSJA consideró que los trabajadores eran personal laboral indefinido no fijo.
Después de las sentencias, el SAE admitió a algunos trabajadores, según el abogado que denunció el caso, Enrique Iván Escalera Reina, quien considera que "pese a existir obligatoriedad del SAE de readmitir a los trabajadores en los supuesto en los que se ha declarado nulo su despido, el organismo denunciado no ha cumplido en innumerables casos".
Esta práctica "supone además un incumplimiento de una resolución judicial sin causa legal que lo sustente", subraya el abogado.