El Partido Popular no solo borró 35 veces los discos duros que utilizaba Luis Bárcenas, sino que los "rayó, rompió y tiró a la basura" haciéndolos desaparecer. Así lo habría admitido ante la juez que instruye el caso José Manuel Moreno, responsable informático de la formación y autor confeso del borrado del material, según fuentes presentes en el interrogatorio. Moreno ha prestado declaración como imputado este lunes durante alrededor de dos horas, aunque no ha respondido a las preguntas de las acusaciones, únicamente a la instructora Rosa María Freire. Se investigan presuntos delitos informáticos y de encubrimiento.
El jefe de informática se ha sumado a la versión oficial del partido. De esta forma, ha justificado la inhabilitación de los aparatos en el denominado protocolo de borrado de seguridad, por el cual el PP supuestamente borra los ordenadores de empleados que ya no trabajan para el grupo. Aunque en este caso, como han explicado las fuentes anteriormente mencionadas, fueron más allá extrayendo unos discos duros que se encuentran en paradero desconocido. Moreno habría empleado una semana para el equipo Macbook y un día para el Toshiba, con tecnología más antigua, para aplicar este procedimiento. En relación con este último, el Partido Popular ha presentado un albarán con el objetivo de demostrar que es de su propiedad, aunque la acusación no le da validez.
El Juzgado de Instrucción nº 32 ha citado a declarar como testigo el próximo 9 de marzo a Luis Bárcenas. Además, ha admitido la personación como acusación popular de la Asociación de Abogados Demócratas de Europa después de que haya consignado la fianza de mil euros. Por otra parte, la juez ha habilitado un plazo de cinco días para que UPyD manifieste si ha desistido del procedimiento.
La no declaración del PP
El Partido Popular se acogió el pasado 12 de febrero a su derecho a no declarar como imputado en el caso. Sí lo hizo su asesor jurídico citado en la misma condición. Alberto Durán aportó de alguna manera la postura oficial del partido. Según fuentes presentes en el interrogatorio, Durán asumió ante la juez de instrucción número 32 de Madrid, Rosa María Freire, la responsabilidad de aplicar en 2013 el protocolo de protección de datos. Dicho de otra forma, se atribuyó la decisión de inhabilitar los equipos siempre asumiendo el reglamento interno de la formación.
Como representante también de la persona jurídica del PP, Durán se limitó a leer un papel. Un documento que subrayaba la colaboración del partido con la Justicia, pese a no responder a las preguntas de las partes, y que insistía en que los ordenadores utilizados por Bárcenas estaban vacíos. En dicha nota, posteriormente difundida en forma de comunicado, el PP subrayó su "escrupuloso respeto" hacia la ley y defiendió la actuación de la gerente y tesorera del partido, Carmen Navarro, también investigada, así como del asesor jurídico Alberto Durán y el responsable del sistema de información, José Manuel Moreno.
La formación política alegó que, siguiendo los protocolos internos supervisados por Navarro, los ordenadores utilizados por Bárcenas, pero "propiedad" del partido, "fueron abandonados sin información, dato, archivo, registro o programa de ningún tipo". La investigación se encontró los aparatos destruidos a martillazos.
No fue orden de Cospedal
Durán explicó ante la juez que trabaja para el PP de forma "autónoma" y que toma las decisiones con independencia, según fuentes jurídicas. Por eso no habría permiso para ordenar la entrada al despacho de Bárcenas aunque, en relación con el organigrama, debe dar explicaciones a la actual gerente Carmen Navarro, la secretaria general, María Dolores de Cospedal, y en última instancia a Mariano Rajoy.
Sobre el acceso al despacho, se habría notificado posteriormente a Cospedal, según las mismas fuentes. No precisan quién notificó el aviso. En conclusión, la versión oficial del Partido Popular apunta al responsable informático José Luis Moreno como encargado del borrado, por orden del asesor jurídico Alberto Durán y bajo el protocolo que asume la gerente Carmen Navarro. La acusación pedirá que se presente copia de ese protocolo al que no da credibilidad e insiste en que los discos duros contenían información que certifica la supuesta contabilidad B del PP.