¿Debe un comisario de Policía recibir regalos de empresas privadas? Alternativa Sindical de Policía (ASP), uno de los sindicatos con representación en el Consejo de la Policía, ha solicitado a la Dirección General que abra una información reservada al comisario jefe de la Comisaría Provincial de Alicante con el objetivo de conocer si este funcionario ha recibido en los últimos meses diversos regalos de empresas privadas de la localidad.
Exactamente, una información reservada consiste en la apertura de una investigación interna para realizar una primera aproximación a los hechos y a través de la misma determinar si la actitud del funcionario policial se ha mantenido dentro de lo correcto, lo que haría que las pesquisas fuesen archivadas, o si, por el contrario, es merecedor de la apertura de un expediente disciplinario en virtud de la Ley Orgánica del Régimen Disciplinario de la Policía Nacional (4/2010).
El detonante de esta situación es un encuentro que el Comisario de Alicante mantuvo durante las Navidades con los representantes de los cinco sindicatos con representación en el Consejo de la Policía (SUP, CEP, UFP, SPP y ASP) en las instalaciones de la Comisaría Provincial y en el que según medios locales habría contado "varias anécdotas sobre regalos recibidos por empresas privadas con implantación en la ciudad".
Durante ese encuentro, "el comisario quiere que los representantes policiales le informen si saben quién ha sido el agente o agentes que han filtrado a los medios de comunicación locales que el comisario ha recibido regalos de empresas privadas. Unos regalos llegaron a la comisaría en horario laboral y fueron recepcionados por agentes del cuerpo", según detalla la solicitud de ASP a la Dirección General de la Policía.
El sindicato quiere que se investigue si el responsable de la Policía en Alicante incumplió en algún momento el artículo 422 del Código Penal, que dice que "la autoridad o funcionario público que, en provecho propio o de un tercero, admitiera, por sí o por persona interpuesta, dádiva o regalo que le fueren ofrecidos en consideración a su cargo o función, incurrirá en la pena de prisión de seis meses a un año y suspensión de empleo o cargo público de uno a tres años".
Es decir, que se aclare si se estaría o no ante un posible delito de cohecho, cuyo control judicial persigue que "los funcionarios públicos no incurran en corrupción y garantizar la probidad del funcionario público que permite a la Administración asegurar una prestación adecuada, objetiva y no discriminativa de los servicios públicos".