Las irregularidades y errores detectados en la justificación de ayudas para los cursos de formación y en otras partidas provocaron que la UE suspendiera en 2014 a Andalucía el fondo social europeo, una medida que persiste pero que podría concluir este año.
La confirmación de esta suspensión ha llegado de la interventora adjunta de la Junta, Teresa Arriate, durante su comparecencia en la comisión parlamentaria que investiga el supuesto fraude en los cursos de formación de la Junta, aunque no ha precisado el alcance de la cuantía.
Arriate, cuya responsabilidad se sitúa en el área de Control y Fondos Europeos y Subvenciones, ha explicado que la decisión de UE ha sido consecuencia de las auditorías de la intervención general y porque la gestión del fondo social europeo, que subvenciona parte los cursos de formación, contenía "errores y puede que irregularidades que hay que verificar".
La interventora adjunta ha confirmado también que la dirección general de Asuntos Europeos de la Junta decidió "descertificar" y "reprogramar" entre 2007 y 2013 casi 47 millones de euros de subvención de la UE para los cursos de formación con el objetivo de "no generar desconfianza" en la Comisión Europea.
Al descertificar esta cantidad, la partida "se perdió" para los cursos de formación, si bien fue reprogramada y orientada hacia la formación reglada, ha puntualizado.
La decisión se produjo para "evitar la desconfianza" de la Comisión Europea ante la publicación en los medios de comunicación de las actuaciones que distintos juzgados andaluces están llevando a cabo sobre el presunto fraude en la formación.
También ha comparecido ante la comisión la ex interventora general Rocío Marcos, que ha asegurado que los controles de este departamento "están hechos para intentar mejorar las cosas" y "no para detectar fraudes" y ha añadido que implican "limitaciones de medios y, por tanto, limitaciones en los efectos".
"Si no vimos, no vimos, y si vimos mucho más, dicen que por qué los interventores se han metido donde no les llaman", ha señalado la exinterventora, que ha defendido que "los profesionales que han hecho los informes lo hacen bien porque conocen su oficio" y que "cuando se habla de hechos objetivos estos tienen muy poca discusión, como cuando falta una factura", ha puesto como ejemplo.
"Parece que vamos buscando por los cajones y no es así, estamos inmersos en los procedimientos administrativos que corresponden", ha enfatizado Marcos, quien ha hecho hincapié en que "en lo objetivo es difícil discutir que el informe esté bien hecho, y los informes tienen bastante contenido objetivo".
Ha lamentado que, aunque puede parecer que haciendo muchos controles se deben detectar las presuntas irregularidades, si hay alguna deficiencia que va más allá de cuestiones documentales que acrediten que no se cumple la ley, "no es tan fácil verlo".
Por su parte, la directora general de Evaluación, Control y Calidad del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), María Jesús Moreno Herrerías, ha asegurado que se ha constatado que este organismo "ha cumplido la legalidad aplicable" en la gestión de las subvenciones.
"Se ha constatado que se ha cumplido la legalidad aplicable, tanto la normativa estatal como la propia y los requisitos legales impuestos en la gestión de las subvenciones", ha indicado Moreno, que se ha remitido en repetidas ocasiones a la dirección general de Formación Profesional para el Empleo como organismo responsable de la gestión de estos fondos a partir de 2013.