El exalcalde socialista de Seseña (Toledo) José Luis Martín, así como tres de sus hijos -O.J.M., D.M., C.M.- se enfrentan a una pena de cuatro años de prisión por un delito de blanqueo de capitales, por el que también se juzga a los promotores P.H. y J.G., con quienes habrían tenido relaciones comerciales.
Así lo ha indicado el abogado de la acusación popular, Juan Ramón Crespo, en declaraciones a los medios en un receso del segundo día de este juicio que se está celebrando en el Audiencia Provincial de Toledo desde este lunes, donde ha recordado que este juicio es fruto de la querella que interpuso el por aquel entonces coordinador regional del IU, Cayo Lara, y alcalde de Seseña, Manuel Fuentes, ante la Fiscalía Anticorrupción.
Crespo ha explicado que a los procesados se les juzga por blanquear "entre 1,5 y 2 millones de euros", cantidad de dinero que habrían movido entre diferentes cuentas. "Lo que se pretende es aclarar si la procedencia de esos capitales es ilícita, pero en este juicio no se les juzga ni por prevaricación ni por cohecho, que fue el inicio de la querella", ha recordado.
Por estos supuestos delitos, ha proseguido Crespo, la acusación pide cuatro años para José Luis Martín y tres para el resto de los cinco implicados. También se solicita de forma provisional una multa para cada uno de ellos, en relación con la cantidad de dinero que hubiesen blanqueado.
De su lado, la Fiscalía pide cuatro años de prisión para el exalcalde y una multa de más de 2,4 millones Y tres años de prisión y multa de más de 1,4 millones de euros para dos de los hijos -O.J.M, D.M.-. Para el último de los descendientes -C.M.- también reclama una pena de tres años y una multa que supera los 1,7 millones de euros.
En el caso de los promotores P.H. y J.G., por un delito de blanqueo continuado de capitales, la representante del ministerio fiscal pide una pena de dos años de prisión y una multa de casi un millón de euros, según su escrito al que ha tenido acceso Europa Press.
Aprobación del PAU de El Quión
La sesión de este martes ha arrancado con la declaración del que fuese ingeniero oficial mayor, Crescencio Leñero, en mayo de 2003 cuando se aprobó el Plan de Actuación Urbanizadora El Quiñón, que edificó el constructor Francisco Hernando, conocido como el Pocero, por medio de la empresa Onde 2000. Leñero ha declarado que el exalcalde socialista se reunió tanto con los promotores de Onde 2000, como con otros promotores inmobiliarios.
De su lado, Isabel Domínguez, que era portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Seseña, ha declarado que este proyecto les daba "miedo" por su envergadura y que el equipo de Gobierno que lideraba Martín quería sacarlo adelante "a toda costa" y con más prisa que otras promociones que estaban paralizadas.
A pesar de admitir que su grupo no pidió la suspensión del pleno, en el que la mayoría socialista sacó adelante este PAU con la oposición del resto de grupos, ha reiterado que los populares votaron en contra por no tener información suficiente sobre este gran proyecto.
También ha testificado Felipe Torrejón, que fue edil de Cultura entre 1999 y 2005 y que dejó el cargo por "desavenencias" con el Grupo Municipal, quien ha señalado que votó a favor de la aprobación del PAU porque había disciplina de voto y porque les dijeron que los informes eran favorables.
No había PEI
De su lado, el exalcalde de IU Manuel Fuentes, que fue quien presentó en julio de 2006 una denuncia ante al Fiscalía Anticorrupción por presunta "especulación urbanística" en el Quiñón, ha recordado que cuando se aprobó en pleno, convocado con carácter de urgencia, dicho PAU, no se había aprobado el correspondiente Plan Especial de Infraestructuras (PEI) que era vinculante.
Dicho esto, y tras recordar que se opusieron a esa actuación del Pocero por ser una "barbaridad", ha recordado que IU, de quien era portavoz municipal en ese momento, interpuso un recurso de reposición contra ese pleno en el que se aprobó el PAU de El Quiñón y pidió al alcalde socialista que retirara ese punto del orden del día por falta de documentación.
En la sesión de este martes también ha declarado el que fuera delegado provincial de Obras Públicas, Santiago García Aranda, quien ha indicado que fue el consejero del ramo, Alejandro Gil, quien le pidió que tuviera "cuidado" en la tramitación de este PAU, dado el elevado número de viviendas que contemplaba, a fin de no cometer "ningún error que les pusiera en situación comprometida".
Ha recordado que en la tramitación del expediente los servicios técnicos de la Consejería hicieron correcciones, y que cuando el pleno del 8 de mayo de Seseña aprobó el PAU el Plan Especial de Infraestructuras estaba "suspenso", y que en ningún caso un ayuntamiento podía recepcionar obras de las actuaciones urbanizadoras sin antes tener un PEI.
También ha asegurado que asistió a una reunión en la Consejería con el consejero, alcalde y el agente promotor, el Pocero, en el que se le resolvieron dudas, y que fue después, una vez se aprobó el PAU, cuando supo que había otro agente urbanizador que optaba a la construcción de ese proyecto.
Promotores urbanísticos
También han declarado varios representantes de mercantiles relacionadas con el ladrillo, que han asegurado no haber tenido contacto con el exalcalde de Seseña ni con sus hijos a la hora de adquirir terrenos en Estepona y Marbella.
De su lado, Mariano Nicolás, que vendió unas fincas rústicas por medio de los promotores P.H. y J.G., ha afirmado que no le extrañó que le pagaran alrededor de 70 millones de pesetas por esos terrenos, que después fueron revendidos por los promotores a Onde 2000.
Nicolás si que ha asegurado que el exalcalde de Seseña estaba presente cuando hicieron la escritura de compraventa porque era socio de los promotores P.H. y J.G.