El pitufeo o smurfing es una técnica extendida para el blanqueo de capital. Consiste en reunir a muchas personas para que efectúen transferencias bancarias en pequeñas cantidades a diferentes cuentas. Reciben dinero negro en un primer momento y, al realizar los movimientos de cifras exentas de control bancario, los fondos quedan lavados.
El pitufeo es también la modalidad que habrían empleado los concejales y asesores del Ayuntamiento de Valencia en la vertiente de la Operación Taula o caso Imelsa que salpica a Rita Barberá. El Juzgado de Instrucción 18 de Valencia ha aceptado este miércoles la personación de la exalcaldesa de Valencia en la causa por presunto blanqueo de capitales. Este acto permite el ejercicio de los derechos en un litigio, sea como demandante o demandado. A efectos prácticos, la actual senadora estará al tanto de las diligencias y podrá contactar con el fiscal que conduce las pesquisas. A partir de ahora lo podrá hacer a través de la abogada que ha designado, su sobrina Rita Corbín.
Aforada en el Supremo
Rita Barberá aún tiene la oportunidad de declarar voluntariamente ante el Juzgado. El juez les brindó el pasado 14 de marzo esa posibilidad y habilitó un plazo de veinte días. Cuando venza ese período, decidirá si eleva la causa mediante una exposición razonada al Tribunal Supremo, el único con competencia para imputar a la exalcaldesa y ahora senadora, refugiada en su condición de aforada. En la pieza por blanqueo de capitales figuran 48 imputados/investigados entre concejales, exconcejales, asesores y exasesores del Ayuntamiento de Valencia. Según la Fiscalía Anticprrupción, "existen indicios suficientes de la participación" de Barberá en la comisión del delito.
El juez de instrucción acordó también la imputación al Partido Popular en su condición de persona jurídica -la formación ya está procesada en los mismos términos en la investigación por el borrado de los ordenadores de Bárcenas en los Juzgados de Madrid-. Considera oportuno acatar la doctrina del Supremo y agotar la investigación. El objetivo es que, llegado el momento, tanto este órgano como el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana dispongan de información más precisa para "valorar la implicación indiciaria de las personas aforadas".
De aceptar la fórmula de la declaración voluntaria, Rita Barberá podría simplemente presentar un escrito de alegaciones con la versión que considere oportuna en relación a los hechos investigados y su posible participación en los mismos. Un días después de que el juez se pronunciara, Barberá ofreció una rueda de prensa en la que anunció que comparecería, aunque no especificó en qué condiciones.
"Tienen mucho dinero negro"
La secretaria de organización del PP del Ayuntamiento de Valencia, María del Carmen García Fuster, entregaba a los concejales y asesores del partido sobres con 1.000 euros para que participaran en el pitufeo. Así consta en el sumario, que recoge sospechas según las cuales ese dinero acabó sufragando la campaña electoral de las elecciones municipales de mayo de 2015. Un número de cuenta de la formación política a nombre de Rita Barberá recibió entre el 23 de marzo y el 15 de abril 50.000 euros en cincuenta entregas realizadas por distintos miembros del grupo municipal, actualmente imputados en la causa.
El mismo sumario recoge una serie de conversaciones telefónicas que prueban el modus operandi. En una de las grabaciones, María José Alcón, exconcejal en el Ayuntamiento valenciano, se lo explica a su hijo: "Yo les tenía que hacer una transferencia legal para blanquear dinero, vamos, corrupción política total. Me deban dos billetes de quinientos". En un momento en el que el vástago responde incrédulo, la exedil añade: "Ellos tienen mucho dinero negro. De empresas del partido, comisiones, corrupciones. Es un dinero que no pueden aflorarlo". A continuación, Alcón admite que ese dinero lo ha recibido de García-Fuster y que lo ha devuelto "con una transferencia bancaria y se blanquea".
La conversación con Vicente Burgos Alcón termina con una reflexión de madre a hijo: "Como tú me dijiste una vez, y tienes más razón que un santo, en este país lo único que funciona es la corrupción".
Caso Imelsa
La pieza principal del Caso Imelsa u Operación Taula seguirá bajo secreto hasta el 14 de abril tras la nueva prórroga acordada por el juez. Acumula ya 115 investigados (anteriormente imputados), entre personas físicas y jurídicas, por varios delitos contra la Administración Pública: prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, fraude, falsedad y blanqueo de capitales. En el punto de mira, una supuesta trama de corrupción infiltrada en la Comunidad Valenciana a nivel municipal y regional. Según fuentes de la investigación, sus integrantes se servían de sus puestos de responsabilidad para amañar contratos públicos a cambio de comisiones.
La operación que desencadenó la causa a finales de enero se saldó con 24 detenciones, entre ellas las del expresidente de la Diputación de Valencia y del PP provincial, Alfonso Rus. La investigación consta de 4.500 folios en 15 tomos.