Presuntos delitos de prevaricación, simulación de contrato y falsedad documental. Esto es de lo que la Asociación de extrabajadores de Delphi acusa en una denuncia interpuesta en los juzgados de Sevilla contra los ex presidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán, los ex consejeros de Empleo Antonio Fernández y Manuel Recio, y otros cargos de la Junta que pudieran estar implicados en los hechos a investigar.
Los hechos se resumen diciendo que con dinero de la Junta se simularon contratos y acciones que dieron derecho a prestaciones de la Seguridad Social de manera indebida. Es decir, la Junta trasladó parte de los costes de la "salvación" a todos los españoles vía Seguridad Social.
Según los 400 exempleados, el 31 de julio de 2007, Delphi despidió colectivamente a todo el personal por el cierre de su factoría del polígono El Trocadero en Puerto Real (Cádiz). Todo el proceso fue contado minuciosamente en Libertad Digital.
La Razón refiere que, tras el cerrojazo, el Gobierno regional "asumió el compromiso de atender de forma específica" a los afectados, incluidos los trabajadores de las empresas auxiliares, y conseguir su recolocación en entidades de la bahía gaditana. Se armó el denominado Dispositivo de Tratamiento Singular previsto en un Protocolo de Colaboración que se acordó el 4 de julio de 2007 entre las consejerías de Empleo e Innovación y los sindicatos.
Debido a ese pacto, en 2009 se puso en marcha un programa de contrataciones en empresas y se estableció que a los no recolocados se les impartiría formación específica que conllevaría "su contratación y alta en la Seguridad Social" con una base de cotización "equivalente a la de un oficial de tercera del convenio colectivo del metal" de Cádiz.
Para lograr estos fines, la Junta destinó subvenciones directas a la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) –investigada judicialmente y centro de colocación de personal familiar o afín al PSOE, singularmente en Cádiz y Sevilla como ya informó este medio– y repartió ayudas excepcionales a organizaciones del ex consejero Ángel Ojeda –investigado también en los tribunales por el supuesto fraude en formación– como la Asociación de Apoyo a la Integración (Humanitas), la Asociación de Apoyo al Medio Ambiente (Natura) o la Asociación para la Calidad Europea (Inteca); y otros entes como la Fundación Universidad Empresa de la Provincia de Cádiz (Fueca).
Pero entre los meses de diciembre de 2015 y febrero de este año, ex trabajadores de Delphi han sido demandados por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), tramitadas ante los juzgados de lo Social de Cádiz, para que se declarasen "indebidas" las prestaciones de desempleo percibidas por aquellas contrataciones.
Como ya se denunció ampliamente años antes, ahora un informe de la Inspección de Trabajo afirma que la actividad de los ex Delphi no respondió a servicios de carácter laboral, sino que sólo recibieron formación, por lo que levantó actas de infracción, confirmadas luego en resoluciones sancionadoras.
Pero además, la Inspección ha comprobado la existencia de "un sistema de subvenciones directas concebido" por la Administración andaluza con el fin de "dar cumplimiento a sus compromisos políticos con los afectados por el cierre de la factoría". Parte de esos fondos, añade, "se destinó a financiar la simulación de relaciones laborales –con la colaboración de determinadas empresas, asociaciones y fundaciones– para proporcionar prestaciones de la Seguridad Social indebidas a un gran número" de personas, sin el conocimiento de éstas.
La Fundación Epresa de la Universidad de Cádiz presentó un recurso contencioso-administrativo contra el Ministerio de Empleo y contra 416 exoperarios de Delphi para impugnar la resolución de dicha Administración de julio de 2015 en la que impuso una sanción de más de 2,62 millones por 420 infracciones constatadas por simulacro de contrataciones con las que se cobraron prestaciones "indebidas" de la Seguridad Social.
Por tanto, el colectivo de ex Delphi lamenta haber sido sido objeto de relaciones contractuales que "ahora parecen resultar no ajustadas a derecho" y que podrían ser "anuladas judicialmente" hay por ello presentan la denuncia contra Chaves, Griñán y los exconsejeros. Consecuentemente, piden al juzgado que se practique una serie de diligencias que incluye el interrogatorio de los señalados.
Coincidentemente, este miércoles la interventora de la Junta en Cádiz, Nieves Chao, declaró como testigo ante la jueza María Núñez Bolaños dentro de la causa sobre el supuesto fraude en formación, tras su paso por la comisión parlamentaria que investiga ese asunto, y le aseguró que los certificados de finalidad de los cursos reflejaban más gastos de los realmente realizados. Chao admitió no estaban las resoluciones de homologación" de los centros que impartían los cursos y hubo poco rigor en el control de éstos.
En otro conflicto, la asociación puso una demanda ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que se encuentra ya en "fase de conclusiones", y el grupo de encerrados en un edificio de Cádiz para exigir una solución al eterno conflicto, cumplió ayer 800 días de reclusión.