El alcalde de Granada, el popular José Torres Hurtado, y la concejal de Urbanismo, Isabel Nieto, han quedado en libertad con cargos después de que este miércoles fueran detenidos, junto a 14 empresarios, en una operación contra una trama de corrupción relacionada, según contaron fuentes del ayuntamiento a LD, con el caso Serrallo Plaza. Se ha decretado el secreto de las actuaciones.
Agentes de la UDEF han registrado este miércoles las sedes de las áreas de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Granada, amén de la sede principal del consistorio –ubicada en la plaza del Carmen- y las oficinas municipales de Los Mondragones, en una operación anticorrupción. También han sido registrados domicilios –entre ellos, el del regidor- y empresas.
La investigación del caso Serrallo Plaza, coordinada por el Juzgado de Instrucción número 2 de la capital granadina y por la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo, arrancó en febrero de 2014. Por esta operación, que investigaba la construcción de una discoteca, junto a un centro comercial, que ocupaba una zona verde del Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad, ya estaba imputada Nieto, acusada de prevaricación ordinaria y prevaricación urbanística.
Se prevé que los registros duren hasta el viernes. Algunos miembros del personal del Ayuntamiento, desalojado a primera hora de este miércoles, han dicho que es algo "que se veía venir"; otros se lo han tomado a broma: "Pues dos días de vacaciones".
¿Beneficiando a un constructor?
Según fuentes jurídicas consultadas por LD, este escándalo se habría originado en la época en que la concejalía de Urbanismo era ocupada por Luis García Royo. El Ayuntamiento de Granada habría dividido una manzana en varias parcelas, y una de estas habría sido adjudicada al empresario Ramón Arenas. Estas parcelas debían tener un "uso público". En este caso, Arenas se encargaría de construir una guardería.
El consistorio de Torres habría adjudicado otra parcela al empresario Roberto García Arrabal. A este se le encargó la construcción de un polideportivo, y es aquí donde empieza el lío. Según las fuentes consultadas, García Arrabal "se comió metro y medio", a lo largo de 700 metros, de un lado de la parcela de Arenas. Este habría reclamado al Ayuntamiento, que primero no ofreció ninguna respuesta y, después, "altera la linde del catastro para intentar demostrar que (a Arenas) no le han quitado metros".
Al poco, Arenas habría descubierto que el consistorio recalificó una parcela para montar un McDonald’s… donde iba a haber una pista de pádel, mientras que el espacio en que debiera haber un aparcamiento público, pasó a ser el del párking del restaurante. El empresario lo denunció ante la Fiscalía, y su acusación coincide con otra, referente al Serrallo Plaza, que estaba en trámites. Allí, García Arrabal construyó un restaurante con cafetería. ¿Qué ocurrió con las zonas verdes de uso público del lugar? Que se convirtieron en la terraza del restaurante. Entonces, la Fiscalía empezó a atar cabos.
Estas mismas fuentes nos indican que lo que se hacía en el Área de Urbanismo era "cambiar la norma entera". "Por eso están imputados los técnicos de urbanismo, el concejal… Lo que se hacía era ir a la base de la norma y cambiar la norma, pese a que la normativa urbanística no permitía el cambio. Ellos lo hacían para darle una base de legalidad", añaden.
2,5 millones de euros desaparecidos
El caso Serrallo Plaza se reactivó el pasado 12 de febrero. Según informó Ideal, ese mismo día, la Fiscalía solicitó al grupo de Delincuencia Económica de la Policía Nacional un informe sobre las cuentas de la operación urbanística del sector donde se levantó la zona de ocio del centro comercial.
En el documento, de 15 folios, el inspector jefe del grupo señalaba que, cuatro años después de que el consistorio diera por finalizadas las obras y la urbanización del entorno, aún no se había producido la liquidación definitiva: "Estaría pendiente de justificar el pago de 2.475.186,75 euros, según liquidación provisional y a falta de la definitiva".
En manos de C's
José Torres ocupa el cargo de la alcaldía de Granada desde 2003. El PP ganó las pasadas elecciones municipales con un 35,37% de los votos y consiguiendo 11 concejales, por lo que tuvo que pactar con Ciudadanos, que obtuvo el 14% de los sufragios y 4 concejales, para alcanzar la alcaldía.
Tal y como informa Mariano Alonso, el portavoz de la formación naranja en la capital granadina, Luis Salvador, ha dicho que "cortamos toda relación, radicalmente, con el PP" y que "intentaremos facilitar una nueva realidad en el Ayuntamiento para intentar regenerarlo".
Por su parte, el secretario de Política Federal del PSOE, Antonio Prada, ha declarado que, de confirmarse las acusaciones, los socialistas pedirán la "inmediata dimisión" de Torres, aunque ha descartado, de momento, impulsar una moción de censura, cosa que sí ha pedido IU. En este caso, si Ciudadanos retirase el apoyo al alcalde imputado, se podría establecer un gobierno municipal liderado por el PSOE –que tendría que ser respaldado por estas formaciones y Podemos.
Finalmente, el delegado del Gobierno en Andalucía, el popular Antonio Sanz, ha optado por el perfil bajo y ha pedido "prudencia" respecto a la operación en la que se ha visto involucrado su compañero de formación.