El Tribunal ha rechazado que Manos Limpias sea expulsada del caso Nóos. Las tres magistradas que lo componen, Samantha Romero, Rocío Martín y Eleonor Moyá, han desestimado la petición del abogado de Diego Torres, Manuel González Peeters, a la que se habían adherido la mayoría de las defensas. El letrado de doña Cristina fue el único que no lo hizo, una estrategia curiosa cuando el sindicato que ejerce la acusación popular es también el único que considera culpable a la infanta como cooperadora necesaria de dos delitos fiscales y, por lo tanto, podría haber salido absuelta de este incidente.
Como manifestó este miércoles la magistrada que preside el Tribunal, Samantha Romero, no se puede interrumpir el proceso dado que la instrucción que conduce la Audiencia Nacional se encuentra en fase "embrionaria". De esta forma, se ha mostrado partidaria de respetar el principio de la presunción de inocencia y legitimar a Manos Limpias para que continúe ejerciendo la acusación particular. Las críticas hacia el papel del sindicato llevaron a Romero a exigir "rigor" a la Abogacía del Estado.
"A los juristas hay que exigirles rigor. Parece que lo importante no es lo que sucede en esta sala, y eso no se puede tolerar. No tenemos una sentencia firme contra nadie y la presunción de inocencia lo es para todos los ciudadanos", espetó la magistrada.
Intereses espurios
Recordemos que el planteamiento de González Peeters nace a raíz de la investigación por supuestos chantajes de Ausbanc y Manos Limpias que conduce la Audiencia Nacional. El juez Santiago Pedraz envió a prisión incondicional tanto al presidente de la asociación, Luis Pineda, como al secretario general del sindicato. La extorsión se habría extendido también a este caso Nóos. Según los indicios que maneja el juez, esta "organización criminal" habría ofrecido tres millones de euros al abogado de la infanta, Miquel Roca, a cambio de sacar a su cliente del banquillo.
González Peeters argumentó su petición de expulsar a Manos Limpias de la acusación popular: "En el peor de los escenarios y de forma indiciaria resulta que se está haciendo un ejercicio proscrito de la acción popular, un ejercicio espurio".
El fiscal Pedro Horrach, que desde el principio del procedimiento ha intentado sacar a la infanta Cristina del banquillo, compartió los argumentos de González Peeters: "Ante la posibilidad de que no se defiendan intereses generales sino intereses espurios, se interesa que por parte del Tribunal se solicite al Juzgado Central de Instrucción 1 -que conduce la investigación a Manos Limpias y Ausbanc- aquellos testimonios de particulares relativos al funcionamiento interno y la financiación de Manos Limpias".