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La juez podemita, contra las cuerdas por un informe que destapa sus irregularidades

Victoria Rosell podría enfrentarse a una investigación en el Supremo por su actuación en un caso vinculado a su pareja.

Victoria Rosell podría enfrentarse a una investigación en el Supremo por su actuación en un caso vinculado a su pareja.
Victoria Rosell en un acto con el ministro de Justicia | EFE

La exjuez y diputada de Podemos Victoria Rosell, noticia en las últimas semanas por sus polémicas en el aeropuerto de Gran Canaria, podría enfrentarse a una investigación en el Supremo por las irregularidades que denuncia su sustituto en el jugado número 8 de Las Palmas. El informe, que ha sido enviado al alto tribunal, dice que la actuación de la juez es "inexplicable" en lo relativo al proceso contra Miguel Ángel Ramírez, dueño de la Unión Deportiva Las Palmas. El empresario estaba vinculado con la pareja de Rosell en sus actividades económicas y se le investiga por delitos fiscales y contra la Seguridad Social.

Según revela este sábado El Mundo, el informe señala, tajante, que "existen irregularidades a las que este magistrado no puede dar una explicación". Califica de "evidente" que los plazos se retrasaron y que esa causa era la única que no iba al ritmo debido de entre las que tenía a cargo el juzgado. "NO ha habido ninguna incidencia que explique la falta de impulso procesal, de prácticas de diligencias de instrucción durante más de un año", dice el juez. Además, el informe destaca la "celeridad" y "clara diligencia" de Rosell en el el resto de procesos a su cargo.

El juez añade que la causa "no reviste especial complejidad" y se declarara "sorprendido" por los retrasos porque la diputada contaba con un juez de refuerzo. Apunta, además, que la instrucción comenzó de forma normal hasta abril de 2014, cuando "se paraliza casi por completo con nula actividad procesal" hasta mayo de 2015, momento en que actuó la Fiscalía.

En el informe, se detalla, entre otras cosas, cómo evitó poner fianzas a los investigados y cómo no trasladó a las partes información anónima sobre el caso llegada en un pen drive.

Con todos estos datos, el Supremo deberá decidir si abre una causa penal contra ella.

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