El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite los recursos del Ejecutivo central contra tres leyes aprobadas por el Parlamento de Cataluña, entre ellas la que impone un impuesto sobre las viviendas vacías, normas que quedan suspendidas de forma cautelar.
Se trata, además de la normativa sobre los pisos desocupados, de la ley de igualdad entre hombres y mujeres y de la que regula la actividad de los gobiernos locales en Cataluña, todas ellas recurridas por el Gobierno central a finales de abril.
Además, el tribunal de garantías ha admitido a trámite un conflicto de competencia impulsado por la Generalidad contra el plan estatal de impulso al Medio Ambiente para la reducción de gases contaminantes en las empresas y otro recurso del Gobierno catalán contra la ley estatal de Protección Civil.
Las decisiones del TC llegan en un momento de deshielo, tal y como lo calificó el propio Junqueras tras reunirse con Soraya Sáenz de Santamaría, en las relaciones entre Moncloa y el gobierno catalán. Hasta ahora, el Gobierno de Rajoy ha recurrido 34 normas catalanas, mientras que la Generalidad ha presentado 51 recursos contra leyes estatales.
La respuesta del gobierno catalán no ha tardado en llegar: Carles Puigdemont ha anunciado este martes que impulsará una nueva ley de emergencia social para sortear los recursos del Gobierno central contra normativas catalanas contra pobreza energética y desahucios.
"Será un proyecto de ley en lectura única que regulará todos los derechos de los catalanes que el Gobierno central ha querido limitar presentando recursos", ha explicado en una comparecencia sin preguntas tras la reunión que ha convocado con partidos, alcaldes y entidades para abordar los recursos del Estado.
La lectura única es el procedimiento legislativo que recoge el Parlamento catalán que permite legislar con más urgencia, y la norma recogerá todo lo relativo a la emergencia social con el objetivo de "dejar sin efectos prácticos" las suspensiones del Alto Tribunal.