Los "titanics" judiciales por corrupción más importantes económica y políticamente de España, situados en el juzgado de instrucción número 6 de Sevilla, el caso ERE y el caso del fraude de la formación, se encaminan poco a poco hacia un iceberg por el rumbo elegido por la nueva capitana, la juez Núñez Bolaños, la sustituta de Mercedes Alaya.
El rumbo de ésta fue desvelar una trama orquestada desde la Junta para beneficiar al PSOE –los datos e indicios son abrumadores-, pero el de Núñez Bolaños parece ser el hundimiento penal de todos los casos y subcasos posibles para que todo quede en una nada administrativa sin consecuencias penales ni políticas.
La última decisión de la juez que confirma el rumbo hacia la disolución de los casos es la sustitución de los peritos de la Intervención del Estado por peritos de la Intervención de la Junta de Andalucía.
La decisión es considerada algo "sin precedentes" en la instrucción de las macrocausas por el grupo Joly. De "arbitraje casero" con influencia de la Junta lo trata El Mundo. ABC muestra de qué calado es la operación. Añadamos desde Libertad Digital que, de aplicarse el mismo criterio en el caso de los ERE, probablemente la pieza política del caso, la que atribuye una organización jerárquica a la trama del fondo de reptiles, quedaría tan convenientemente talada y podada que no se parecería en nada al original.
No puede pasar desapercibido el momento elegido para dar marcha a toda máquina al nuevo rumbo. Ha sido en el momento del gobierno nacional en funciones y mientras en el resto de España aparecían casos y casitos vinculados a personas del PP. En medio del fragor político del momento, la juez Bolaños ha adoptado decisiones claves.
De peritos del Estado a peritos de la Junta
En concreto la decisión afecta al grupo Prescal y sus empresas, el más importante relacionado con Ángel Ojeda Avilés quien recibió de la Junta alrededor de 53 millones de euros en subvenciones para impartir formación profesional a empleados y parados, especialmente del caso Delphi, que se tragó 33,3 millones del total.
La cosa se ha hecho así: una providencia del pasado 26 de abril, la juez Núñez Bolaños relevó a los tres peritos designados por la Intervención General del Estado que elaboraban, según ABC, 84 informes sobre las empresas beneficiarias, y encargó a la Intervención General de la Junta de Andalucía que se centrara en definir la cantidad de las ayudas "fraudulentamente facturadas" por las empresas de Ojeda y la simulación de las facturaciones y contrataciones, denunciadas incluso por los propios trabajadores de Delphi.
Hay dos cosas sorprendentes, además de la decisión principal. Una, que se refiera expresamente a Ojeda cuando la operación policial de la UDEF afectaba a todas las provincias y a muchas entidades y empresarios vinculados al PSOE. Dos, que hace once días, la Intervención del Estado informó a la juez Núñez Bolaños que ya habían entregado 190 informes sobre el caso ERE, que seguían trabajando en nuevos informes y que en cuanto pudieran terminarían los relacionados con el caso del fraude de la formación.
Téngase en cuenta además que, el 18 de abril, la Intervención General del Estado rebatió en un informe pericial el argumento de la letrada de la Cámara de Cuentas de Andalucía bendecía la legalidad de las transferencias de financiación, el sistema empleado por la Consejería de Empleo para sufragar la partida presupuestaria 31L conocida como fondo de reptiles. Esta es la tesis de la Junta y por ello los implicados ex presidentes y ex consejeros piden el archivo del caso.
La jueza se ampara en el volumen de trabajo
El Mundo subraya que lo ocurrido certifica que el cambio de rumbo de la instrucción de la sustituta de Alaya no se limitaba al caso ERE sino que va abarcar a los demás macrocasos, ahora el del fraude de la formación. Y dice: "Ha hecho, o más bien deshecho, la cardada madeja que tan laboriosamente urdió su predecesora en torno al inconcebible panorama de corrupción descubierto en la Junta".
Recuerden que la nueva juez, "lenitiva" la califica El Mundo, tras "echar" a la juez Alaya de la instrucción a pesar de haber solicitado ésta terminar sus instrucciones claves en los macrocasos como es habitual en la judicatura, la cedió la parte mollar del caso ERE a su juez de apoyo, Álvaro Martín. Luego vinieron nuevas decisiones "tendentes de manera visible a la banalización progresiva de tan grave enredo. La sustitución de árbitros del Estado, teóricamente más neutrales por el "arbitraje casero" de los Interventores de la Junta, es una gota que puede colmar algún vaso.
Téngase en cuenta que la Intervención General de la Junta es la que nunca ha denunciado irregularidad alguna en los cursos de formación hasta el año 2014 en el que estallido del caso investigado por la policía obligó a los ocho interventores provinciales de la Junta a emitir informes, adelantados en exclusiva por Libertad Digital, donde se ponían de manifiesto numerosas irregularidades de las que hasta entonces no había noticia.
Como se sabe, el caso de la formación y de las subvenciones a cursos que o no se dieron, o fueron impartidos por profesores sin cualificación, o fueron recibidos por alumnos que no fueron y demás irregularidades, puede ascender, globalmente, a más de 3.000 millones de euros y ha dado origen a una Comisión de Investigación en el Parlamento andaluz. En el caso ERE, la cantidad implicada en el fraude general apenas supera los 1.200 millones de euros.
En ambos casos, fue la Intervención General de la Junta de Andalucía la que tuvo que tomar decisiones para favorecer o impedir tales subvenciones. En el caso ERE, el ex interventor general de la Junta, Manuel Gómez, denunció la complicidad de la cúpula de la Junta en la estrategia adoptada para concederlas. En el caso de la formación, algunos de los testigos que han desfilado por la Comisión han defendido que es imposible que una trama así no fuese orquestada desde la Junta de Andalucía.
Es más, recuérdese que la Intervención General del Estado y sus informes periciales fueron los que apuntalaron la tesis de la "pirámide de responsabilidades" en la Junta que afectaba a la cúpula socialista en el gobierno defendida por la juez Alaya.
Es más, la decisión de la juez Núñez Bolaños facilitará a la Intervención General de la Junta a investigarse a sí misma y a la institución de la que depende, cuando, al igual que ocurrió en el caso ERE en la que el ex interventor general está imputado, algún interventor andaluz podría ser imputado en la causa del fraude de la formación así como algunos delegados de la Junta y jefes de servicio.