Antonio Salvador, redactor de El Mundo, registró una petición a través del Portal de la Transparencia, propagado por la Junta de Andalucía como la panacea de la limpieza y la honestidad administrativas. Quería saber cuántas tarjetas de débito y crédito tiene a su disposición tanto el personal de su estructura como el de sus organismos autónomos. Quería saber, además, cuál fue el montante que imputó la presidenta Susana Díaz a gastos de representación el pasado año.
Pero, a pesar de que la Junta tiene 20 días para contestar según las promesas de transparencia, más de tres meses después de la formulación de las preguntas, aún no ha contestado. O sea, que la Junta ha incumplido el plazo que prevé en su artículo 32 la Ley de Transparencia Pública de Andalucía.
Según la norma, las demandas de información deberán resolverse "en el menor plazo posible", fijándose concretamente en 20 días hábiles desde que el órgano competente recibe la petición cursada. El plazo podría aumentar hasta los 40 días hábiles "en el caso de que el volumen o la complejidad de la información solicitada lo requiera", previa notificación al solicitante.
Los primeros 20 días hábiles se cumplieron el 24 de febrero, sin recibirse respuesta. Si se hubiera ampliado el plazo, y en tal caso debió haberse notificado al demandante de información, la Junta debería haber contestado ya el pasado 23 de marzo. Pero estamos en mayo y nada. ¿Ha desestimado la Junta la petición y por qué?
Tal vez, la Junta de Andalucía y el gobierno de Susana Díaz no consideran información relevante para los ciudadanos conocer cuántas tarjetas de crédito o débito tiene la Junta y cuál fue el gasto que generaron el pasado año, con detalle del caso de la presidenta. Ya en 2014, la Junta se negó a revelar estos datos tanto en lo referente a sus altos cargos como en lo relativo a los altos cargos de la administración paralela.
El que fue portavoz de Economía del PP andaluz, Rafael Carmona, explicó hace casi dos años que su partido llevaba preguntando por este asunto desde "tiempo inmemorial" y al menos desde la pasada legislatura a cada una de las consejerías, pero el Gobierno andaluz siguen sin aclarar cuántas tarjetas tienen las consejerías y sus entes instrumentales o quiénes las utilizan.
Es más, la Junta niega que tenga tarjetas de débito o crédito vinculadas a sus cuentas o que "los gastos que realiza tanto la Consejería como los entes instrumentales dependientes de la misma se efectúan con los medios de pago que el marco legal les permite".
Izquierda Unida, cuando fue socio del gobierno del PSOE, dijo a través de su jefe de filas, Diego Valderas, el vicepresidente de la Junta y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, que no había tarjetas de crédito en la Junta, "al menos" desde mayo de 2012, fecha en la que IULV-CA entró en el Gobierno andaluz.
Sin embargo, la fiscalización de la Cámara de Cuentas de Andalucía en Invercaria, la empresa de capital riesgo de la Junta que investiga un juez de Sevilla, salieron a relucir los pagos irregulares con la tarjeta de crédito que tenía a su disposición el entonces presidente de la entidad, Tomás Pérez-Sauquillo.