Pedro Gómez de la Serna se ha aferrado a la estrategia lógica. Ninguno de los 19 imputados en esta causa que han acudido a la Audiencia Nacional ha contestado a las preguntas del juez. Tampoco lo hizo la semana pasada el empresario cuya denuncia desencadenó la investigación. El ya exdiputado por el Partido Popular desde que el Rey disolviera las Cortes también se ha acogido a su derecho a no declarar. Solo le ha dicho al instructor José de la Mata que resolverá sus cuestiones una vez se levante el secreto de sumario y conozca en profundidad los hechos que se le imputan.
La Fiscalía Anticorrupción sitúa a Gómez de la Serna y al exembajador de España en la India y exparlamentario, Gustavo de Arístegui, en el centro de una "organización criminal" que se dedicaba al presunto cobro de comisiones ilegales a cambio de intermediar para que empresas españolas consiguieran contratos en el exterior de hasta 250 millones de euros. El juez de la Mata había ofrecido declarar voluntariamente al primero, puesto que se encontraba protegido por el aforamiento del Congreso hasta el pasado martes.
Existe una única versión de Gómez de la Serna al respecto de la investigación. No la prestó ante el juez, sino mediante un comunicado. El exdiputado, que se presentó como número dos del PP por Segovia en las últimas elecciones generales, denunció ser objeto de "un linchamiento público sin precedentes en España" por "una venganza personal". Se refirió a la investigación que le relegó al Grupo Mixto como un "montaje mediático". Sí mostró su "amistad y apoyo a las buenas personas del Partido Popular, que creen en la presunción de inocencia" y aseguró que su actividad profesional siempre ha sido "lícita". A su entender, la instrucción su "descrédito personal" y se basa en documentos falsos".
El Ministerio Público acusa a los dos presuntos líderes de la trama de la comisión de delitos de pertenencia a organización criminal, corrupción en las transacciones económicas internacionales, cohecho y blanqueo de capitales.
Bloqueo de imputados y testigos
El desarrollo de esta investigación por presunta corrupción está soplando a favor de Pedro Gómez de la Serna. Después de un auto en el que José de la Mata dibujó un primer boceto de la trama, las citaciones que ha acordado no han servido para apuntalar ninguna hipótesis. El conjunto de las comparecencias se han saldado con el derecho a no declarar, incluso la del testigo crucial, José Faya, que presentó la denuncia desencadenante del procedimiento y el pasado 4 de marzo prefirió no responder a las preguntas de las partes. Se repitió el mismo escenario con Gustavo de Arístegui, uno de los principales imputados, y su hijo Borja.
José de la Mata ordenó esta nueva ronda de interrogatorios para impulsar la causa por la que Pedro Gómez de la Serna, que ostentaba el cargo de diputado por el PP en las Cortes Generales, quedó excluido al Grupo Mixto del Congreso. También amplió de quince a veinte los investigados/imputados en este procedimiento, entre quienes figuran once personas físicas y nueve personas jurídicas. Una de las personas investigadas, que arrastraba una enfermedad, ha fallecido recientemente.
Claves de la investigación
Respecto al delito de corrupción en las transacciones económicas internacionales, de la Mata señala que de la investigación preliminar de la Fiscalía resultarían posibles pagos realizados a autoridades y funcionarios públicos argelinos y a sus familiares en relación con dos contratos. Serían en concreto los de La Estación Desaladora de Aguas de Souk Tleta a cambio de 250 millones de euros y el Tranvía de Ouargla por importe de 230 millones. Ambos fueron adjudicados a las empresas Internacional de Desarrollos Energéticos SA y Elecnor SA a través del grupo Voltar Lassen, el cual era dirigido por Pedro Gómez de la Serna y Gustavo de Arístegui, y por la actuación del agente externo Cristóbal Tomé Becerra.
En relación con el delito de cohecho, la resolución afirma que esta infracción penal vendría condicionada por los pagos realizados por las empresas españolas a Pedro Gómez de la Serna y a Gustavo de Arístegui, directamente o a través de sus empresas Scardovi SL y Karistia SL, por su condición de autoridad y funcionario público.
El magistrado menciona un tercer delito, de blanqueo de capitales, que se habría cometido como conexo a los anteriores mediante la utilización de sociedades pantalla carentes de actividad mercantil y movimientos internacionales de capital "que siguieron estructuras sofisticadas de ocultamiento del dinero". Ese sería el caso de las sociedades Arroyo de Lagasca SL, Karistia Maroc SRL o Kamaroc y Castelino BV. Estas dos últimas, con domicilio social en Marruecos y Holanda, "tendrían como misión primordial ocultar los beneficios dimanantes de los anteriores delitos y ser instrumento para su comisión bajo apariencia de una actividad mercantil".
En relación con el delito de organización o grupo criminal, José de la Mata asegura que existen indicios de que las mercantiles y sus propietarios, junto con funcionarios extranjeros y otras personas "se concertaron para apropiarse de importantes cantidades de dinero mediante un complejo sistema de sociedades pantalla y una red de colaboradores; recibir dinero de distintas empresas españolas en atención a su función pública, con la promesa de intermediar para conseguir contratos en el extranjero; abonar sobornos y comisiones a funcionarios extranjeros para conseguir adjudicaciones de contratos y quedarse para sí importantes comisiones de éxito premio por el buen fin de las gestiones".
Según el juez, "la actividad criminal se extendía desde la ideación del sistema hasta la puesta en marcha de los instrumentos societarios y la red de agentes; la celebración de los acuerdos con las distintas sociedades y empresas para asegurarse pagos y comisiones; la celebración de acuerdos con funcionarios públicos de otros países a los que abonarían comisiones y sobornos; y la percepción posterior de nuevas comisiones en caso de éxito de las gestiones".
Nueva vertiente en Argelia
José de la Mata ha ampliado la causa después de que la Fiscalía haya ampliado su querella por supuestos pagos a funcionarios públicos de Argelia relacionados con un contrato de obra para instalar una estación desaladora en Souk tleta y una obra del tranvía en Ourgla por la empresa International de Desarrollo Energético del grupo Elecnor. Según explica, Elecnor abonó a la sociedad holandesa Castelino BV al menos 1,64 millones de euros.
Además, el juez ha incluido en su investigación a José Luis Tomé Becerra, hermano del querellado Cristobal Tomé Becerra, en relación con la obra de tranvía de Ouargla por valor de 230 millones de euros, que fue adjudicada a Elecnor, Assignia y Rover Alcisa constituidas en UTE, "que habría asumido la posición de su hermano y cedido a la comisión del 3% del importe de la obra a la sociedad United Consultancy Services".