La mayoría de los medios recogía este lunes el auto de un juez que por primera vez autoriza una exhumación en el Valle de los Caídos. Una decisión, sin embargo, jurídicamente sorprendente y técnicamente inexplicable en la que el juez, bien por desconocimiento o por otras razones, estaría jugando además con las legítimas esperanzas de una familia de encontrar los restos de sus antepasados y darles una sepultura digna.
Y es que, según la opinión de expertos consultados por Libertad Digital, es altamente improbable que los restos de los dos hermanos -Manuel y Antonio Ramiro Lapeña Altabás- se encuentren entre las decenas miles de enterrados en el Valle de los Caídos y, en cualquier caso, no se puede probar ni una cosa ni la contraria, ya que no hay ni una sola prueba documental de su presencia.
Además, en el hipotético caso de que se encontrasen en el lugar en el que los sitúa el auto judicial, ni tan siquiera sería posible acceder a ellos, según un informe forense elaborado por encargo del Ministerio de Justicia en febrero de 2011, siendo responsable del departamento el socialista Francisco Caamaño.
Imposible saber si están allí
En el Valle de los Caídos descansan los restos de 33.847 personas, 12.410 de los cuales nunca han sido identificados y se trasladaron al complejo tras pasar años en fosas comunes de diversos tipos –desde fusilamientos ilegales en la retaguardia hasta víctimas de batallas- y ubicadas por toda España.
Desgraciadamente, los restos de Manuel y Antonio Ramiro Lapeña Altabás estarían en este segundo grupo, el de los que nunca han sido identificados. En diversos procedimientos judiciales anteriores –el caso ha pasado ya por varias instancias, incluyendo el Tribunal Supremo y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, negándose hasta ahora todos a autorizar la exhumación- los demandantes dieron por sentado que los restos se correspondían con los que según la documentación del Valle se encontrarían en los columbarios 2.129 a 2.135 que estarían en la tercera planta de una de las capillas del osario: la del Santo Sepulcro.
Lo cierto, sin embargo, es que no hay ninguna constancia documental ni de ningún otro tipo de que los Lapeña Altabás estén entre estos restos, que según la documentación del Valle se correspondían a unas 81 personas que habrían llegado, eso sí, de la zona de Aragón, pero de los que no se tiene ninguna información sobre las identidades.
No obstante, en principio estos restos tampoco se corresponderían con los buscados, al menos según el mapa de fosas creado por el Ministerio de Justicia y al que se puede acceder a través de una página web y que no señala ninguna fosa en Calatayud cuyos restos se hayan transferido al Valle de los Caídos.
Sí hay varias cercanas –a no menos de 15 kilómetros- pero resulta muy poco razonable pensar que los muertos fueron trasladados a una distancia así para darles sepultura en una fosa común. Además, hay una fosa en la propia ciudad de Calatayud que, según la información del Ministerio, no habría sufrido ninguna intervención y en la que, por lo tanto, sería más lógico pensar que se encuentran los cuerpos buscados.
Hay que tener en cuenta, además, que la mayor parte de los traslados se produjeron entre 1959 y 1964, lo que supondría que antes de llegar al Valle habrían pasado, como mínimo, más de dos décadas enterrados. Además, a su llegada a Cuelgamuros no se inspeccionaron los restos, ni se dató si iban acompañados de objetos personales o cualquier otra cosa que pudiese ayudar en la identificación.
Imposible llegar a ellos
Aún más llamativo resulta que, de encontrarse los restos de los Lapeña Altabás allí donde el juez presupone pese a no tener ninguna prueba, sería imposible acceder a ellos, tal y como certificó el informe forense sobre "Viabilidad de Identificación en el Enterramiento del Valle de los Caídos" que, con fecha de 15 de febrero de 2011, firmó para el Ministerio de Justicia el forense Andrés Bedate Gutiérrez.
El citado documento se elaboró siendo ministro de Justicia el socialista Francisco Caamaño y con Alfredo Pérez Rubalcaba como vicepresidente y ministro de Interior. En el mismo se detallaba osario por osario el estado de los columbarios –las cajas que contendrían los restos– y las posibilidades para la identificación.
En el caso de los columbarios que el juez ha dado como lugar en el que se encuentran los Lapeña Altabás, estos se encontrarían en el nivel tercer de la Cripta del Sepulcro, al que es imposible acceder. Así lo explica el forense:
Retirado el material de obra que recubre el acceso, se comprueba la imposibilidad de acceso al presentar la entrada una obstrucción por columbarios dispuestos a modo de muro. La posibilidad por lo tanto de valorar el interior de estos niveles es imposible. Según los datos que nos han sido aportados en los libros de registro, en total, en estos niveles habría 5.334 columbarios y 10.215 posibles ingresos (restos óseos).
Es decir, no hay forma de acceder a estos columbarios sin destrozar antes otros y, además, estamos hablando de una zona en la que podría haber restos de más de 10.000 personas.
Incluso si estuviesen en los espacios más cercanos, los otros niveles de la misma cripta, sería imposible encontrarlos, ya que el mismo forense detallaba en su informe que los columbarios se han roto, "mezclándose el contenido de los restos de un columbario a otro".
Por si no fuese suficiente, el mismo informe señala algunos problemas más: el primero que, por el mal mantenimiento de algunos espacios, especialmente por las filtraciones de agua que son abundantes en el Valle de los Caídos, se han realizado traslados de restos de unos espacios a otros que no figuran en ningún documento, por lo que no hay certeza real de dónde está cada columbario.
Además, muchos de los columbarios no están identificados, bien sea porque han perdido esa identificación por el deterioro que vienen sufriendo, bien porque ni siquiera la llegaron a tener en un primer momento.
En definitiva, la conclusión del informe, que meses más tarde asumiría la comisión de expertos nombrada por Rodríguez Zapatero para "dar una solución" a la situación del Valle, era que "la identificación individual de los restos óseos depositados en las criptas y/o capillas queda casi imposibilitada dado el estado de los columbarios observados y el esparcimiento de los restos por las criptas y/o capillas".
¿Delito de profanación?
Los informes demuestran, por tanto, que es imposible tan siquiera encontrar cualquier cadáver enterrado en el Valle sin manipular gran cantidad de restos de otras personas.
Esto supondría, tal y como señala la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos en un documento entregado a Patrimonio Nacional –que recordemos que es la entidad pública que tiene encomendada la gestión del monumento– después de que se hiciese público el fallo judicial, que este hecho podría suponer un delito de profanación, tipificado en el artículo 526 del Código Penal.
De hecho, los problemas legales para exhumar cuerpos en el Valle de los Caídos era algo que ya apuntaba y reconocía el informe que la comisión de expertos de Zapatero publicó en noviembre de 2011:
"En todo caso, es evidente para la Comisión, que la satisfacción de dichas demandas [en referencia a las peticiones de exhumaciones de familiares], si técnicamente fuera posible, exige evaluar previamente los problemas legales que se plantearán- derechos de las familias que puedan tener intereses contrapuestos- así como el volumen de recursos personales y materiales precisos".
En resumen, y respetando siempre el derecho de una familia a encontrar el paradero de sus fallecidos y darles una sepultura digna, tal y como recuerda el juez en su auto, lo cierto es que parece que el magistrado ha ignorado o desconocía aspectos esenciales del caso antes de tomar su decisión.