Según el código ético de la presidenta Cristina Cifuentes, cualquier miembro popular de la Asamblea de la Comunidad de Madrid que sea imputado deberá entregar su acta. El juez de la Operación Púnica ha consumado el penúltimo paso para tomar la temperatura al reglamento interno del PP regional: el paso previo a la apertura de diligencias contra el diputado Daniel Ortiz. Desde su juzgado en la Audiencia Nacional, Eloy Velasco ha elevado una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Madrid en la que profundiza en los serios indicios de corrupción que apuntan al aforado, al que solo podría investigar el alto tribunal autonómico.
Daniel Ortiz habría levantado la mano en uno de los mayores pelotazos de la Operación Púnica. El juez manifiesta abiertamente su intención de investigar al diputado madrileño porque habría favorecido a la empresa Cofely, una de las más activas de la trama, en la concesión de un contrato de 73 millones de euros durante su etapa como alcalde de Móstoles. Se refiere a la adjudicación de "suministros y servicios energéticos y mantenimiento integral con garantía total de los edificios municipales y centros educativos del municipio". A cambio, varios miembros del Ayuntamiento habrían cobrado comisiones irregulares de hasta medio millón de euros.
El juez Eloy Velasco entiende que la conducta del aforado Daniel Ortiz sería constitutiva de los delitos de fraude contra la administración pública, tráfico de influencias, uso de información privilegiada, infidelidad en la custodia de documentos y revelación de secretos e informaciones y cohecho.
Las piezas del engranaje
No escatiman en detalles los 74 folios de exposición razonada de Velasco para el impulso de la investigación. El juez apoya sus sospechas en numerosa documentación, escuchas telefónicas, correos electrónicos y declaraciones policiales y judiciales que obran en el procedimiento. Las actuaciones se enmarcan en la sexta pieza separada de la operación Púnica, relativa a presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos entre Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid y la multinacional Cofely.
La exposición circunscribe los hechos al municipio de Móstoles. Durante el mandato de Daniel Ortiz como alcalde del municipio entre 2013 y 2014, "se han detectado presuntos actos de corrupción" en beneficio de Cofely “con un ánimo de lucro personal como contrapartida”, explica el magistrado. Un ánimo de enriquecerse que atribuye al propio exregidor y también a quien fuera su concejal de Medio Ambiente, Alejandro Utrilla, y su hermano Mario, otro diputado regional en la anterior legislatura y antiguo alcalde de Sevilla La Nueva. Velasco considera que "que se erigieron como intermediarios en las negociaciones del cobro de dádivas".
Entre los miembros del presunto engranaje corrupto, por parte de Cofely señala al director del departamento comercial, Constantino Álvarez, al responsable de mercado público, Pedro García Pérez, así como al director general de la compañía en España, Mauricio Didier. El juez subraya por último la importante participación de David Marjaliza, supuesto cerebro de la Púnica que disfruta de un régimen de libertad provisional gracias a su colaboración con la Justicia. El empresario habría intervenido como como asesor comercial externo de Cofely, como conseguidor del contrato, como intermediario con los políticos y como intermediario en los pagos de las comisiones.
Presiones a cambio de comisiones
En su intento de reconstruir los hechos, Eloy Velasco narra cómo Daniel Ortiz recabó información sobre el avance del concurso público para la adjudicación "prevaliéndose de su posición como alcalde de la localidad". Según el juez, interfirió en el proceso reglado de decisión de la llamada Mesa de Contratación, intercambió informes con Cofely e incluso presionó a funcionarios para que se decantasen por la multinacional preferida por la trama Púnica.
Gracias a los mencionados informes que recibió Cofely, los empleados de la compañía elaboraron un "contra-informe anónimo para excluir al competidor mejor baremado hasta entonces", apunta el magistrado, que acercó a los políticos comprados del consistorio a su objetivo.
La meta no era otra que el cobro de comisiones. La exposición razonada detalla que las irregularidades se materializaron a cambio de comisiones que se repartieron en pagos de diferentes cantidades: figuran ingresos de 240.000 euros, 500.000 euros y 6.000 euros "como reconocimiento a su ayuda para obtener el contrato".