Contrataron el alquiler de unas oficinas en para el Ayuntamiento de Vitoria por un precio "muy superior" al del mercado. El Tribunal de Cuentas atribuye esta conducta irregular a Alfonso Alonso, ministro de Sanidad en funciones y presidente del PP vasco, y el vicesecretario Sectorial de la formación, Javier Maroto. El órgano encargado de la gestión económica del Estado ha condenado a ambos dirigentes a pagar 393.000 euros por estos hechos, que se produjeron en 2007, cuando Alonso era el alcalde de Vitoria y Maroto el delegado de Hacienda.
El alquiler de las oficinas por un período de 20 años costó al Ayuntamiento de la capital alavesa 7.6 millones de euros. El propietario había adquirido ese mismo local apenas un año antes a cambio de 2.7 millones. Este litigio aterrizó en febrero de 2015 en el Tribunal de Cuentas, que impuso una fianza conjunta de medio millón de euros a Alonso, Maroto y al resto de ediles de aquel Gobierno municipal investigados en la causa.
Perdón y dimisión
A raíz del fallo del Tribunal de Cuentas, que carece de relevancia penal, el portavoz del partido socialista en el Ayuntamiento de Vitoria, Peio López de Munain, ha animado a los dirigentes del PP a "pedir perdón" por el alquiler de San Antonio: "Éste es el resultado de la brillante gestión económica de la que siempre alardea Maroto, ésta es la ruta social del PP: esquilmar fondos públicos a beneficio de terceros".
Por su parte el diputado de Podemos, Juantxo López de Uralde, ha solicitado su inhabilitación como candidatos en las próximas elecciones generales del 26J. Además, la secretaria general de la formación morada en Euskadi, Nagua Alba, ha añadido que "la corrupción del PP también está en Euskadi" y que es "muy necesario que estén mucho tiempo lejos de las instituciones".
Por último, desde IU, Equo y Alternativa Republicana han pedido la dimisión tanto de Alonso como de Maroto: "No pueden continuar en la gestión pública. Actuaron contra los intereses de la sociedad".