La aplicación de la reválida de 6º de Primaria está siendo caótica. El Gobierno está en funciones desde hace meses y las elecciones generales, a la vuelta de la esquina. Y eso se nota. País Vasco ya ha anunciado que no la realizará; Cataluña tampoco, hace la suya propia sin seguir lo que dicta la Lomce, igual que Navarra y Canarias; las ocho comunidades gobernadas por el PSOE no obligarán a los centros a hacer el examen: aseguran haber encontrado una forma de esquivar la ley, esto es, trasladan a los centros la responsabilidad de realizarla o no. "Esta es la forma de sortear la Lomce sin ser insumisos, pero siendo conscientes de que esto es un desastre", declaró horas antes de la reunión con el ministro de Educación la consejera socialista de Aragón, Mayte Pérez.
Por si esto no fuera poco, dos comunidades gobernadas por el PP no han realizado la prueba estrictamente como marca la ley. Son Castilla y León y Galicia. Los consejeros populares han admitido que las evaluaciones finales de Primaria en sus respectivas comunidades autónomas fueron realizadas por profesores de los propios centros educativos en vez de por personal externo, aunque nunca por los mismos profesores que imparten clase a los alumnos. El real decreto por el que se regulan las pruebas de evaluación de Primaria, aprobado en noviembre del pasado año, dice expresamente en su artículo 7.1 que la aplicación de la reválida la tienen que realizar funcionarios externos al centro.
Pese a ello, el consejero gallego del ramo, Román Rodríguez, ha defendido que el método utilizado por ellos para las pruebas de evaluación cumple con todos los requisitos legales, ya que los profesores del mismo centro educativo fueron "colaboradores" de la prueba y una comunidad externa ha sido la que "ha validado" el proceso. Según ha señalado, se trata de la misma fórmula marcada por el Ministerio para Ceuta y Melilla y ha culpado a las comunidades del PSOE de lanzar con este asunto "una cortina de humo" para tapar su decisión de no realizar la prueba de Primaria. "Es una cortina de humo para justificar su no cumplimiento", ha insistido.
En la misma línea se ha mostrado el consejero de Castilla y León, Fernando Rey, quien ha justificado que esta decisión se adoptó para solventar los problemas logísticos que hay en su comunidad, más extensa que todo Portugal y con numerosas zonas rurales de pocos alumnos. "La esencia es que la prueba sea externa. Y para respetar su espíritu la han corregido profesores que no son los que dan clase a los niños pero sí pertenecen al centro", ha argumentado mostrando su confianza en la "imparcialidad" de todos los profesionales de la educación.
"Las leyes no son un menú a la carta"
"La Inspección vigilará la evaluación que hagan las comunidades autónomas", ha avisado el ministro después durante la rueda de prensa posterior a la Conferencia Sectorial, en la que ha advertido de que se podría llegar a un "contencioso administrativo con aquellas comunidades que no han cumplido (con la ley)". Hay que recordar que la reválida de Primaria no tiene ningún efecto académico para el alumno, sólo tiene un carácter pedagógico y orientativo para la familia y los profesores.
En este sentido, ha dicho que las leyes "no admiten atajos" ni son el "menú a la carta de un restaurante", sino que "hay que cumplirla en su totalidad". No obstante, ha admitido que los consejeros de Andalucía, Aragón, Cantabria, Asturias, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Extremadura y Baleares, todavía no han puesto en marcha esta reválida, que "van a hacerla", pero que él les ha recordado que "tienen que cumplir la ley".
Son precisamente estas comunidades gobernadas por el PSOE o por formaciones nacionalistas las que más reticencias han puesto desde siempre a este modelo, llegando a estirar los plazos para cumplir la ley hasta situarse en plena campaña electoral. De hecho, varios consejeros han hablado abiertamente de este escenario.
No a las reválidas de ESO y Bachillerato
Tampoco están dispuestas a realizar las reválidas de ESO y Bachillerato. Éstas sí tienen consecuencias académicas: su nota cuenta y son necesarias para obtener el título. Eso sí, en 2017, cuando tendrá lugar la primera convocatoria, la prueba de Bachillerato no tendrá aún todos los efectos: contará para la nota de acceso a la Universidad pero el alumno podrá titular. A pesar de que también ha habido cesiones por parte del Gobierno en el caso de la reválida de Bachillerato [que sustituirá de facto a la Selectividad], las autonomías díscolas siguen exigiendo de pleno que se retire.
En concreto, han pedido al ministro que retire el proyecto de real decreto que regula las evaluaciones externas de ESO y Bachillerato de la LOMCE y que mantenga el curso que viene 2016-2017 la Selectividad.
El sindicato ANPE pide "cumplir la ley"
Tal es el grado de caos y rebeldía de la situación que el presidente del sindicato de profesores ANPE, Nicolás Fernández Guisado, ha pedido a los consejeros socialistas que "cumplan la ley". Fernández Guisado ha calificado de "irresponsable" su decisión de "dejar en manos de los centros" la forma de realizar la evaluación final de Primaria.
En este sentido, el representante de ANPE ha criticado la decisión, que considera "una prueba más de que el sistema educativo está tremendamente ideologizado", y ha pedido que la oposición a las leyes se haga desde el Parlamento. "No nos gusta la Lomce, lo hemos dicho muchas veces, pero lo que hay que hacer son propuestas para cambiarla cuando haya una nueva mayoría. Todo esto no tiene ningún sentido", ha manifestado en declaraciones a Europa Press.
"Si hay una ley orgánica que está en vigor, con independencia de que nos guste más o menos hay que cumplirla. Se debe realizar la prueba y el ministerio debería liderar y obligar a cumplir la ley y que se realice en todos los centros".