Los cada vez más escasos periódicos de papel andaluces –El Mundo cerrará su edición andaluza- dan cuenta de una prescripción más en el juzgado de la juez Núñez Bolaños, y van veinte beneficiarios. En este caso, la prescripción es relevante porque afecta a Manuel Jiménez Barrios, cuando fue alcalde de Chiclana en 2003 y que ahora es el número dos de Susana Díaz en el gobierno andaluz.
Nadie duda de que la continuidad de la Junta y el PSOE de Andalucía, en una previsible marcha de Susana Díaz a regir los destinos de Ferraz, está en su número dos, Manuel Jiménez Barrios, vicepresidente andaluz y consejero de Presidencia que ya sustituyó a "Sultana Díaz", nuevo mote de la trianera, cuando se dio de baja por maternidad.
Aunque la prescripción sea obligada, no pueden olvidarse los motivos por los cuales del "fondo de reptiles de los ERE salieron más de 400.000 euros" para "auxiliar" a un grupo de alcaldes socialistas en diferentes proyectos. Uno de ellos fue el proyecto de una feria en Chiclana que impulsaba Manuel Jiménez Barrios. Mismo fondo de dinero, mismo modus operandi: dinero público, fines partidistas, opacidad total.
Una breve historia del caso
Fue el propio ex director general de Trabajo de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero, imputado en el caso de los ERE el que propició el desvío de 414.000 del "fondo de reptiles" a proyectos de ferias comerciales en 13 municipios como Alcolea del Río, Coria del Río, Guadalcanal, Chiclana o la pedanía jerezana La Barca de la Florida, todos ellos gobernados por el PSOE.
Y fue el mismo Guerrero el que recordó la presencia de Jiménez Barrios en la operación cuando dijo en 2014 que "hay más personas que mediaron en ayudas, como el consejero y vicepresidente Manuel Jiménez Barrios, en Chiclana".
Este fue el documento decisivo que mostraba la solicitud firmada por el propio Jiménez Barrios:
Los 13 municipios estaban gobernados por el PSOE y no hubo convocatoria pública.
El 'Chiqui' de Chiclana
Nacido en Bornos (Cádiz) y primero perteneciente al clan de Alcalá de los Gazules, llegó a ser el alcalde de Chiclana durante 10 años. Siempre en segundo plano, tuvo su oportunidad en la Operación Alcalá que diseño José Antonio Griñán para desactivar al poderoso clan que dominó el socialismo andaluz durante la mayoría de los años de gobierno de Manuel Chaves. Los viejos del PSOE de Cádiz le consideran el "Bruto" de la conspiración.
Durante su mandato municipal esencialmente, Chiclana fue una ciudad a la que dejó con miles de viviendas ilegales denunciadas incluso por Greenpeace y la Fiscalía de Cádiz. Jiménez Barrios, cuyos orígenes profesionales se relacionan con las brochas gordas en la Diputación de Cádiz, fue, Naturalmente enchufado como denunció IU, y luego consiguió una plaza de listero del almacén de la institución gaditana. Pasaba lista, vigilaba y controlaba, como hace ahora para Susana Díaz.
Chiqui tuvo que ver con un hotel plagado de irregularidades construido por el otrora famoso empresario Luis Portillo, bien relacionado con el PSOE de Manuel Chaves. A pesar de sus cinco estrellas fue tratado de convertir en colección de apartamentos de venta libre. El propio Portillo, en una carta, reconocía la operación "horizontal" y dijo contar con el beneplácito del entonces alcalde, Manuel Jiménez Barrios, el Chiqui.
Chiqui de Chiclana, conocedor como pocos del aparato interno del PSOE del que ha recorrido casi todo el escalafón - sucedió a Leonardo Chaves en la responsabilidad de los Deportes de la Junta tras coincidir con él en la empresa pública Estadio Olímpico de Sevilla. Tras la salida de Chaves, cambió de bando y se unió a la corte de Griñán y Susana Díaz.
Ahora prescribe una de sus posibles imputaciones, pero los hechos reales sólo prescriben judicialmente. Siguen ahí, en la memoria de muchos y en las hemerotecas.
Bolaños sigue firmando prescripciones
Uno de los cinco nuevos autos que archivan causas es el relativo a Jiménez Barrios. Con él ya son 20 de los 270 imputados, casi un 10 por ciento, las personas beneficiadas por las prescripciones. Según ellos, los presuntos delitos de prevaricación y malversación han prescrito para los beneficiarios de estas cinco ayudas pero no los responsables políticos que otorgaron las subvenciones y ha citado a declarar, entre otros, a Guerrero para el próximo 30 de junio. Igualmente ha citado a declarar al propio Jiménez Barrios, pero en calidad de testigo sobre los hechos.
En las manos de la juez Bolaños hay otra decisión que podría ser decisiva y escandalosa. Admitir la nulidad de la llamada "causa política" de los ERE, que es lo que piden las defensas de los imputados principales. La Fiscalía Anticorrupción ha rechazado la nulidad de las actuaciones pedidas por cuatro ex altos cargos de la Junta.
La petición de nulidad deriva de la decisión de la juez Bolaños de "ceder" su instrucción al magistrado de refuerzo del juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, Álvaro Martín.
Recuérdese que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y el Consejo General del Poder Judicial consintieron repartir la investigación de las macrocausas del juzgado, en el que se instruyen casos como los ERE, los cursos de formación, Mercasevilla y los avales de la Junta.
Este reparto es precisamente el motivo de petición de nulidad de los imputados que consideran que su caso debe ser instruido por la juez natural del caso, esto es, por la propia Núñez Bolaños.