Jaume Asens, teniente de alcalde de Derechos de Ciudadanía, Participación y Transparencia del Ayuntamiento de Barcelona, tiene a la Guardia Urbana en pie de guerra. Asens, estrecho colaborador de Colau y uno de los ideólogos de Barcelona en Común, presionó a la abogada del cuerpo policial para que no pidiese prisión preventiva para un mantero que agredió e hirió a un agente de la policía local.
La brutal agresión está recogida en un vídeo que muestra cómo un vendedor del top manta le atiza con una rama de árbol de considerable grosor, longitud y flexibilidad a un desprevenido agente de la Guardia Urbana desprovisto de casco. Le provocó una brecha en la cabeza que requirió cuatro puntos de sutura. Los hechos se remontan al miércoles 18 de mayo, la semana pasada. Identificado el agresor, fue detenido y puesto a disposición judicial. Y la Guardia Urbana, es decir, el Ayuntamiento, se personó como acusación particular.
Dado que los servicios jurídicos municipales fueron externalizados por contrato hasta 2018 por el anterior alcalde, el convergente Xavier Trias, la representación legal de la Guardia Urbana corre a cargo de Paz Vallés, del despacho Molins y Silva (conocidos por la defensa de Félix Millet en el caso Palau), quien recibió dos llamadas de Jaume Asens para que se abstuviera de pedir prisión preventiva para el mantero. Tras la primera llamada, la abogada consultó con su despacho, que se puso en contacto con los mandos de la Guardia Urbana. Estos les pidieron que no hicieran caso al edil y se ratificaran en la petición.
Al cabo de unos minutos, la abogada recibió otra llamada de Asens insistiendo en el particular y dando a entender que era la voluntad de la alcaldesa. El Ayuntamiento se debía limitar a pedir que el detenido se presentara cada semana en el juzgado. Paz Vallés hizo caso omiso y se sumó a la fiscalía en la demanda de prisión provisional.
Mandos desautorizados, agentes desprotegidos
A pesar de que ninguno de los dos "implicados" en las llamadas ha hecho declaraciones públicas respecto al contenido de las conversaciones, ha trascendido, corrido como la pólvora y provocado una nueva crisis entre el equipo de Colau y la Guardia Urbana, un cisma de consecuencias imprevisibles y que podría desembocar en dimisiones en el cuerpo y actos de protesta de los agentes.
Los mandos se sienten desautorizados constantemente y los agentes, desprotegidos y en la diana del equipo de gobierno. Tras el caso Garganté, en el que el concejal de la CUP intentó que un médico cambiara un parte de lesiones de otro mantero para acusar a la Guardia Urbana, Colau reaccionó anunciando la disolución de la Unidad de Ayuda Policial de la Guardia Urbana, que ejercía funciones de antidisturbios, una histórica reivindicación de la CUP, okupas y grupos antisistema. En esta ocasión, Colau alega que Asens no presionó a la abogada sino que se trató de un intercambio de impresiones entre colegas, dado que Asens es letrado. De hecho, era el principal abogado de los colectivos de okupas y antisistema antes de acceder al gobierno municipal en las elecciones de hace un año.
La oposición y los sindicatos de la Guardia Urbana han pedido el cese de Asens. El malestar de los agentes con la alcaldesa y sus concejales es notorio y se plantean movilizaciones ante lo que consideran un "proceso de criminalización" de la policía local.
Graves disturbios en Gràcia
Colau ni siquiera contempla regañar a su teniente de alcalde. La disolución de los antidisturbios de la policía local barcelonesa le ha evitado a la alcaldesa ocuparse del desalojo del denominado "Banco Expropiado", unos bajos comerciales que albergaban un "centro cívico" espontáneo. Han sido los Mossos d'Esquadra quienes han tenido que lidiar con la violencia extrema que se desató tras una marcha de protesta anoche en el barrio de Gracia, con coches y motos incendiados, contenedores volcados y escaparates rotos.
A pesar de todo, los violentos acusan a la alcaldesa de cómplice y han amenazado con convertirse en su "peor pesadilla".