El capricho del destino ha engendrado una curiosa fotografía matinal en los Juzgados de Plaza de Castilla en Madrid. Dos personas vinculadas al Partido Popular que sienten hacia sí un "asco" recíproco han acuñado un duro cruce de acusaciones. Uno de ellos pertenece actualmente a la formación como vicesecretario de Acción Sectorial, Javier Maroto, mientras que el otro desempeñó con más sombras que luces el cargo de tesorero y se ha convertido en el enemigo público número uno, Luis Bárcenas.
Maroto y Bárcenas no han llegado a coincidir por cuestión de un par de horas. Aunque no ha sido impedimento para que, cada uno en su turno, lanzara un dardo envenenado a través de los medios de comunicación, ahora con más atractivo si cabe en medio del pulso entre el exgerente y el PP por la supuesta existencia de la contabilidad B.
"A las cosas por su nombre"
Javier Maroto ha aterrizado alrededor de las 10 de la mañana en el Juzgado de Instrucción nº 11 de Madrid. Estaba citado como investigado a colación de una querella interpuesta por el propio Bárcenas por injurias a su persona. El escrito de acusación del exgerente hace referencia a unas palabras que le dedicó el vicesecretario de Rajoy en una entrevista en Telecinco. Éste es un pequeño fragmento de aquella intervención: "Es un tipo que me da asco. No puedo ni verle, le deseo una larga estancia en la cárcel para que tenga tiempo suficiente de escribir sus memorias".
Lejos de modificar este postulado ante la Justicia, Maroto se ha mantenido firme en sus afirmaciones. Así se lo ha trasladado a la salida del interrogatorio a los medios presentes: "Me he reiterado en las manifestaciones que hice en relación a la repugnancia que este señor me genera y sobre todo, para mi esto es lo importante, por el daño causado al crédito del trabajo que hacen miles de afiliados simpatizantes del Partido Popular alrededor de toda España".
No existe ningún relieve penal en aquellas declaraciones, según el vicesecretario. Para Maroto solo se trata de "una opinión ejercida bajo la libertad de expresión. La denuncia se produce porque no estaba acostumbrado a que alguien le dijera las cosas sin pelos en la lengua. Yo creo que hay que llamar a las cosas por su nombre y no me arrepiento de haber dado mi opinión sobre él", ha concluido el investigado.
Como colofón, se ha respaldado en la voz de los simpatizantes: "Juntos hay que luchar contra esta lacra y decir que la actividad política merece la pena".
"Político de escaso nivel"
Únicamente la coincidencia ha querido que Luis Bárcenas acudiera a las mismas dependencias judiciales en la misma jornada. Estaba citado por otro delito de injurias, blanco de una querella del sindicato de prisiones que le reclama 50.000 euros. El motivo se encuentra en una entrevista para la revista Interviú en la que el antiguo gerente del PP aseguró que, durante sus 19 meses de reclusión en la cárcel de Soto del Real, vio cómo los funcionarios propinaron "palizas y vejaciones" a los presos donde no había cámaras.
Los dos personajes enfrentados en esta historia no han compartido espacio ni tiempo pero, conociendo ya el extesorero las declaraciones de Maroto, sí ha aprovechado el turno de respuesta. Su intención era exclusivamente la de brindar réplica; en primer lugar porque hacía tiempo que no atendía a preguntas y, en segundo, porque del tema por el que llegaba como imputado se ha limitado a desmentirse: "No, en absoluto, no vi agresión ninguna".
Zanjado el tema de la prisión, Bárcenas ha entrado en el terreno de la descalificación personal: "De Maroto, lo único que puedo decir es que una persona, un político, aunque sea de escaso nivel como éste, que no crea en la presunción de inocencia, se descalifica por sí mismo. A mi me produce repugnancia, un asco tremendo y, quizás, en fin, podría calificarlo de alguna forma adicional". Para terminar, el exsenador ha alimentado una mentira: "Quiero recordarles que Maroto ha sido condenado por el Tribunal de Cuentas, es decir, es reo en estos momentos, por un delito que en analogía penal, sin perjuicio como dicen los jueces de posterior calificación, estaría calificado de malversación de caudales públicos e incluso prevaricación". El enunciado es falso, puesto que las condenas de ese órgano carecen de relieve penal.