El movimiento okupa está en pie de guerra. El Ayuntamiento de Barcelona se desentiende del desalojo del Banc Expropiat, unos bajos comerciales en la Travesera de Gracia que albergaron antaño una oficina bancaria. Desde 2011 estaba en manos de colectivos antisistema que organizaban mercadillos, clases de idiomas y repartían ropa, libros y comida, según una versión. Otra incide en que hacían negocio con productos de segunda mano y eran una molestia para los vecinos. Este lunes, los antidisturbios de los Mossos d'Esquadra (los de la Guardia Urbana han sido disueltos) cumplieron la orden judicial de "desahucio". Esa noche, el centro del distrito ardía literalmente. Doscientos individuos quemaron coches y motos, volcaron contenedores, rompieron escaparates, saquearon un supermercado e intentaron prender fuego a una furgoneta de los Mossos.
Anoche volvió a haber incidentes, si bien de menor gravedad. Un grupo de quinientas personas trató de reokupar el local, pero una carga de los Mossos disolvió y dispersó a los concentrados hacia el sur de la ciudad. Los okupas amenazan con continuar con las algaradas y el vandalismo. Han mandado un mensaje a las autoridades: "Lo de Can Vies será una broma en comparación con lo del Banc Expropiat".
Dos años de la batalla de Can Vies
Precisamente este jueves se cumplirán dos años del intento de desalojo de Can Vies y Ada Colau lleva un año y un día al frente de la ciudad. Los activistas de todo tipo y condición están profundamente decepcionados con su alcaldesa. Su reacción ante los sucesos del Banc Expropiat ha dejado helados a sus partidarios, que denuncian la "institucionalización" de la exactivista y su apoyo a la propiedad a la privada. "Es un asunto entre particulares", declaró la alcaldesa, que el pasado enero dejó de pagar el alquiler del citado local. ¿Un local okupado en alquiler?
El alquiler que pagaba el Ayuntamiento
Tras los sucesos de Can Vies (un edificio de propiedad municipal), que significaron el principio del fin del mandato del alcalde convergente Xavier Trias, éste decidió evitarse otro problema en Gracia y llegó a un acuerdo con el propietario del local Banc Expropiat. El Ayuntamiento pagaría el alquiler mensual, la nada desdeñable cifra de 5.500 euros. Los okupas afirman que se enteraron de la situación por unas declaraciones en la pasada campaña de la exconcejal convergente del distrito, Maite Fandos, jactándose de haber logrado la "paz social" en el barrio.
Al no renovar Colau el contrato, el propietario acudió de nuevo al juzgado y ha recuperado, en teoría, su propiedad. La alcaldesa se ofrece a encontrar otro sitio a los miembros del Banc Expropiat, pero como en el caso de Can Vies, el local de Travesera de Gracia es ya un símbolo. Los colectivos que lo utilizaban no quieren un casal municipal, sino volver a su estratégico enclave. Hace algo más de un año, Colau se habría puesto de su lado. Ahora es Trias quien justifica el pago del alquiler bajo el argumento de que se desarrollaban actividades culturales y cumplía una función social en el barrio.
Tácticas de guerrilla urbana
Los Mossos están en estado de alerta. Vigilan discretamente el entorno del Banc Expropiat por si se producen nuevos intentos de asalto. Los okupas anuncian más movilizaciones y amenazan a la alcaldesa con convertirse en su "peor pesadilla".
De momento, han celebrado su primer año de mandato con dos noches de kale borroka en Gràcia, uno de los distritos donde más apoyo tuvo su candidatura. La policía catalana advierte que los doscientos violentos portaban mazas, sierras y mochilas con material inflamable y estaban perfectamente coordinados. Los agentes sólo pudieron practicar una detención. Quince policías fueron atendidos en urgencias de diversas lesiones. Los mandos de los Mossos alertan de las tácticas de guerrilla urbana que emplean los violentos y de la medida planificación de sus ataques.
Derivada parlamentaria con la CUP
Las dos noches de violencia en Gracia tienen una derivada parlamentaria. La CUP canceló el martes toda su agenda institucional en protesta por la actuación de los Mossos. Los presupuestos que acaba de presentar el vicepresidente de la Generalidad Oriol Junqueras dependen del apoyo de los diez diputados cuperos. Está en juego el desenlace de la legislatura, se habla abiertamente de la posibilidad de unas nuevas elecciones autonómicas y la CUP tiene un nuevo argumento para romper el pacto de estabilidad, la "violencia" policial y los desalojos de okupas.