"Porque no se ha cometido ningún delito; nadie ha hecho nada malo", por eso Mario Pascual Vives ha reclamado la libre absolución de su cliente, Iñaki Urdangarin, para quien la Fiscalía pide la mayor pena en el juicio del caso Nóos: 19 años y medio de cárcel. También ha elevado a definitivas las conclusiones su exsocio Diego Torres, cuyo letrado Manuel González Peeters ha sostenido que, transcurrida la fase de valoración y prueba de la vista, no hay motivos suficientes para condenar a su representado ni a un solo día de los 16 años y medio de prisión que plantea Anticorrupción.
La infanta Cristina ha ido más allá. Uno de los miembros de su equipo jurídico, el abogado catalán Pau Molins, no solo ha solicitado la libre absolución, sino que reclama una condena en costas para Manos Limpias por "abuso de Derecho, el daño que ha hecho a doña Cristina de Borbón" y haber mantenido la acusación a cualquier precio con "intereses espurios". El letrado se ha sumado a la batería de ataques al sindicato, la única parte que pide para la hermana del Rey ocho años de cárcel como cooperadora necesaria de dos delitos fiscales y ha anunciado que en la últimas fechas del juicio será "aún más duro”.
"La infanta y la familia se encuentran bien, con ganas de que termine este trámite, esperemos que para San Juan haya terminado el juicio", ha concluido Molins. Por su parte, Pascual Vives ha dejado constancia de que Urdangarin ha consignado un total de 1,2 millones de euros a efectos de reparar los posibles daños causados.
Sí existió delito
Según Anticorrupción, Urdangarin y Torres lideraron desde el Instituto Nóos una trama empresarial con la que lograron apoderarse de hasta 6,2 millones de euros de las Administraciones públicas eludiendo los requisitos exigidos por las normas de contratación pública. Este trámite procesal de conclusiones de los acusados ha dejado una evidente contradicción: mientras que los principales sospechosos han negado cualquier atisbo delictivo; otros, principalmente autoridades políticas y el exasesor fiscal Marco Antonio Tejeiro se han conformado total o parcialmente con la petición de condena del Ministerio Público.
El otro asesor fiscal de la trama Nóos, Salvador Trinxet; Alfonso Grau, exvicealcalde de Valencia; los acusados de la Generalitat Valenciana Lobón, Vela, Maldonado y Aguilar; y Mercedes Coghen, consejera delegada de Madrid 2016, también han pedido la libre absolución.
Como ya ocurrió en el turno de las conclusiones de las acusaciones, el expresidente Jaume Matas se ha apuntado la mayor modificación. Su lectura concuerda en parte con las de Anticorrupción: admite que dio la orden de contratar a Nóos en la oficina de proyecto del equipo ciclista y los Illes Balears Fórum pero no que mandara pagar los 400.000 euros a Urdangarin. Los miembros de su equipo en el Gobierno balear Juan Carlos Alía, Gonzalo Bernal, Miguel Ángel Bonet y Pepote Ballester, han aceptado las reclamaciones del fiscal Horrach –de en torno a dos años de prisión sustituibles por multas– reconociendo delitos de malversación y fraude a la administración.
Las acusaciones expondrán sus informes finales esta misma semana y después será el turno para que los integrantes del banquillo, si lo consideran, ejerzan su turno de última palabra.