En este último mes, varias sorpresas judiciales socavan la confianza en la profesionalidad, preparación e independencia de los jueces. La última, el archivo de la investigación contra el consejero de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellano, contra el criterio de la Fiscalía. El segundo, de hace unos días, la rectificación de la juez Bolaños de un nuevo auto de imputación de Gaspar Zarrías. El tercero, el caso Nazarí, caso cuyo sumario sigue secreto a pesar de las acusaciones de "desconocimento del sumario" que una de las investigadas, la ex concejal del Ayuntamiento de Granada, Isabel Nieto, dirigió a la juez de instrucción.
Archivo de la causa contra el consejero Arellano
Con una rapidez inusual en la Justicia, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha archivado provisionalmente la causa contra el consejero de Economía y Conocimiento de la Junta de Andalucía, Antonio Ramírez de Arellano.
Pero al margen de su ocurrencia en plena campaña electoral con claros beneficiarios políticos, su gravedad radica en el argumento. No sólo considera el tribunal andaluz que "no existen indicios suficientes" de la comisión de los presuntos delitos de prevaricación y falsificación en la adjudicación de la construcción del edificio universitario conocido como Centrius.
Lo más grave es que en la sentencia, contra el criterio de su propia Fiscalía Superior, se hace hincapié en que un superior no tiene por qué conocer los detalles de las órdenes que firma. En un contrato de 34 millones de euros, el TSJA no cree que el denunciado "conociera los datos de los licitadores que habían concurrido a los mismos, ni cómo se habían documentado las ofertas y demás trámites administrativos ni, en definitiva, que se hubiera producido cualquier tipo de irregularidad respecto de los mismos", además de considerar que el denunciado "no participó en el proceso selectivo".
Esto es, dice el auto de sobreseimiento, que "las autoridades y funcionarios de alto rango no pueden conocer minuciosamente todos los detalles de los documentos que les son sometidos a la firma, y generalmente deben fiarse de los informes técnicos que los avalan". Los procesados por la trama política del caso ERE estarán de enhorabuena porque es exactamente lo que Manuel Chaves, José Antonio Griñán y otros, defienden.
El caso de la juez Bolaños
La juez María Núñez Bolaños dictó un auto imputando de nuevo y por segunda vez al exconsejero Gaspar Zarrías en la pieza separada de los ERE, que ella misma troceó, y que investiga los 66 millones pagados en sobrecomisiones relacionadas con las pólizas suscritas para prejubilaciones en expedientes de regulación de empleo.
Pero a los pocos días, la misma juez cuya formación en Derecho Penal está resultando ser insuficiente, dictaba otro auto en el que levantaba la imputación al exconsejero de la Presidencia Gaspar Zarrías porque era un error.
"El error, ahora advertido, es manifiesto, como se desprende de la simple lectura de los autos, por lo que procede su rectificación", dice la juez y dejar sin efecto la vinculación de Zarrías con la pieza de las sobrecomisiones.
Hoy mismo ABC da cuenta del "descafeinamiento", otro más, de la causa de la formación fraudulenta en Andalucía especialmente en su vertiente política. Mientras que la juez Alaya creía que el fraude fue posible porque desde la Consejería de Empleo tuvieron que darse órdenes de mirar para otra parte a sus propias delegaciones, como ocurrió en el caso ERE y su trama política, la sustituta, la juez Bolaños, parece desinflar la tesis de la "red del clientelismo político" que incluso puede ser archivada.
De hecho, la juez Núñez no ha pedido nuevos informes a la Guardia Civil sobre los exresponsables de Empleo por lo que el caso parece diluirse en irregularidades administrativas sin consecuencias penales.
La Operación Nazarí
Cuenta la exconcejala del Ayuntamiento de Granada, investigada en el caso, cómo se produjo la actuación policial en su departamento de Urbanismo. Dice así: "El registro de la delegación de Urbanismo del día 13 de Abril, no fue tal registro. Sencillamente el edificio fue rodeado de policías desde las 7.30 de la mañana, para pedir, aproximadamente sobre las 12 del medio día, una serie de expedientes, que gustosa y amablemente les fueron facilitados por los funcionarios. Algo que podían haber obtenido igualmente por conducto oficial, sin desalojar el edificio ni cortar las calles."
Muchos de los expedientes estaban publicados en el Boletín Oficial de la Provincia pero hubo otros papeles que no se llevaron. Lo cuenta así la propia exconcejal: " El día 13 de abril, diez meses después de haberse presentado la denuncia, era urgente cortar las calles y desalojar un edificio entero para pedir el expediente del Plan Parcial N-2 del año 2005, que está publicado en el BOP, el proyecto de urbanización del año 2006, que también está publicado en el BOP, la reparcelación de las fincas del año 2006, inscritas en el Registro de la Propiedad, el expediente de licencia de obras de 2006, el expediente de la licencia de primera ocupación del año 2011, el expediente de una expropiación para desvío de un barranco del año 2013, y un expediente iniciado de innovación del plan parcial en trámite desde el año 2013 para modificación de espacios públicos. En total siete expedientes relacionados con el mismo ámbito, algunos en trámite y otros finalizados. Eso es la operación Lince. Y no se quisieron llevar el expediente de ejecución de los avales, todavía no sabemos por qué. O sí que lo sabemos?".
Hace pocas fechas, Libertad Digital publicó que Nieto acusó a la juez del caso de no conocer las diligencias que estaban en cajas precintadas.