Hay 18 juzgados investigando el caso del fraude de la formación. En Jaén, la responsabilidad recaía en el juzgado de instrucción número 4 de Jaén. Pero este miércoles, según Europa Press, ha acordado archivar la investigación sobre los cursos de formación en la provincia que se seguía contra la exdirectora provincial del SAE, Irene Sabalete, y otras 14 personas más, entre técnicos, jefes de servicio y jefes de departamento, al no haber encontrado "irregularidad alguna en el control que la administración realiza de la ejecución de los cursos para los que se otorgan las subvenciones".
El caso Irene Sabalete
El caso de Irene Sabalete fue muy notable. Recuérdese que en un audio impresionante, grabado por uno de los asistentes, Sabalete, candidata en las elecciones de 2012 por Jaén, conminaba a un grupo de directores de organismos de la Junta relacionados con el Empleo a hacer campaña electoral a favor del PSOE o, en otro caso, a no seguir trabajando en la Junta de Andalucía.
Irene Sabalete fue detenida en la operación de la juez Alaya por el fraude en los cursos de formación. Fue delegada de empleo en Jaén, durante el primer Gobierno de Griñán, hasta mayo de 2012. El consejero de empleo era entonces Manuel Recio, diputado del Parlamento andaluz en la Legislatura recién terminada.
Sabalete ordenaba a sus subordinados que dejaran su trabajo en la oficina y se dedicaran a hacer campaña. Era una revelación muy gráfica de cómo se hacen las campañas electorales en el PSOE andaluz. Es más, les invitaba directamente a hacer una campaña de presión cara a cara, como si fueran "testigos de Jehová", que es a lo más se parece, según ella, lo que les estaba pidiendo. Las elecciones a las que se refiere son las de marzo de 2012. Las palabras de Sabalete mostraron con claridad cuál es el modo de proceder de determinados altos cargos de la Junta.
Las conclusiones del Interventor
Las relativas a los procedimientos y gestión de las subvenciones, dejaban claro que no había constancia documental de los criterios utilizados para la selección de los cursos solicitados y baremación otorgada a las entidades beneficiarias.
Asimismo, se desconoce el procedimiento y los criterios que han servido de base para la selección de los alumnos. En todos los expedientes examinados consta una resolución provisional de solicitudes presentadas, baremación y selección de alumnos pero el 37% de dichas resoluciones carecían de firma como algunas listas de alumnos.
La inexistencia de documentación en el procedimiento de selección de beneficiarios y alumnos impedía comprobar la objetividad de los criterios utilizados, ni se conocía la calidad de los cursos ni si habían servido para la reinserción laboral de los alumnos. Para colmo, había disparidades notorias en las retribuciones de los docentes, entre 13,91 euros/hora y 210 euros/hora.
En cuanto a los fondos recibidos y su justificación, en más de la mitad de los expedientes analizados no había memoria explicativa de los criterios de imputación aplicados a costes directos, asociados y otros costes por parte de las entidades.
En el caso del personal (docente y de colaboración) no se ha pudo comprobar si los costes de Seguridad Social y/o la imputación aplicada había sido la correcta. En un 50,90% de los expedientes analizados no constaba la certificación de haber incorporado el pago en la contabilidad del beneficiario con indicación del asiento contable y en un 37% no se aportaron contratos: de personal (docente y de colaboración), arrendamiento (aulas, equipos, material, etc.).
Tampoco había facturas o eran de fechas diferentes a las obligadas y así sucesivamente hasta concluir en que la legalidad no se cumplió en el caso de Jaén. Pero según el auto de archivo "no existen razones para suponer, sospechar o presumir que los fondos que la Junta destina al pago de tales subvenciones fueran malversados con el visto bueno, autorización o por desidia".
Sospechas sobre la UDEF
El Juzgado, en su auto, alude a que ha sido la Policía la que había seleccionado los expedientes investigados por el presunto fraude de las subvenciones en Jaén, "desconociendo quién resuelve los criterios de selección" en un claro intento de hacer recaer sospechas sobre las actuaciones de la UDEF.
Finalmente, destaca el auto que la actuación de los técnicos "no aparece irregular en absoluto y que resulta manifiestamente absurdo finalidades espurias por los responsables de la administración que se debaten y no se acreditan, como clientelismo electoral".
Precisamente, la mayor parte de los que ven su caso archivado por la Justicia declararon como testigos en la comisión de investigación que está llevando a cabo el Parlamento andaluz.