En 2012, la Junta decidió el recorte total de la paga extra de diciembre a todos los funcionarios y empleados públicos andaluces. Pero ocultó que excluyó de esta medida a ciertos empleados de su administración "paralela". Ahora ha salido a la luz el agravio a los demás empleados públicos gracias al informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas relativo al año 2014.
Textualmente, el informe de la Cámara de Cuentas dice lo siguiente:
"…se han llevado a cabo cuatro actuaciones que se refieren a fundaciones: Progreso y Salud, FISEVI, FIMABIS y FIBAO, al objeto de comprobar la correcta aplicación de las medidas de ajuste en materia de gasto de personal, así como de otras medidas previstas en la normativa aplicable. En los cuatro informes emitidos en 2014 la opinión es desfavorable, señalándose, entre otras, las siguientes incidencias:
- No modificar los estatutos para definir al personal que ejerce funciones de alta dirección (FISEVI y FIBAO).
- No aplicarse la medida relativa a la eliminación de la paga extra o equivalente al mes de diciembre de 2012, ni se realiza la reducción de retribuciones (FISEVI, FIMABIS y FIBAO).
- No reducirse en todos los casos en un 10% la jornada laboral, así como las retribuciones del personal laboral (Progreso y Salud, FISEVI y FIBAO). En ésta última fundación no consta si la cuantía asignada a la distribución de cualquier concepto retributivo variable por la consecución de objetivos, se haya reducido un 10%. En dos fundaciones (FIMABIS y FIBAO) no se aplica tampoco la reducción de la jornada laboral al personal contratado.
- Respecto al personal directivo de la Fundación Progreso y Salud, no consta documentalmente si sus contratos han sido modificados para adecuarlos a sus retribuciones para 2013; así mismo, en algunos casos, las retribuciones percibidas superan a las fijadas para el titular de la Presidencia de la JA.
Esto es, como dice ABC, la Junta "perdonó" el recorte de la extra a empleados de sus fundaciones, elementos de la administración paralela erigida por la Junta para eludir las obligaciones del Derecho Administrativo y penetrar la administración andaluza con personal contratado arbitrariamente y sin pasar las pruebas objetivas a que se someten los funcionarios. Además, la Cámara de Cuentas subraya que los sueldos de algunos directivos de estas entidades, teóricamente sin ánimo de lucro, superan las retribuciones de la presidenta.
Dicho de otro modo, hubo 1.250 empleados privilegiados por la Junta que no sufrieron la paga extra de Navidad en 2012, recorte traumático ordenado por la Junta con fundamento en la crisis económica y la reducción del déficit.
Los beneficiarios de esta grosera discriminación del gobierno de Susana Díaz fueron la Fundación Pública Andaluza para la Gestión de la Investigación en Salud de Sevilla (Fisevi), la Fundación Pública Andaluza para la Investigación de Málaga en Biomedicina y Salud (Fimabis) y la Fundación Pública Andaluza para la investigación Biosanitaria Andalucía Oriental (Fibao).
Además, no todo el personal perteneciente a las Fundaciones Progreso y Salud, Fisevi y Fibao sufrió la reducción del 10% la jornada laboral y las retribuciones, como sí les ocurrió al resto de interinos y temporales de la Junta que aún pugnan por recuperar los derechos perdidos al mismo ritmo que los funcionarios de la Administración central.
Por si fuera poco, a los 136 empleados de la fundación Fibao, dedicada a promover la investigación en Andalucía oriental, "no consta" que se les recortara en otro 10% la cuantía asignada a conceptos retributivos variables por la consecución de objetivos, incentivos al rendimiento y complementos de productividad.
La guinda la ponen algunos directivos de estas fundaciones cuyas "retribuciones percibidas superan a las fijadas" para la presidenta andaluza, Susana Díaz, que ascienden a 64.446,36 euros durante el presente ejercicio. Según la Junta, ningún directivo ni cargo público podría cobrar más que la presidenta de la Junta, norma que se salta a la torera no sólo en estas Fundaciones sino en Canal Sur.
Recuérdese que los demás empleados públicos no privilegiados por la Junta tendrán que esperar hasta 2018 para que la Junta les devuelva íntegra la extra. La Consejería de Hacienda y Administración Pública se comprometió con los sindicatos a abonar, de manera progresiva y a partir del próximo septiembre, el 75% de la paga suprimida.
Ahora, en campaña electoral, el PSOE ha prometido la jornada de 25 horas en la administración andaluza, la mayor empresa de la región ya que su personal supone casi el 10 por ciento de la población activa andaluza (270.000 empleados).