Se están cumpliendo sistemáticamente las profecías que la juez Alaya incluyó en su informe, duro informe, elevado al Consejo General del Poder Judicial para intentar mantener bajo su control las macrocausas - ERE, formación, avales -, cuya instrucción inició y desarrolló hasta su defenestración definitiva.
Una de ellas, que el troceo del caso de la formación conduciría a dar relieve a los árboles perdiendo de vista el bosque y su consecuente tratamiento no como trama organizada para delinquir sino como acumulación de irregularidades administrativas, ya ha empezado a cumplirse.
Lo dijo de este modo: "La división de los cursos respecto de la investigación de la Delegación provincial de Empleo y el servicio central pulverizaría de un plumazo lo que puede ser una prevaricación-malversación para convertirlo en irregularidades administrativas". Clavado.
A tres días de la jornada de reflexión electoral, la juez Nuñez Bolaños, que decidió la división del caso de los cursos, ha querido dejar claro, y por ello así lo ha recogido la agencia EFE, que la causa "política" del caso de la formación será archivada y que todo será considerado meramente un conjunto de irregularidades administrativas. Pero el archivo anunciado no ha tenido efecto judicial, sino electoral, porque el archivo real se producirá como mínimo dentro de varios meses.
Recuerda El Mundo que, contra el criterio de la juez Alaya, el auto del pasado 21 de diciembre emitido por la nueva titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla accedió a la pretensión de la Fiscalía Anticorrupción y troceó esta macrocausa en nueve piezas separadas.
Las nueve piezas son estas:
1) La relativa al exconsejero Ángel Ojeda (más de 33,3 millones de euros), caso Delphi incluido.
2)El caso Velasco, número 2 de José Antonio Griñan forzado a dimitir por los cursos subvencionados a la empresa de su esposa.
3,4,5,6) Los casos irregulares observador en cuatro consorcios de la Junta (Ciomijas, Formades, Forman y CTI.
7) Caso relativo a las subvenciones recibidas por el conglomerado del empresario Pérez González
8) Caso de la gestión de fondos de la Fundación Pública Andaluza Fondo Formación y Empleo (Faffe)
9) Caso de la gestión de subvenciones del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), considerada la causa política puesto que era este servicio de la Junta quien controlada el conjunto de las subvenciones sufragadas con dinero de la Junta.
Del juzgado de instrucción número 6 de Sevilla, que rige Núñez Bolaños, se filtró ayer a EFE que sería la pieza política, el caso de las subvenciones al SAE, la que será archivada dentro de unos meses.
Lo sorprendente es que se anuncia el archivo a unos días de las elecciones cuando la instrucción no ha terminado e incluso hay fijadas para septiembre dos comparecencias, la de la interventora provincial de Sevilla, Victoria López Gutiérrez y la de la ex directora general de Formación Profesional, Autónomos y Programas para el Empleo,María Teresa Florido, cuñada del ex consejero de la Junta, Ángel Ojeda.
Se anuncia su archivo antes de determinar si se admiten o no las nuevas diligencias para pruebas solicitadas por el PP, que quiere se incorporen a la causa "a la mayor brevedad" todos los informes de actuación emitidos por la Intervención y se detalle el estado en que se encuentran los expedientes de ayudas sobre los que había riesgo de menoscabo de fondos.
El precedente de este oportuno anuncio de archivo se sitúa en la actuación de otros juzgados que, al no tener el conjunto del caso, han archivado sus microcasos de ámbito provincial donde no detectan relaciones de las que pueda deducirse una trama organizada.
El juzgado de Instrucción número 4 de Jaén ha archivado la causa contra 15 personas, entre ellas la ex delegada provincial del SAE en Jaén Irene Sabalete, quien también está investigada por el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla. Fue la protagonista de unas famosas declaraciones donde conminaba a los empleados de la Junta a hacer campaña a favor del PSOE en 2012.
También se ha archivado la investigación el juzgado de instrucción número 5 de Sevilla sobre una ayuda concedida a la Asociación de Amigos y Familiares de Enfermos Mentales San Juan Grande, al no apreciar delito de malversación.
Lo que la juez Núñez Bolaños archivará
En marzo de 2015, la operación Barrado de la UCO, no de la EDEF que investigó en las provincias, conllevó la detención de 16 personas, todos altos cargos de la dirección general de Formación y de las delegaciones provinciales del Servicio Andaluz de Empleo (SAE). Su consecuencia fue la imputación de 24 personas por los presuntos delitos de prevaricación, malversación y fraude de subvenciones. Entre ellos, el exconsejero de Empleo de la Junta Antonio Fernández, imputado asimismo en el caso ERE; las ex directoras generales de Formación para el Empleo María Teresa Florido –cuñada del ex consejero Ángel Ojeda, también imputado en otra pieza separada- ; María José Lara; los ex directores generales Manuel Brenes y Andrés Sánchez; ocho ex directores provinciales del SAE y 11 jefes de servicio de Empleo.
Dicho con claridad, todas las irregularidades, ilegalidades e incumplimientos de la normativa vigente en las ocho provincias andaluzas durante muchos años, no son consecuencia de decisiones adoptadas por la Junta y de su responsabilidad global.
La juez María Núñez Bolaños archivaría esta causa amparada por el criterio de los interventores que han declarado en esta causa, todos ellos pertenecientes a la Junta de Andalucía, estimando que los hechos investigados por la Guardia Civil no tienen la naturaleza de delitos más allá de las posibles irregularidades administrativas. Lo curioso es que todos ellos, más los testimonios de innumerables testigos, encontraron numerosas irregularidades, favorecimiento a empresas y personas del PSOE e incumplimientos legales en las ayudas de la formación en toda Andalucía.
Las conexiones entre el PSOE y personas y empresas beneficiadas o el caso FAFFE, con decenas, cuando menos, de personas colocadas en su seno vinculadas al PSOE, no serán investigadas ni aclaradas.
LIbertad Digital publicó una relación sugerente de los innumerables casos de enchufismo detectados en esta rama de la administración paralela.
Errores de bulto en la instrucción de los casos
"Las máximas de seriedad y rigor necesario no se dan en María Ángeles Núñez frente a la experiencia y los resultados que humildemente, pero también de manera innegable, avalan mi trayectoria". Eso dijo Alaya en su informe al CGPJ y añadió su inquietud por la amistad de su sucesora con el actual Consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, que atacó en reiteradas ocasiones a la juez Alaya y sugirió un parecido entre Hitler y los jueces que quieren ser independientes. Alaya le llamó, recuérdese, "notorio detractor" de su labor.
Fue la Fiscalía la que alertó sobre la forma de instruir de la nueva juez, que consideró inadecuada, pero el error más sonado fue el de declarar como investigado (imputado) en otra pieza del caso ERE al exconsejero de Presidencia de Manuel Chaves, Gaspar Zarrías, para anularlo al día siguiente.
La voluntad declarada de la juez Bolaños al "trocear" las macrocausas era "agilizar" la instrucción de los macrocasos, pero la realidad es que sólo se ha cerrado una de las piezas del caso ERE, el de la trama política y ha sido consumado por su juez de apoyo, Álvaro Martín, mientras se asiste a la prescripción continua de presuntos delitos por parte de diferentes investigados.