Fuentes involucradas en este procedimiento lo describen como un conflicto que traspasa el ámbito de lo penal. El denominado caso Nicolay, es decir, la investigación al ya personaje público del pequeño Nicolás, ha derivado en "una disputa interna de la policía que el juez pretende elevar a cuestión de Estado". La intervención del comisario José Manuel Villarejo, de un lado, y de su homólogo Marcelino Martín-Blas, ha convertido las diligencias en un pulso de jerarquía marcado por los encontronazos pasados en el seno de las "cloacas".
Para comprender esta instrucción, hay que partir de un episodio en la Policía Nacional. De la relación tensa entre los dos comisarios anteriormente mencionados, nació una denuncia de Villarejo a Martín-Blas por "manipular pruebas" en la causa de Francisco Nicolás. El Ministerio del Interior de Jorge Fernández Díaz se alineó con el comisario Villarejo y cesó a Martín-Blas como jefe de Asuntos Internos de la Policía. En ese momento, el juez Arturo Zamarriego, titular del Juzgado de Instrucción nº2 de Madrid que instruye el caso Nicolay, incorporó al último como apoyo de la investigación. Martín-Blas "es la investigación", según fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital.
Los duros enfrentamientos que se han producido entre ambos comisarios, con acusaciones cruzadas de operar desde la intencionalidad política, han llegado a un juez que parece no estar dispuesto a archivarlo sin más. Zamarriego ha encargado la investigación a Martín-Blas, que ha puesto sobre la mesa la prueba sobre el que gira esta vertiente del caso Nicolay. Es una grabación de una conversación entre el propio comisario Martín-Blas y otros agentes de la Policía Nacional y del Centro Nacional de Inteligencia, el CNI. Los abogados de Francisco Nicolás han denunciado que en esta reunión se habla de crear pruebas contra su cliente.
El comisario Villarejo habría difundido esa grabación robada a determinados medios de comunicación. Aunque él lo niega, es la versión que sostiene su homólogo Martín-Blas en un informe que ha elevado al juez Zamarriego y en el que pide la imputación de Villarejo por delitos de organización criminal, falsedad documental, negocios prohibidos por funcionarios y revelación de secreto. En el mismo escrito, apunta a la mujer de Villarejo, Gemma Alcalá; al director adjunto operativo, Eugenio Pino, y otros miembros de la DAO de la Policía Nacional que habrían colaborado con Villarejo para obstaculizar la operación; y a los periodistas que difundieron el contenido de la grabación: Carlos Mier, Daniel Montero, Manuel Rico, Sandra Fernández, Eduardo Inda y Esteban Urreiztieta. Reclamaba incluso algunas detenciones.
Comparece Ignacio Cosidó
El juez ha desestimado hasta la fecha la mayor parte de la solicitud de Martín-Blas. Únicamente ha imputado al periodista Carlos Mier, que declaró la semana pasada, y al comisario Villarejo. El periodista investigado reconoció que llamó a Martín-Blas cuando se produjo la grabación, pero únicamente para contrastar información. De esta forma, no se identificó como el autor de la escucha irregular. Mier trabaja para el medio información sensible, vinculado a José Manuel Villarejo, que sería el responsable, según informes.
En el transcurso de la investigación, el juez había programado inicialmente para este lunes tres comparecencias. Declararían como testigos el propio Marcelino Martín-Blas y el director general de la policía, Ignacio Cosidó, al que no habían mencionado ni Fiscalía ni "la investigación", pero el instructor le había citado de oficio. También sometería a preguntas, en su caso como imputado/investigado, al comisario Villarejo. Arturo Zamarriego notificó su intención de interrogar a estas personas con poco margen de maniobra y Martín-Blas se encontraba de vacaciones, por lo que en primer momento se dejó este para el miércoles.
El juez se ha percatado hoy de que no es posible tomar declaración a Villarejo antes que a Martín-Blas, puesto que el imputado debe comparecer en último lugar para garantizar su derecho de defensa. Finalmente solo se ha producido este lunes la comparecencia de Cosidó. Según las fuentes antes señaladas, la declaración del director general de la policía ha aportado muy poco a la causa. Ingancio Cosidó ha sostenido que tuvo conocimiento a través del DAO de la grabación ilegal, pero no adoptó medidas internas porque trascendió a la prensa y el asunto se judicializó pronto.
Cosidó ha manifestado ante el juez que la Policía Nacional tiene medios técnicos para intervenir teléfonos, pero siempre lo hace previa orden judicial. No ha querido especificar qué unidades poseen estas herramientas, por razones de "seguridad y prudencia. Nosotros investigamos terrorismo."
Pese a que la Fiscalía se había opuesto a que Villarejo compareciera ante la Justicia en calidad de imputado, lo hará después de que declare como testigo Martín-Blas. No hay fecha definida, aunque será a partir del próximo jueves. Es otro litigio en el que se ve envuelto el comisario Villarejo, luego de que El País publicara que compaginaba su función como policía con la propiedad de al menos 12 empresas con un capital social superior a los 16 millones de euros. Quien se define a sí mismo como "agente encubierto", también ha tenido relación con la filtración de parte de la charla mantenida con Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid, dentro de la investigación en torno al ático de Estepona. El político llegó a acusar a Villarejo de haberle chantajeado, razón por la que el comisario denunció al dirigente madrileño ante los tribunales.