La portavoz del Ejecutivo presidido por Manuela Carmena negó este jueves de manera categórica que el nuevo modelo de seguridad -con jurados vecinales y toda una estructura paralela a la Policía Municipal- se haya aprobado. La propuesta existe, pero no ha sido idea suya sino de una consultora, a la que pagaron 16.450 euros, según publican varios medios. Se trata de un contrato menor al no superar la barrera de los 18.000, por lo tanto no tuvo que sacarse a concurso.
"El documento [publicado por el diario El País el pasado martes] no es del Ayuntamiento de Madrid, es de una consultora que es la que escribe la propuesta". Y explicó: "Cuando uno se acerca a un tema pide opiniones, recomendaciones y consejos a entidades, empresas o asociaciones -de la índole de la que se trate en cada caso- para solucionar los problemas de los que estamos hablando". Y reiteró que dicho documento no es del Consistorio sino que se trata de "una propuesta de una consultora especializada en este tema y como propuesta la recogemos y la estudiamos".
Por tanto, la idea de instaurar "jurados vecinales", "gestores de barrio" nombrados directamente por el Consistorio, o los "círculos de custodia ciudadana", entre otras, no está desechada, tal y como la portavoz puntualizó.
También insistió Rita Maestre en que el proyecto piloto de crear una Mesa de Convivencia fue aprobado por unanimidad de la Junta de Distrito de Centro. Fue un proyecto "que viene de la época de Gallardón, es recuperado por el PSOE y apoyado por todos los grupos de Centro". Por su parte, el concejal de Seguridad, Javier Barbero, señaló en Twitter el día que se conoció la noticia que "el Proyecto de Seguridad Comunitaria de Lavapiés se integra en la Mesa de Convivencia y se aprobó por unanimidad en el Pleno" de Centro.
Las medias verdades del Ayuntamiento
No están de acuerdo los grupos de la oposición con ninguna de las dos afirmaciones. Existen muchos matices o medias verdades formuladas estos días por los concejales del gobierno de Manuela Carmena. Una cosa son las Mesas de Convivencia y otra muy distinta ese Plan de Seguridad.
El asunto se remonta a la Junta de distrito celebrada el pasado 21 de enero. Allí, efectivamente, se aprobó por unanimidad la siguiente propuesta:
Instar al órgano competente a realizar un informe de análisis y evaluación del Plan de Mejora de la Seguridad y Convivencia en Lavapiés 2012-2015, con el fin de conocer el grado de cumplimiento de los objetivos del mismo e instar al órgano competente a la creación de una mesa de convivencia y seguridad en Lavapiés, en el cual deben estar representados el tejido asociativo del barrio, representantes de los partidos políticos y las instituciones necesarias para afrontar los problemas planteados por los vecinos y vecinas del Distrito.
"El objetivo de dicha Mesa de Convivencia era analizar los resultados obtenidos por ese plan" puesto en marcha por el Ejecutivo anterior del Partido Popular, señala en declaraciones a este periódico el portavoz de Ciudadanos en el distrito, Ignacio Perelló. Nada más.
Los grupos políticos de la oposición no volvieron tener constancia de nada relacionado con esas Mesas hasta que el 1 de julio les dan cita desde el propio Ayuntamiento. Pocos días antes, el 15 de junio, el concejal de Ahora Madrid y presidente del Distrito Centro, Jorge García Castaño, convoca una reunión del Consejo de Seguridad donde por primera vez aparece como primer punto del orden día el ya famoso Plan de gobernanza en materia de convivencia y seguridad en Lavapiés. En dicho encuentro "se habló de este plan sin profundizar en él", manifiesta Perelló.
Semanas después, como señalábamos, el concejal Castaño vuelve a dirigirse a los grupos para convocarles a la Mesa de Convivencia. Allí acuden PP, PSOE, Ciudadanos y funcionarios del Consistorio. También otras personas, entre las que se encuentra el profesor universitario Miguel Ángel Gandarillas. Pero no el edil de Ahora Madrid, que no hace acto de presencia. Es 1 de julio y la oposición asiste estupefacta a una "especie de taller" donde comienzan a hablarle "de gobernanza, jurados vecinales, círculos y custodia ciudadana". También acude un representante de la Delegación del Gobierno, que "pone el grito en el cielo". "Lo que plantean choca de frente contra el ordenamiento jurídico español".
Ante las críticas, el profesor Gandarillas matiza señalando que "es un proyecto que no está definido, que precisamente estas mesas de convivencia están para definir este plan", rememora Perelló. Así, tras el encuentro, el propio profesor envió un email a los representantes institucionales que acudieron al encuentro recomendando una serie de lecturas: Seguridad Ciudadana Comparada aplicada a la Sociedad Diversa, escrito por él mismo al alimón con Lorena Gómez, o La gobernanza de la Seguridad y la Justicia en la sociedad diversa. También en este caso la obra lleva su firma y la de Ángel Cueva.
No será la última reunión. Castaño vuelve a convocarles para el día de 5 de julio en el marco de esa Mesa de Seguridad y Convivencia. En el escrito de convocatoria, el edil hace referencia al acuerdo alcanzado en la Junta en enero y señala lo siguiente: "Queremos que la Mesa, además de lugar común para estudiar la situación de la seguridad en el barrio y plantear medidas conjuntas de actuación, sea el embrión de los diferentes espacios y órganos a desarrollar dentro del Plan de Gobernanza de Seguridad y Convivencia del barrio de Embajadores". Otra vez aparece en una comunicación oficial del Consistorio el Plan de Gobernanza. Y la excusa para desarrollarlo, las Mesas de Convivencia aprobadas por unanimidad en la Junta.
Pero la reunión se celebra justo unas horas después de que El País develara en su portada dicho plan. De tal manera que Castaño acude ya a esa reunión con una fuerte polémica generada, así como con la respuesta oficial de rechazo manifestada por todos los grupos en el contexto del debate sobre el estado de la ciudad, que precisamente se celebró ese día.
"Políticamente hay que ser honestos"
"Políticamente hay que ser honestos", se queja Perelló. "El que gana unas elecciones tiene el derecho de realizar sus políticas y a presentar sus planes. Pero lo que no puedes hacer es aprovechar un acuerdo unánime de los grupos para colar un documento que no está aprobado por unanimidad y que no tiene nada que ver".
"Es una situación delirante", lamenta la portavoz de la formación centrista en el Consistorio. Begoña Villacís es tajante con esta cuestión: "Tanto el orden penal como el administrativo no admite el arbitraje, es ilegal" y recuerda que una propuesta muy parecida ya estaba incluida en el programa electoral con el que Ahora Madrid concurrió a las pasadas elecciones municipales. "Parece que pretenden extender una red clientelar". Se refiere Villacís a una de las ideas recogidas en este plan: el gestor de barrio, que sería nombrado directamente por el Ayuntamiento, tal y como aparece recogido en ese documento de propuesta presentado desde la Junta de Centro.
Por su parte, el portavoz adjunto del PP, Íñigo Henríquez de Luna, acusa a Maestre de "faltar gravemente a la verdad" cuando afirma que el Plan no es un documento oficial del Ayuntamiento. Así, el popular recuerda el orden del día del pasado 15 de junio del Consejo de Seguridad del Distrito al que antes hacíamos referencia. "Además, después ha habido dos reuniones donde se ha presentado este Plan". Para Henríquez de Luna "el Gobierno municipal no sólo miente sino que está manipulando un acuerdo plenario, porque lo que se aprobó fue la creación de una mesa para abordar los problemas de seguridad y convivencia en el barrio de Lavapiés; en ningún caso para crear una demencial e ilegítima administración paralela".
Desde el sindicato mayoritario de la Policía Municipal están también radicalmente en contra. "Cómo vamos a aceptar órdenes de un gestor de barrio", se pregunta Julián Leal, portavoz del Colectivo Profesional de la Policía. Desde el Consistorio no se les ha informado en ningún momento de este plan; se enteraron por los medios. "Si este es el Ayuntamiento de la transparencia y el diálogo…", denuncia. Y centra fundamentalmente sus críticas en ese gestor de barrio, del que dependerían los agentes. Recuerda que los policías vienen desarrollando labores de mediación desde hace años. "¿No será mejor que las sigan desarrollando personas que se han preparado una oposición, que son funcionarios independientes?"
"Es un proyecto que nace muerto porque no tiene encaje jurídico", apunta y concluye que el objetivo del Ejecutivo local "es tener controlada a la Policía".