El PSOE aspiraba a que Patxi López repitiera en el cargo de presidente del Congreso, pero el acuerdo entre PP y Ciudadanos, salvo sorpresa de última hora, aleja esa opción. Según fuentes socialistas, López saldrá de la mesa si no es reelegido ya que para sus dos puestos, Vicepresidencia y Secretaría, optan por la andaluza Micaela Navarro y el diputado por Segovia, Juan Luis Gordo.
Los socialistas prefieren que López no siga en el órgano de gobierno de la Cámara para que pase a ocupar un papel de más proyección política en el partido según las mismas fuentes, citadas por Efe. Pero hay una decisión que tendrá que tomar él: si renuncia o no al escaño para cobrar la pensión reservada a presidentes del Congreso. Ambas retribuciones son incompatibles.
El todavía presidente del Congreso tiene derecho a cobrar un total de 77.000 euros en concepto de pensión indemnizatoria por haber ejercido como tercera autoridad del Estado durante siete meses, los correspondientes a la cortísima legislatura tras el 20-D. Fue elegido para el cargo el 13 de enero de este año y este martes, si no hay acuerdo de la izquierda de última hora, lo dejará al formarse la nueva mesa.
Como tercera autoridad del Estado, informa Europa Press, Patxi López percibía mensualmente unos 13.750 euros incluyendo la asignación económica como diputado más el complemento como miembro de la Mesa del Congreso, la ayuda por ser parlamentario de fuera de Madrid y el dinero para gastos de representación y de libre disposición, todo ello multiplicado por catorce pagas. En total, una retribución anual superior a los 192.000 euros, la más alta de los altos cargos de la Administración General del Estado.
La pensión indemnizatoria para los expresidentes del Congreso está regulada en sendas leyes de Presupuestos: la de 1981 y la de 1986. El artículo 10 de la primera de estas normas fija su cuantía en el 80% del sueldo de la tercera autoridad del Estado y especifica que únicamente podrá cobrarse durante un plazo igual al que hubieran desempeñado el cargo con tope máximo de 24 meses. Es decir, López podrá recibir por esta concepto unos 11.000 euros al mes durante un máximo de siete meses.
Fue la Ley de Presupuestos para 1986 la que estableció, en su disposición adicional quinta, que es la Mesa del Congreso la que debe reconocer a los expresidentes esa pensión, que se percibe desde el mes siguiente al cese.
Es decir, será la Mesa del Congreso que se elija el 19 de julio, la que tendrá que dirigirse a López y darle quince días para elegir entre el escaño o la pensión ya que, las indemnizaciones por cesantía de los altos cargos son incompatibles con cualquier otro sueldo de carácter público o privado, en virtud de un decreto aprobado en verano de 2012 por el Gobierno de Mariano Rajoy.
Semanas después de aquella decisión del Consejo de Ministros, la Mesa del Congreso aprobó por unanimidad la fórmula para aplicar esa nueva norma en la Cámara, por la que la incompatibilidad afecta tanto a la pensión de los expresidentes como a la indemnización por cese a la que tienen derecho los diputados que cumplen determinadas condiciones.
Pero además, la Ley Reguladora del Ejercicio del Alto Cargo, aprobada en 2015, especifica en su artículo 7 que no podrá percibir una pensión indemnizatoria quien ejerza una actividad "pública o privada retribuida aunque se renuncie a su retribución".
Es decir, si quiere cobrar la cesantía, López tendrá que renunciar a su acta porque no le bastará con no cobrar su sueldo de diputado. Su predecesor, el popular Jesús Posada, decidió seguir en el Congreso en la anterior legislatura y no cobrar la indemnización que, en su caso, al haber estado más tiempo en el cargo, habría ascendido a unos de 307.200 euros en dos años.
Con independencia de que cobre o no la pensión, López podrá utilizar durante cuatro años el coche oficial y la escolta a la que tiene derecho los expresidentes del Congreso por motivos de seguridad.