La Fiscalía Superior de Cataluña ha puesto las cartas sobre la mesa; y su jugada no pasa por enviar a la cárcel a Artur Mas, Irene Rigau y Joana Otega por la consulta ilegal del 9N. A lo largo y ancho del procedimiento judicial se han manejado indicios de tres delitos: desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos. Los dos primeros conllevan únicamente penas de inhabilitación especial para ejercer cargo público. El tercero, que ha focalizado el debate por implicar hasta seis años de prisión, quedará fuera del escrito de acusación que ejerce el Ministerio Público.
Así lo ha adelantado la propia Fiscalía en un auto en el que desestima los recursos de los tres imputados por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a raíz de la consulta fraudulenta del 9N. Son el expresidente de Cataluña, Artur Mas, su mano derecha en el Gobierno, Joana Ortega, y la exconsejera de Educación, Irene Rigau. Los tres habían cargado contra el Ministerio Público por mantener una acusación que, a su juicio, cargaba un “contenido marcadamente político”. En base a su documento de alegación, ni malversaron dinero público para un fin fraudulento, ni desobedecieron la resolución del Tribunal Constitucional que suspendía la convocatoria, ni se sirvieron de su cargo político para organizarla.
Los tres investigados reclamaron el archivo de la causa poniendo en valor una supuesta conducta “responsable, cívica y pacífica”. Pero la Fiscalía Superior de Cataluña al menos ha mantenido que cometieron desobediencia y prevaricación al desoir las órdenes del TC, que cinco días antes de la celebración de la consulta había aclarado que se trataba de un procedimiento inconstitucional. Para el Ministerio Fiscal, los tres separatistas “pretendieron aparentar que el proceso quedaba exclusivamente en manos de ciudadanos voluntarios, cuando en realidad no fue así”. Es más, de la instrucción deduce que la iniciativa política se intensificó después de que se pronunciara el Alto Tribunal.
En lo relativo al delito de desobediencia, la Fiscalía entiende que Mas, Ortega y Rigau “conocieron y comprendieron perfectamente el contenido y efectos de la Providencia del Tribunal Constitucional, la cual era clara e inequívoca, y resueltamente decidieron no acatarla”. Respecto a la prevaricación administrativa, considera que “dejaron respectivamente de suspender oficialmente tanto la convocatoria como las decisiones administrativas concretas adoptadas para darle ejecución”.
La duda de la malversación
Del escrito que la Fiscalía Superior de Cataluña ha remitido al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña se extrae la posición que adoptará en relación al delito de malversación. El Ministerio Fiscal explica que la instrucción al completo del caso ha permitido conocer con detalle el proceso de contratación de todos los servicios relacionados con la organización del 9N “en un grado de detalle que no se tenía al inicio del procedimiento”. Según el escrito, de la indagación se desprende que los gastos para la consulta del 9 de noviembre de 2014 habían sido “comprometidos con anterioridad a la suspensión por el TC”, aunque algunos se abonaran con posterioridad.
Ahora la Fiscalía ha expresado su “margen de duda” en cuanto a si coinciden todos los elementos típicos de la malversación de caudales públicos, una duda que les impide incluir el delito en su informe de acusación. Esta decisión afecta en positivo al futuro judicial de Mas, Ortega y Rigau; y también podría beneficiar al diputado en el Congreso y portavoz rupturista, Francesc Homs, investigado por los mismos hechos en el Tribunal Supremo.