El Parlament está "fuera de la ley". Esa fue la expresión utilizada por los diputados de la oposición para describir el suceso, la votación de una resolución separatista de la "comisión de estudio del proceso constituyente". Los diputados de Junts pel Sí y la CUP, así como la presidenta de la cámara, Carme Forcadell, y el gobierno autonómico en pleno han llevado a cabo un acto de desobediencia explícita al Tribunal Constitucional. El desafío continúa, pero este último episodio supone un punto y aparte en el proceso, dada la ostentación en la desobediencia.
Agitado pleno en la cámara autonómica catalana. Tras una áspera sesión de control en la que el presidente de la Generalidad, Carles Puigdemont, defendió la legalidad de la apertura del "proceso constituyente" hacia una república independiente, los grupos de Junts pel Sí y la CUP pidieron la alteración del orden del día y la inclusión del acuerdo de la "comisión de estudio del proceso constituyente", un texto de los citados grupos en el que se diseñan las fases de la desconexión.
Se trata de un acuerdo de once puntos en el que se describen tres fases: "Proceso participativo, desconexión del Estado y convocatoria de elecciones constituyentes, y un referéndum para ratificar la nueva constitución", un desarrollo de la proclamación del pasado 9 de noviembre que el TC ya suspendió. Después de la interlocutoria del Constitucional dirigida a la mesa de la cámara, el pasado 19 de julio, los partidos separatistas acordaron acogerse al reglamento parlamentario para cambiar el orden del día y así intentar exonerar de responsabilidades a la presidenta de la institución, Carme Forcadell.
La petición de Junts pel Sí y la CUP desató un intenso debate procedimental con intervención de los servicios jurídicos, que advirtieron a Forcadell de que debía avisar a los diputados del carácter contrario a la Constitución del documento de la "comisión de estudio". Como era de esperar, el pleno sacó adelante el cambio con la mayoría de 72 diputados de los grupos citados.
A partir de ahí, Lluís Llach, presidente de dicha comisión, y Marta Rovira, la republicana portavoz adjunta de Junts pel Sí, tomaron la palabra para defender la resolución, mientras el resto de los grupos denunciaban la "farsa parlamentaria", en palabras del presidente del grupo popular, Xavier García Albiol. Inés Arrimadas, de Ciudadanos, se mostró particularmente dura y activa. Ambos anunciaron que se ausentarían de la cámara durante la votación para no participar de la ilegalidad. El socialista Miquel Iceta mostró su preocupación por el carácter "antidemocrático" de la hoja de ruta y la creación de una "asamblea constituyente" no sujeta a ningún control.
"Teología de la desconexión"
Joan Coscubiela, el representante Catalunya Sí que es Pot, la versión podemita en el parlamento regional, acuñó la expresión "teología de la desconexión" y censuró que los grupos separatistas "hacen grandes proclamas cada tres meses para luego no cumplirlas" y recordó que la cacareada desconexión debía haberse producido ya el 9 de noviembre del año pasado, cuando Junts pel Sí trataba de lograr el apoyo de la CUP para Artur Mas y firmó una soflama que daba por descontada la independencia de Cataluña desde ese momento.
C's y PP abandonan la cámara
La diputada de la CUP Gabriela Serra intervino para reiterar la mayoría parlamentaria de los partidarios de la independencia y el carácter de "mandato democrático" de las pasadas autonómicas. Los demás grupos recordaron a Junts pel Sí y la CUP que en número de votos no llegan al cincuenta por ciento.
Tras la intervención de Serra y cuando Forcadell anunció que comenzaba la votación, todos los diputados de Ciudadanos y el PP abandonaron el hemiciclo. El PSC se abstuvo de ausentarse de la cámara pero hizo constar que no participaba en la votación. La "desconexión" y el desafío al Constitucional se consumaron pasada la una del mediodía.
Cuestión de confianza, el 28 de septiembre
Por otra parte, Carles Puigdemont anunció que se someterá a la cuestión de confianza el 28 de septiembre. ERC prefería que ese debate se llevara a cabo antes del 11 de septiembre.