El Parlamento vasco ha aprobado este jueves la Ley de Reconocimiento y Reparación de Víctimas de Motivación Política. Sobre el papel, pretende paliar a los damnificados por la acción de las fuerzas policiales durante el periodo comprendido entre 1978 y 1999. El texto ha salido adelante con los votos del PNV y el Partido Socialista. Por su parte, el partido Popular y UPyD han votado en contra y EH Bildu se ha abstenido.
Esta ley cataloga como colectivo de víctimas que "no han sido reconocidas ni reparadas" hasta la fecha a personas que habrían sufrido la violencia de las Fuerzas de Seguridad del Estado y cuya existencia "ha quedado reconocida en informes de organismos internacionales de derechos humanos", expone la normativa. Sta nueva disposición prevé indemnizaciones de 135.000 por fallecimiento, 390.000 euros por gran invalidez, 95.000 euros por incapacidad absoluta permanente, 45.000 euros por incapacidad permanente total y 35.000 euros por incapacidad permanente parcial.
También cobrarán los casos de lesiones permanentes de carácter no invalidante, con un importe que se calculará en base a unos criterios asentados. El secretario general de Paz y Convivencia del Gobierno vasco, Jonan Fernández, ha celebrado que se reconozca a de las víctimas de abusos policiales. El problema es que, de alguna forma, la Ley equipara las víctimas de la lucha antiterrorista con otras que han sufrido la violencia de ETA.
El Partido Popular presentó varias enmiendas parciales al texto que,a su juicio, se ha tramitado "de forma exprés y ha habido ausencia de un debate sostenido y de más posibilidad de análisis de las cuestiones a regular". Por su parte, UPyD ha reconocido que el texto ha sido "mejorado", ya que "algunas cuestiones han sido aclaradas", aunque cree que no todas, como las que hacen referencia a su "encaje competencial".