Los 11 magistrados del Tribunal Constitucional han empleado una hora y cuarenta minutos en acordar y redactar una providencia que completa otro trámite. Un paso más en la lenta respuesta al órdago separatista. En este caso, el Pleno sí ha formulado lo que parece un último aviso a los diputados autonómicos de Juntos por el Sí y la CUP antes de abrir fuego con las posibilidades de acción que el Gobierno del Partido Popular les confirió en la última reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.
La resolución se lee en tres claves. En primer lugar, los magistrados han admitido a trámite el escrito que presentó el Gobierno donde alertaban del incumplimiento constante por parte del Parlamento de Cataluña de las prohibiciones del TC en relación a sucesivas iniciativas separatistas. Un documento que en tecnicismos jurídicos se llama incidente de ejecución, el segundo que presentaba la Abogacía del Estado en dos semanas aunque esta vez con la petición de medidas coercitivas para forzar el cumplimiento de sus decisiones. Esta admisión a trámite lleva aparejada por ley una suspensión provisional de la hoja de ruta rupturista. De esta forma, la apertura del proceso de separación queda sin efecto durante los próximos cinco meses a la espera de una decisión final que los jueces trasladarán cuando reciban las alegaciones del Parlamento de Cataluña y de la Fiscalía.
Punto número dos. El Tribunal ha notificado personalmente esta decisión al presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, a los demás miembros del Consejo de Gobierno de la Generalidad, al Secretario General del Parlamento, a los integrantes de la Mesa y, especialmente, a la presidenta del Parlamento catalán. Todo apunta a que Carme Forcadell sería el primer blanco si la Cámara sigue haciendo caso omiso a los requerimientos.
Y el último punto, que es el más esperado, el de las posibles medidas coercitivas. El Constitucional ha habilitado un plazo de 20 días -el mismo período de alegaciones- para que Forcadell y los demás miembros del Parlamento informen sobre el cumplimiento o no de la sentencia por la cual los magistrados tumbaron cualquier iniciativa separatista en el Parlamento catalán. Es decir, esperan documentos en los que quienes han protagonizado el desacato se pronuncien oficialmente: que digan abiertamente que frenan el proceso o que continúan con todas las consecuencias. Si no lo hacen, los magistrados amenazan con “la eventual adopción por el Tribunal de las medidas previstas en el artículo 92.4 de la LOTC, a saber:
- Cuantas multas económicas de hasta 30.000 euros sean necesarias para forzar la obediencia.
- Suspender de sus cargos a los que desde el Parlamento catalán desacaten o permitan el desacato de estas órdenes. La primera sería Carme Forcadell.
- La denominada deducción de testimonio; en otros términos, instar a la Fiscalía a que impulse un procedimiento por la vía penal. Por ejemplo, que acuse por delitos de desobediencia -que conlleva penas de hasta 18 meses de cárcel-.
¿Tibieza del Tribunal Constitucional?
Inmediatamente después de que el Tribunal Constitucional publicara la providencia se han sucedido lecturas de la misma. En es Noticia de es Radio, el catedrático en Derecho Constitucional de la Universidad de Santiago, Carlos Ruiz, ha calificado de blando el acuerdo adoptado por los magistrados. Se queja porque al ciudadano lo que le llega es otra espera, en este caso de 20 días, para ver si finalmente se aplican esas medidas o se sigue dilatando la respuesta contra el órdago separatista. Tal y como ha explicado Carlos Ruiz, al Constitucional se le puede achacar que simplemente haya suspendido cautelarmente el proceso separatista pero no haya actuado con contundencia, puesto que podía haberlo declarado nulo directamente.
Aunque otra lectura es que quizás se ha actuado con tibieza -y aquí aparecería el posible trasfondo político- desde el Gobierno. Porque este lunes los magistrados no podían ir más allá. Dado que el Tribunal Constitucional no estaba dispuesto a actuar de oficio, que la Abogacía del Estado haya tardado un año desde que se aprobó la reforma de la Ley Orgánica en reclamar consecuencias por conductas desobedientes que se vienen repitiendo en los últimos tiempos ha conducido a esta situación. Por la mencionada Ley, los jueces que componen este órgano tienen que disponer de un informe preceptivo con la postura definitiva del Parlamento (si frenan o continúan con el proceso separatista) antes de aplicar las medidas coercitivas. Como hasta la semana pasada el Gobierno no pidió esas medidas, ahora llega este nuevo plazo de 20 días que parece definitivo.