Ni diez días han pasado desde que se produjera una reunión cuanto menos pintoresca. Se celebró entre el 28 y el 30 de julio en la isla de Margarita, llamada la perla del Caribe y perteneciente al Estado de Nueva Esparta de la Venezuela federal. Allí acudieron cuatro hombres: un antiguo magistrado de la Audiencia Nacional; otro ciudadano español sin un rol determinado o, al menos, conocido; un empresario venezolano salpicado por la corrupción y un general chavista imputado en Estados Unidos por narcotráfico.
Más detalles de los protagonistas. El juez es Baltasar Garzón, quien fuera diputado socialista y titular del Juzgado Central de Instrucción nº5 de la Audiencia Nacional hasta febrero de 2012. Después de instruir importantes casos de crímenes contra la humanidad, terrorismo de ETA o corrupción política, fue inhabilitado por prevaricación al ordenar la recogida de escuchas ilegales a investigados en la trama Gürtel. El segundo español es Abel Torres Serrano. El empresario venezolano, Carlos Eduardo Urbano, cuenta con un amplio historial de corrupción, sobre todo por operaciones con una petrolera estatal. Por último, Hugo Carvajal, fue jefe de la Dirección de Inteligencia Militar del régimen chavista y ahora opera como uno de los capos del conocido cartel de los Soles, la estructura que ha venido operando en Venezuela en lo que testimonios califican como narcoestado. Estados Unidos reclama su extradición como imputado en causas por tráfico de drogas.
El encuentro se enmarca en medio del chaparrón de investigaciones por narcotráfico a figuras destacadas del chavismo. Sin ir más lejos, esta semana han caído otros dos altos funcionarios que ostentaron la dirección y subdirección de la Oficina Nacional Antidrogas.
El juez Garzón ha reconocido el encuentro en Margarita relatado por el diario ABC. Lo ha hecho a través de un comunicado oficial con el sello de su despacho de abogados Ilocad. De acuerdo con el texto, está coordinando un equipo para la redacción de un informe “sobre el origen, desarrollo, consistencia y respeto de las normas de debido proceso en las investigaciones abiertas en Estados Unidos”. En este contexto, añade, “se han mantenido y se mantendrán las reuniones que sean necesarias y precisas con todas las personas que deseen colaborar”. El jurista niega que ejerza como abogado de Carvajal y defiende su “absoluta autonomía, objetividad e imparcialidad” en la elaboración de un dossier cuya finalidad es, sobre el papel, la asesoría a los organismos nacionales e internacionales.
Traducido de alguna manera, Garzón trabaja en un dictamen para cuestionar la validez de los procedimientos utilizados por EEUU, documentos útiles para la defensa de varios miembros del Gobierno venezolano imputados por casos de narcotráfico. Personas como, por ejemplo, los sobrinos de Maduro que se encuentran presos en Nueva York por operar el envío de unos 800 kilos de cocaína, según la Fiscalía de Nueva York. Los letrados que conducen su defensa emplearon precisamente el argumento de partida del informe que elabora el exjuez español: que EEUU no respetó las normas de debido proceso.