Una orden de alejamiento de 300 metros. Quien fuera presidente del Partido Popular de Palma, José María Rodríguez, deberá permanecer fuera del perímetro marcado por el juez alrededor del Ayuntamiento y el Departamento de la Policía Local de la capital balear. Son las medidas cautelares impuestas por el instructor tras tomar declaración al exdirigente popular como imputado en una trama de corrupción urbanística que le obligó a dimitir a principios del pasado mes de julio. El titular del Juzgado de Instrucción nº12 de Palma, Manuel Penalva, ha advertido a Rodríguez de que, si incumple estas prohibiciones, será encausado como autor de un delito contra la administración de Justicia.
El juez considera al expresidente del PP de Palma el "artífice en la sombra del organigrama corrupto" creado para beneficiar a determinados responsables políticos del partido. También a empresas de ocio nocturno de Mallorca como el Grupo Cursach. El sumario recoge los vínculos de Rodríguez con una trama de corrupción en la que agentes de la Policía Local habrían utilizado "la extorsión, la manipulación, la destrucción de pruebas, los preavisos, el trato desigual para unos empresarios y correlativo de favor para otros, las 'mordidas', los prostíbulos, el alcohol y la cocaína en horas de servicio, las fiestas privadas donde el sexo, la droga y el alcohol corre por cuenta de determinados empresarios y la venta por parte de agentes de objetos incautados a vendedores ambulantes". De forma indiciaria, movimientos para que políticos y empresarios se llenaran los bolsillos.
En la ronda de interrogatorios que impulsó esta fase de investigación, un funcionario del Ayuntamiento de Palma, en prisión provisional, sostuvo ante el juez que a Rodríguez "no le hacía falta ser concejal para colocar a sus franquiciados" en el Ayuntamiento. Por su parte, un agente de la Policía interpuso una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción donde describía reuniones de exdirigente del PP con policías "con el fin de captar votos" para la formación y así "de nuevo exhibir su poder y control" sobre el cuerpo.
Salpicado por otros casos
José María Rodríguez ha pesado mucho durante años en el Partido Popular de Palma. Fue también consejero de Interior en el último mandato de Jaume Matas y exdelegado del Gobierno en Baleares. La Justicia ha relacionado su nombre, sin ir más lejos, con la ramificación de la Gürtel en el archipiélago. Está imputado en el llamado caso Over Marketing que investiga la presunta financiación ilegal del PP y el trato de favor que habría recibido la empresa Over en forma de contratos públicos. El dueño de esta compañía explicó ante el juez José Castro y el fiscal anticorrupción Pedro Horrach que "quien realmente tomaba las decisiones en el PP" era Rodríguez. También declaró como testigo en junio de 2010 en la causa de corrupción urbanística conocida como caso Andratx.