Cumplido el plazo dado por Ciudadanos para cerrar el acuerdo de investidura con el PP, los de Rivera han logrado incluir en el mismo algunas de sus propuestas de regeneración y parte de su plan social, aunque con un presupuesto para el mismo inferior a los 7.000 millones de los que hablaba la propia memoria económica del programa electoral centrista.
El pacto al que han llegado ambas formaciones está siendo ratificado este domingo en el Congreso con una firma que harán los portavoces parlamentarios Rafael Hernando y Juan Carlos Girauta en presencia del propio Mariano Rajoy y de Rivera y acompañados de sus equipos negociadores.
Sin duda, la principal pieza que se cobra la formación naranja es el cambio en la elección de los vocales del CGPJ, para que doce de los veinte que lo componen sean votados por los propios jueces y no por los partidos políticos, que seguirán designado a ocho a través del Congreso de los Diputados.
Ciudadanos logra además un compromiso genérico para recuperar el dinero no recaudado de la amnistía fiscal, aunque no tan explícito como en el acuerdo de gobierno suscrito en febrero con el PSOE, donde se hablaba de "exigir los 2.800 millones que el anterior Gobierno -el de Mariano Rajoy y Cristóbal Montoro- perdonó ilegalmente a los defraudadores de la amnistía fiscal (al cobrarles el 3% en lugar del 10%) y remitir a los tribunales todos los casos de acogidos a la amnistía en donde existen indicios de delito relacionados con la corrupción o de blanqueo de capitales". Durante la semana de negociación, el portavoz del equipo de Ciudadanos, José Manuel Villegas, afirmaba que con esos 2.800 millones y lo que se ahorrase de la eliminación de las diputaciones provinciales se podrían financiar otras medidas como el complemento salarial anual garantizado, la equiparación y aumento de las bajas de maternidad y paternidad o el aumento de la inversión en educación infantil, varias de las líneas maestras del plan para España diseñado por Luis Garicano.
El profesor de la London School of Economics ha negociado en primera persona con los populares, en particular con el jefe de la oficina económica de La Moncloa, Álvaro Nadal, en defensa de otras de sus ideas, como el ya célebre contrato único (Ciudadanos siempre se refiere a él como "estable") o la mochila austriaca para trabajadores, aspecto este último que los populares han aceptado sin demasiados reparos, mientras que en cuanto a la contratación el documento final recogerá, como también lo hizo el que firmaron a principios de año Pedro Sánchez y Albert Rivera, una simplificación y reducción de los tipos de contrato. Uno de ellos tendrá, como pide el partido naranja, una indemnización creciente según los años trabajados.
La Red Cervera de transferencia tecnológica entre empresas y universidades y el aumento en inversión en I + D son otros de los aspectos en los que se llegó a un acuerdo en los primeros compases de la negociación, que comenzaba el pasado viernes 19 después de que los portavoces de ambos partidos, Rafael Hernando y Juan Carlos Girauta, firmasen las seis condiciones planteadas como irrenunciables por Rivera a Mariano Rajoy: la supresión de aforados, el fin de los indultos a corruptos, el apartamiento de los políticos investigados (la antigua imputación) por casos de "corrupción política", la limitación a dos de los mandatos del presidente del Gobierno, la reforma de la Ley Electoral y la apertura de una comisión de investigación sobre las tramas de financiación ilegal del PP.
Rivera no logra "pinchar la burbuja política"
Las diputaciones y la reforma del Senado han sido los últimos caballos de batalla librados por el equipo de Ciudadanos, que este sábado por la tarde ha tenido una última reunión con los negociadores del PP en las dependencias del Congreso de los Diputados. A la espera de los matices en la redacción, Rivera ha encajado dos derrotas en ambas cuestiones, que hace menos de un año presentaba en el simbólico marco de Cádiz como fundamentales para regenerar la vida institucional española.
No habrá un compromiso para suprimir las diputaciones, cuestión de la que el propio Rajoy -quien no en vano comenzaba su carrera política como presidente de la de Pontevedra- hizo casus belli durante la campaña del pasado junio, erigiéndose en defensor de la España rural frente a quienes, decía, "pisan demasiada moqueta" en velado dardo al líder de Ciudadanos. Tampoco para convertir, como pretendía la propuesta de Cádiz, el Senado en una conferencia permanente de presidentes autonómicos con un voto ponderado sobre las cuestiones de su competencia. Si acaso, el texto final incluirá el compromiso de reducir el presupuesto de las diputaciones y de abrir una ponencia para aligerar el peso burocrático de la cámara alta, de cuyas bondades como instancia de segunda lectura para las leyes los dirigentes centristas, con la experiencia de medio año en las cortes, parecen ahora más convencidos que antes.
Voto directo a los alcaldes
Otro de los compromisos que incluirá al acuerdo afecta al ámbito municipal, pues ambos partidos están de acuerdo en vincular de manera más directa el voto de los españoles a la elección de sus alcaldes, aunque existen discrepancias sobre el procedimiento. Ciudadanos quiere un sistema de doble urna, una para elegir por mayoría simple al alcalde, pudiendo concurrir candidatos independientes sin el soporte de un partido, y otra con listas de las formaciones políticas, mediante la cual se elegirían a los concejales del consistorio, de entre quienes el primer edil tendría que elegir a su equipo de Gobierno. El PP ya propuso en 2015, sin éxito, una reforma para que fuese alcalde el número uno de la lista más votada, con un sistema de doble vuelta.