Cataluña abre el curso político con un examen final en cinco semanas. El 28 de septiembre, el presidente de la Generalidad se someterá a una cuestión de confianza en el parlamento regional que dista mucho de estar resuelta. La CUP no sólo pone condiciones como el referéndum unilateral de independencia (RUI) en junio del próximo año, sino que aspira a condicionar los presupuestos con el apoyo indisimulado del sector republicano de Junts pel Sí y su jefe de filas, Oriol Junqueras.
La nueva "hoja de ruta" de la vanguardia del separatismo, la Assemblea Nacional Catalana (ANC), ha acogido con entusiasmo el referéndum, a pesar de las voces críticas de la vieja Convergencia sobre la inutilidad de esos "gestos", tal como quedó de manifiesto el 9 de noviembre de 2014. A pesar de la experiencia, los actos de la Diada girarán en torno al RUI, así como las negociaciones entre la CUP y Puigdemont para salvar la legislatura.
Desconfianza hacia ERC
En el convergente Partit Demòcrata Català (PDC) la desconfianza respecto a ERC, sus socios parlamentarios y de gobierno, es absoluta. Oriol Junqueras, el vicepresidente y responsable de Economía de la Generalidad, no se atiene a la jerarquía, va por libre y ha prometido a la CUP incluir una partida en los presupuestos para dotar la celebración del referéndum. No ha consultado con Puigdemont la oportunidad de tal promesa, a la que se aferra la CUP para presionar al presidente autonómico y a su partido.
Puigdemont y el PDC necesitan tiempo para consolidarse, rearmar el nuevo partido y recuperar aliento después de traumas como la retirada de Artur Mas de la Generalidad, los malos resultados en las últimas elecciones generales, el sesgo de las encuestas y la refundación. Demasiados episodios convulsos en nueve meses.
Choque frontal con el Estado
Sin embargo, las condiciones de la CUP pasan por un choque frontal con el Estado, la desobediencia palmaria a las resoluciones del Tribunal Constitucional y un abrupto final de la legislatura a las puertas del próximo verano. El peaje y su plasmación en el calendario han disparado las alarmas convergentes. La tensión entre el PDC y la CUP es similar a la registrada durante las negociaciones para apartar a Mas tras los comicios autonómicos del 27 de septiembre.
En teoría, el PDC no está dispuesto a involucrar el RUI en las conversaciones sobre la cuestión de confianza y quiere que el aval antisistema a Puigdemont lleve aparejada la aprobación de los presupuestos. La CUP considera que el RUI en junio de 2017 es imprescindible para otorgar su confianza a Puigdemont, que en el paquete no constan los presupuestos y que éstos deben reflejar la "filosofía" rupturista del proceso.
Si no hay acuerdo, el 28 de septiembre será la antesala de un nuevo anticipo electoral en Cataluña. La legislatura habría durado un año y los catalanes serían llamados de nuevo a las urnas a finales de noviembre o principios de diciembre.