Daniel Ortiz se sentará el 13 de septiembre frente al juez de la Operación Púnica. Sin los privilegios del aforamiento al que renunció cuando se supo imputado y dimitió de su escaño en la Comunidad de Madrid, visitará la Audiencia Nacional como investigado. Ese día podrá contestar las preguntas del juez Eloy Velasco, cuyas sospechas le sitúan en el reparto de la trama de corrupción ramificada en la región. En sus palabras, se marchó porque "por encima de todo" está su lealtad al PP "y a la presidenta", Cristina Cifuentes.
Siempre ha defendido su inocencia; y ahora lo hará ante la Justicia. El juez analiza desde hace meses su etapa en el Ayuntamiento de Móstoles. Según los indicios, como alcalde entre 2012 y 2015 habría cometido una retahíla de delitos: fraude en la Administración, tráfico de influencias, uso de información privilegiada, infidelidad en la custodia de documentos, revelación de secretos y cohecho. Eloy Velasco precisa en un escrito incorporado al sumario que Ortiz "presionó" continuamente a cargos municipales para que beneficiaran a Cofely, una de las empresas más activas en la Púnica.
El foco se dirige especialmente a un contrato público de eficiencia energética por valor de 73 millones de euros. El consistorio de Móstoles lo sacó a concurso y, en base a las conclusiones del magistrado, Daniel Ortiz presionó para que Cofely se lo adjudicara a cambio de comisiones por 746.000 euros. Así lo ha extraído Velasco de la práctica de diligencias en la instrucción, en lo concreto, de conversaciones y correos electrónicos facilitados por la UCO de la Guardia Civil. Son varios pinchazos telefónicos desde el 18 de junio de 2014 que revelarían "intensas negociaciones sobre el pago de comisiones prometidas en el contrato" por ejecutivos de Cofely.
Voluntad de colaborar
Pero Ortiz no cobró solo. Eloy Velasco considera que también participaron del cobro de dádivas su entonces concejal de Medio Ambiente, Alejandro Utrilla, "y el hermano de este último, Mario", que fue diputado regional en la anterior Asamblea de Madrid y antiguo alcalde de Sevilla la Nueva (Madrid). Ambos habrían actuado como intermediarios con la empresa filial del grupo GDF Suez, como lo habrían hecho también en otras vertientes investigadas.
Horas después de su imputación en firme, Ortiz renunció a todos los cargos que ostentaba: diputado, concejal portavoz del grupo y presidente del PP en Móstoles. Como miembro del equipo de Cifuentes, se aplicó el Código Ético ideado por la presidenta para su partido en la Comunidad de Madrid. En aquel momento manifestó su "plena voluntad de colaborar con la Justicia en el esclarecimiento de los hechos que motivan esta investigación". Aseguró el ya exdiputado que se iba "con el apoyo y el respeto de mi presidenta, y de mis compañeros del grupo parlamentario popular".