El encabezamiento del recurso del Partido Popular contra el auto que les deja a un paso del banquillo es una declaración de intenciones: "Estimamos, respetuosamente, que la resolución no se ajusta a Derecho y resulta lesiva para nosotros". Se refiere al acuerdo por el que la juez Rosa María Freire, titular del Juzgado de Instrucción nº32 de Madrid, da por terminada la investigación sobre el borrado de los ordenadores que utilizó Luis Bárcenas como tesorero del PP. Un auto que propuso la apertura de juicio contra el propio partido, en su condición de persona jurídica, y tres de sus componentes: la tesorera, Carmen Navarro, el responsable de los servicios jurídicos, Alberto Durán, y el jefe informático, José Manuel Moreno.
En aquella resolución, fechada el pasado 26 de julio, la juez les atribuye los delitos de daños informáticos y encubrimiento. Rosa María Freire tumbó uno por uno los argumentos que había esgrimido el Partido Popular durante la instrucción. Por ejemplo, no dio credibilidad a la versión según la cual se habían borrado los discos duros de los equipos de Bárcenas en base a un protocolo de actuación para proteger los datos de antiguos empleados. Ese protocolo, apunta la juez, era "desconocido por los empleados", una forma tibia de expresar que pone en seria duda su existencia. Tampoco creyó que los responsables de la formación política encontrasen los dispositivos vacíos.
Sobre este último extremo, Freire se inclina más bien por todo lo contrario. Considera el testimonio de Luis Bárcenas "firme y meticuloso". Además, añade que, si los ordenadores no hubieran contenido información, su borrado es "contrario a la lógica". Entre sus conclusiones, baraja que los discos duros "podrían albergar datos muy relevantes", como sostuvo el extesorero, sobre la supuesta contabilidad B del PP que se investiga en la Audiencia Nacional.
Recurso del Partido Popular
El Partido Popular está apurando sus opciones de evitar el banquillo de los acusados por, según la instructora, "rayar, romper y tirar a la basura" los dos discos duros de los ordenadores que utilizaba Bárcenas en la formación. Su equipo de abogados ha elaborado un sólido recurso de 42 folios en los que despliega la artillería, básicamente en dos direcciones.
En primer lugar, carga contra Luis Bárcenas. Hace otra vez hincapié en que los ordenadores no contenían nada, ni información sobre una caja B ni ningún otro archivo, porque el extesorero los habría borrado antes de abandonar su puesto de trabajo. En este sentido, añaden que "la instrucción ha demostrado que Bárcenas miente". Posteriormente subrayan que el testimonio que ha prestado en el juzgado en distintas fechas está plagado de contradicciones y deja patente cómo lo construye y modifica en el momento.
El segundo blanco del recurso es Rosa María Freire. El Partido Popular dice que la juez ha procesado a la formación y a sus citados miembros sin que, ni siquiera, hayan podido proponer diligencias. Antes de dar por concluida la instrucción, persiguieron la declaración como testigo de quien fuera abogado de Bárcenas, el letrado Alfonso Trallero. Dentro de un repertorio de frases que ponen en entredicho a la magistrada, en una creen que las conclusiones elaboradas por al juez carecen de fundamento. Por último, intensifican la crítica en el hecho de que ha desoído a la Fiscalía, en cuyo caso no detecta indicios delictivos en la actuación del PP y sus miembros.
Con todos estos argumentos, el Partido Popular ha pedido el archivo de la causa. En lo que se refiere a la persona jurídica y también en cuanto a las tres personas físicas: "Debería preguntarse ese Juzgado el por qué de las cosas. Por qué querría el señor Durán (persona ajena al procedimiento de la Caja B seguido en el Juzgado Central de Instrucción número 5 y carente de relación con el señor Bárcenas) eliminar archivos. Por qué se criminaliza la actuación de un empleado, como es el señor Moreno, por actuar según su propio protocolo y siguiendo una instrucción directa de una persona claramente por encima de él. Por qué se penaliza la actuación de una señora, como es la señora Navarro, a la que jamás se le encomendó la custodia de unos ordenadores o recibió un requerimiento judicial en ese sentido. La decisión final queda ahora en manos de la juez, que durante el procedimiento no ha creído una sola palabra del PP.