Durante la negociación para un acuerdo de investidura de final de agosto, Ciudadanos logró que el PP asumiera la "congelación" de una de las leyes más polémicas de su Gobierno, la LOMCE, hasta que no se alcanzase, en seis meses, un Pacto Nacional por la Educación.
La materia educativa, que los de Albert Rivera consideran prioritaria para modernizar España, es la primera discrepancia seria (con permiso del caso Soria) entre populares y centristas, que hace sólo una semana acordaban 150 medidas en común. Este martes el portavoz parlamentario del grupo naranja, Juan Carlos Girauta, presentaba junto a los diputados Marta Martín y Toni Roldán, una Proposición no de Ley pidiendo la paralización del calendario de implantación de la LOMCE "en todos aquellos aspectos aún pendientes de ser implantados" una solicitud que, como se explica en la misma iniciativa, conlleva la derogación del decreto de julio que reguló las evaluaciones finales de Secundaria y Bachillerato, las célebres reválidas. Girauta ha evitado pronunciarse en público sobre el fondo del asunto de esas pruebas, que ha supeditado a lo que digan los expertos de la comisión que propone su partido para el nuevo pacto educativo, aunque varios de quienes han elaborado la propuesta educativa de Ciudadanos se muestran en privado a favor de ellas.
Girauta ha arremetido contra el ministro del ramo en funciones, Iñigo Méndez de Vigo, al que ha acusado de promover las evaluaciones finales "con decretazos de tapadillo o a traición". Además, ha lamentado que se agarre a que el pacto con Ciudadanos no haya salido adelante: "Si ese es el grado de compromiso con la reforma educativa en España…porque yo he escuchado al presidente del Gobierno que España necesita un Pacto Nacional por la Educación. Esa solicitud, que es antigua y es nuestra, ha sido asumida por el PP y por el PSOE y, por lo tanto, que no me vengan con parches".
Girauta ha sintetizado así el espíritu de la PNL presentada: "La derogación de este decreto es fundamental, así como la creación que acabamos de solicitar de la subcomisión que se tiene que ocupar del pacto nacional por la Educación". Aunque por otro lado, el portavoz naranja ha criticado la "insumisión" de las comunidades gobernadas por el PSOE: "Ni desobedecer ni derogar completamente una ley para dejarla en el vacío son soluciones buenas. La solución es la que nosotros proponemos, la típica solución reformista de un partido reformista".
Las reválidas siguen en pie
No parece que el Ministerio de Educación vaya atender sus demandas. Con Ciudadanos lo que había era simplemente "un pacto de investidura", indican a LD fuentes del Ministerio de Educación; pacto que ya no está en vigor, recuerdan. Además, el ministro en funciones ha sido estos días tajante al respecto. Los padres "pueden estar tranquilos: [los alumnos de 4º de la ESO y 2º de Bachillerato] van a hacer las evaluaciones porque lo dice la ley, porque el calendario está en la Lomce y porque el Gobierno ha desarrollado el decreto legislativo".
Así lo han subrayado también fuentes de Educación, que niegan que el Ministerio esté siquiera estudiando la posibilidad de paralizar las reválidas. "Estamos obligados a cumplir la ley", recuerdan e inciden, fundamentalmente en una idea: "No es cierto que exista incertidumbre. Nadie empieza el curso sin saber". Y es que recuerdan que desde diciembre de 2013 -momento en que se aprobó la Lomce- se conoce el calendario de aplicación de la reforma educativa y, por tanto, también de las reválidas. Y desde el 31 de julio, el decreto que regula estas pruebas y que fue publicado en el BOE.
Eso sí, aún faltan por conocer los detalles de esas pruebas de 4º de la ESO y 2º de Bachillerato, ésta última, la que sustituirá a la Selectividad. No obstante hay que recordar que este curso ambas pruebas se implantan con carácter piloto y no tendrán efectos académicos. Los detalles de dichas evaluaciones se llevarán a cabo a través de "una orden ministerial" que será redactada "antes de que acabe el año", aseguran dichas fuentes. Para ello, no es necesario que se vuelva a celebrar una Conferencia Sectorial. "No está en los planes convocarla", igual que tampoco se hizo para la orden ministerial que afectaba a la evaluación de 6º de Primaria, que a tuvo lugar el curso pasado.
Requerimiento a 8 CCAA
Fue precisamente esta prueba la que puso en pie a las comunidades autónomas no gobernadas por el PP, y eso que tiene simplemente un carácter orientativo. Tras la sectorial de mayo -donde estas CCAA mostraron su intención de no cumplir con lo que marca la ley- Méndez de Vigo avisó: "La Inspección vigilará la evaluación que hagan las comunidades autónomas", de tal manera que se podría llegar a un "contencioso administrativo con aquellas comunidades que no han cumplido (con la ley)".
Fuentes de Educación han señalado a este periódico que el Ministerio envió ya un requerimiento a ocho de esas comunidades [Cantabria, Aragón, País Vasco, Cataluña, Castilla La Mancha, Canarias, Comunidad Valenciana y Andalucía]. El plazo de dos meses reglamentario para que estas Administraciones envíen las alegaciones que consideren convenientes termina a "finales de septiembre", indican.
Desde el sindicato ANPE ya han expresado en nota de prensa "su preocupación por la situación política ante un escenario en el que no se despejan ninguna de las incertidumbres que se ciernen sobre el panorama educativo. Hasta ahora nos hemos movido más en el frente de los debates ideológicos y virtuales que en la búsqueda de los acuerdos y en la adopción de propuestas y soluciones, que desde la flexibilidad y respeto al marco legal vigente, permitieran resolver muchos de los problemas que la aplicación de la última reforma educativa está ocasionando".
Así las cosas, este sindicato exige al Ministerio de Méndez de Vigo que "aclare a la Comunidad Educativa qué aspectos de la LOMCE son susceptibles de aplicación, modificación o paralización este curso escolar", así como que "lidere y coordine las evaluaciones externas para que resulten efectivas a la hora de diseñar programas y políticas específicas".
"A la espera de que algún día seamos capaces de alcanzar un Pacto Educativo que siente las bases de la verdadera y profunda reforma que necesita la educación en España", ANPE pide, "al menos, un acuerdo de mínimos entre el Ministerio y las Comunidades Autónomas a través de la Conferencia Sectorial".