Seis de ellos eran directivos de la sociedad Cedes Electria, que recibió ayudas millonarias de dinero público andaluz y tres son ex cargos autonómicos de la Junta andaluza. La investigación, antes imputación, se produce por una supuesta malversación de fondos públicos dentro de una pieza separada de la macrocausa de Invercaria que instruye el juez de Instrucción número 16 de Sevilla, Juan Gutiérrez Casillas.
Recuérdese que Invercaria es la empresa de capital-riesgo desde la que la Junta de Andalucía facilitaba financiación a empresas privadas. Saltó el escándalo cuando uno de sus técnicos, Cristóbal Cantos, fue presionado para preparar informes falsos que justificaran ayudas arbitrarias a empresas sin solvencia pero bien relacionadas con altos cargos de la Junta y/o el PSOE.
Tómese nota asimismo de la persecución sufrida por Cantos, que denunció públicamente la corrupción mediante unas grabaciones que dieron la vuelta a España en las que la presidenta de Invercaria reconocía que quería que se inventaran informes para justificar las ayudas.
Invercaria despidió a Cantos y además, entabló pleito en la vía civil contra él "en defensa de su honor". La reclamación al exdirectivo consistía en una indemnización de nada menos que 918.000 euros. Con aquellos hechos se destapaba aún más el caso Invercaria del que las nueve imputaciones actuales forman parte de una pieza separada.
Esta pieza se centra en la actividad de Cedes Electria (Compañía Eléctrica para el Desarrollo Sostenible S.A.) que se constituyó el 1 de agosto de 2008 para el desarrollo de proyectos energéticos y que un chollo lucrativo para algunos de sus directivos.
ABC recuerda que se desviaron gran parte de las ayudas públicas a nóminas astronómicas y gastos en concepto de asesoramiento. Tanto Cedes como su filial CSI recibieron un total de 1,55 millones de euros a través de Invercaria. Las ayudas se trocearon con el propósito de eludir la autorización del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, según sostienen tanto la Fiscalía Anticorrupción como el instructor del caso. A estas ayudas hay que sumar otros 2,94 millones que le inyectó Soprea (otra empresa pública autonómica) con cargo a los fondos europeos Jeremie dirigidos a pymes.
El sueldo del presidente de Cedes, José Luis Manzano Seco, imputado en la causa, alcanzó los 110.000 euros anuales hasta febrero de 2011, superior al sueldo del presidente de Gobierno y la presidenta de la Junta de Andalucía como presidente. Desde 2011 a 2013, su sueldo bajó a unos 50.000 euros anuales.
Manzano, colaborador en calidad de experto de la Fundación Ideas del PSOE, fue respaldado por la Junta a pesar de que sus socios en la empresa malagueña Isofotón lo acusaban de graves irregularidades contables de las que salió indemne.
El Mundo informó de que Manzano fue el autor material del falseamiento de cuentas en Isofotón que abocó a la liquidación al gigante fotovoltaico, que logró ser el primer fabricante de paneles con los casi 38 millones de euros en incentivos y subvenciones que obtuvo de la Administración autonómica durante la pasada década.
El juez Casillas ha decidido que el día 23 de noviembre comparezcan el expresidente de Invercaria Tomás Pérez Sauquillo; la vocal del consejo rector de IDEA (la agencia que pagaba los ERE bajo sospecha) y consejera de Invercaria, Isabel de Haro Aramberri, y los empresarios Francisco Oyonarte Molina y Ángel Antonio Burgos Mora. Al día siguiente, están citados Manzano Seco y sus socios Enrique Pablo García Chello, Diego Agustín Martín Francesconi y Federico Mañero Ruiz.
Éste fue secretario general de Juventudes Socialistas en tiempos de Felipe González, del que El Mundo subraya que es íntimo amigo, y también exmarido de la eurodiputada del PSOE, Elena Valenciano. Cierra las declaraciones Bienvenido Martínez Martínez, ex director de Inversiones de IDEA.
Las ayudas y préstamos, en gran medida irregularmente concedidos, fueron utilizadas por Cedes Electria para sostener las empresas y los sueldos de sus socios. La Junta, según la Policía conocía "la situación de pérdidas de la empresa y el aprovechamiento en su propio beneficio de los socios particulares" por lo que es evidente que Invercaria "autorizó todas las ayudas sin realizar ningún análisis ni seguir el Plan Director de la misma y son consecuencia de decisiones personales de su presidente (Pérez Sauquillo)", como se dice en la instrucción judicial.
Como denunció Cristóbal Cantos en su día, se ha constatado que el expediente de Cedes Electria que había en Invercaria "carecía de documentación alguna", mientras que el plan de negocios, necesario para dar la ayuda, fue aportado "a posteriori, cuando las inversiones ya estaban hechas", describe el auto del juez instructor y trae a colación El Mundo.