De cara a las próximas elecciones vascas, Podemos ha diseñado para esa comunidad un programa en el que asumen algunas de las reivindicaciones históricas de los proetarras y también de los nacionalistas.
En el texto presentado por la candidatura, encabezada por Pilar Zabala, hermana del etarra Jose Antonio Zabala asesinado por los GAL, proponen, entre otras cosas, buscar un "un nuevo estatus territorial" para el País Vasco y el acercamiento de los presos de ETA.
"Nuevo estatus territorial"
En el programa aseguran que hay que buscar "un nuevo estatus territorial" que reconozca el País Vasco como nación dentro de un Estado plurinacional y plurilingüe. "Abogamos por la celebración de una consulta en la que la ciudadanía pueda refrendar el nuevo pacto social que se acuerde, e incluso si existiese una mayoría social clara que así lo reclamara, en la que se pueda elegir entre diversas alternativas, entre ellas, la separación del resto del Estado", dice el texto. También muestran su "receptividad total a explorar" la adhesión de Navarra al País Vasco; si los navarros lo "estiman oportuno", añaden.
"Gestión de conflictos"
En el texto, además tienen un epígrafe dedicado a la "Gestión e conflictos" en el que apuestan, entre otras cosas por el acercamiento de los presos etarras.
Comienzan asegurando que "nuestra sociedad ha vivido durante décadas con demasiada naturalidad el hecho de recurrir a la violencia como medio para alcanzar supuestos objetivos políticos. La violencia de ETA y de otros grupos terroristas (GAL, BVA...) no ha tenido ninguna justificación y cuenta con nuestro rechazo y condena radical. Su origen sólo está en decisiones éticamente inaceptables y estrategias erróneas. Sus únicos y trágicos logros han sido el terrible sufrimiento y dolor de las víctimas -que merece toda nuestra solidaridad- así como una convivencia social rota y la limitación de la libertad de amplios sectores sociales".
Añaden que "desde 1978, algunas actuaciones del Estado en su legítima labor frente al terrorismo han sobrepasado en no pocas ocasiones los límites de los derechos humanos. Han existido casos de torturas y actuaciones ilícitas de miembros de las fuerzas de seguridad en el ejercicio de sus funciones que son totalmente condenables, con el agravante de provenir de las propias estructuras del estado que deben velar por su erradicación". Aseguran que "las víctimas de estos delitos merecen, así mismo, no solo toda nuestra solidaridad,sino el reconocimiento y el ejercicio de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación. Con carácter previo a 1978 también se dieron graves violaciones de derechos humanos por parte de la dictadura franquista que precisan de un tratamiento propio".
Política penitenciaria "vengativa"
También hay un punto del programa que Podemos dedica a la política penitenciaria que, a su juicio, "ha sido durante décadas y hasta este mismo momento, un instrumento de la política antiterrorista" y que tiene una "orientación vengativa", como siempre han defendido los proetarras.
"Esta inapropiada supeditación es insostenible cinco años después del fin de la actividad criminal de ETA. Más aún, no podemos olvidar que ésta ha amparado prácticas incompatibles con los derechos humanos o que han incrementado injustificadamente el sufrimiento de los familiares de las personas condenadas por delitos de terrorismo. Sin duda alguna, es el momento de que la política penitenciaria abandone su actual orientación vengativa y se convierta en una herramienta más de una política de convivencia, y el paradigma de la justicia restaurativa es el adecuado para lograr este fin".
Para ello, defiende "una reorientación profunda de la política penitenciaria" que "permita un cumplimiento de las penas acorde con el contexto y el momento que vive la sociedad vasca. Una reorientación que contribuya a consolidar una paz social en Euskadi, entendida como proceso de reconstrucción del tejido social. Para ello, reivindicamos el traspaso de la competencia en materia de ejecución penal de adultos, no solo por cumplimiento de lo dispuesto en el propio Estatuto de Autonomía, sino por la convicción de que es posible crear un modelo de ejecución penal propio que responda a otros principios más progresistas y humanos para el conjunto de la población penitenciaria, sin distinción de delitos".
"Estamos en contra de las medidas excepcionales y abogamos por un por un trato humanitario de los detenidos y los reclusos. Defendemos que cualquier persona presa pueda cumplir su pena lo más cerca posible de su lugar de origen y apoyamos la reinserción como finalidad prioritaria de las penas privativas de libertad. La impunidad que ampara la tortura y los malos tratos en los centros de detención y en los centros penitenciarios debe ser erradicada completamente. Es necesario adoptar medidas preventivas y protocolos eficaces contra su práctica que ante cualquier denuncia garanticen una investigación rápida, independiente y rigurosa".
"Victimarios arrepentidos" para dar charlas
A estas medidas hay que sumarles algunas como "extender y potenciar el proyecto de víctimas educadoras con el fin de llegar al mayor número y diversidad de centros educativos posibles. Valorar la posibilidad de extender este programa o iniciativas similares a otros ámbitos como el de la educación no formal. Valorar asimismo la posibilidad de contar con otras tipologías de agentes educadores (víctimas de amenazas, de extorsión económica, victimarios arrepentidos, etc.)". Es decir, valorar la opción de que terroristas ofrezcan charlas.
Además de estas medidas, añaden que quieren "promover y difundir iniciativas como las llevadas a cabo en materia de justicia restaurativa como la Vía Nanclares y los encuentros restaurativos entre victimarios y víctimas dando especial difusión a los testimonios y experiencias habidas en ámbitos como el de la educación formal y no formal".
Y "apoyar a los familiares de las personas privadas de libertad para minimizar el sufrimiento del alejamiento de estas respecto a su lugar de origen en tanto en cuanto no se modifique la política penitenciaria. Siempre desde un principio humanitario y con un enfoque de los derechos humanos incompatible con cualquier tipo de enaltecimiento de la persona privada de libertad".
También buscan "promover mecanismos que posibiliten el esclarecimiento de la autoría y circunstancias de todos los atentados de ETA, GAL, BVE y otros, atendiendo siempre a la voluntad y a la dignidad de las víctimas, independientemente del derecho a la Justicia que les corresponde y aun cuando éste no se pudiera materializar por la aplicación de la institución de la prescripción".