La Fiscalía ha hecho sus cálculos para concluir que, euro a euro, los presuntos malversadores del caso de los ERE sangraron de las arcas públicas 741 millones y medio. Lo hicieron entre 2000 y 2010 a base de ayudas sociolaborales desde la Consejería de Empleo concedidas a dedo en beneficios de sus amigos.
Es la indemnización que reclama la Fiscalía y que los acusados deberían depositar en la Hacienda Pública andaluza. Se reclama en concepto de responsabilidad civil, una figura cuyo objetivo es la reparación del patrimonio dañado. En otras palabras, la devolución del dinero a sus dueños, en este caso, a los ciudadanos españoles.
Para entender la magnitud de esta cantidad con perspectiva cabe la comparación. Se trata de una cifra muy superior a la media de las macrotramas más importantes de España e inmensamente llamativa en relación a los 50.000 euros que, según la investigación, habría blanqueado en total el Ayuntamiento de Valencia en la Operación Taula. De ellos, a Rita Barberá le corresponderían solo mil euros. Aun estaría lejos, eso sí, de los 1.800 millones de euros que, según el ministerio del Interior, habrían amasado los Pujol en paraísos fiscales presuntamente a golpe de comisión.
Griñán, entre los supuestos malversadores
La acusación de la Fiscalía detalla por años las cantidades del fraude. El ejercicio con una malversación más elevada se corresponde con 2008, cuando estaba al frente de la Junta de Andalucía el expresidente José Antonio Griñán, exconsejeros como Francisco Vallejo, Antonio Fernández o Carmen Martínez Aguayo o el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, con un total de 102,7 millones escamoteados.
Pero es que Griñán, Vallejo y Martínez Aguayo habrían participado en total del fraude de 483,9 millones de euros por la cuantía entre los años 2005 y 2010. De los exconsejeros, es Antonio Fernández el que está encausado por el saqueo durante todo el periodo 2000-2010 y, por lo tanto, en la devolución solidaria de los 741 millones de euros totales; mientras que a José Antonio Viera le reclama, junto a otros procesados, 257,6 millones del lustro entre 2005 y 2010.